El Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Unión Europea y las organizaciones que conforman el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI), Semillas para la Democracia, Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) y Fundación Libre, se reunió con pares del gobierno a fin de presentar la situación actual del acceso a la información pública en gobiernos locales (Gobernaciones y Municipios).

Mediante el proyecto “Una ciudadanía activa para una mayor transparencia”, se presentó el mapa de transparencia de 25 municipios, que abarcan el 35 % del territorio del país, que comprenden los departamentos de Central, Presidente Hayes, Caaguazú, San Pedro, Misiones e Itapúa.

La Dra. María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ y coordinadora general del proyecto, indicó que, mediante las observaciones realizadas con la Unión Europea en este proyecto, buscan contribuir al fortalecimiento democrático, con prácticas ciudadanas, poniendo foco en los territorios más débiles en el proceso de gobierno abierto.

“Creemos que hay una sociedad civil activa, pero falta conexión entre la necesidad de conocer lo presupuestado en sus gobiernos locales y la posibilidad de incidencia que puedan tener estos grupos e impulsar el ejercicio de exigir rendición de cuentas y la posibilidad de ayudar a los gobiernos a presentar sus rendiciones de cuentas, es uno de los grandes desafíos”, señaló.

En líneas generales, los municipios tienen problemas con su modelo de gestión de la información, en contrapartida, casi todos realizan rendición de cuentas.

Al mismo tiempo, se observó un desconocimiento de las áreas responsables de suministrar datos sobre la actualidad de la información y existencia de la misma, debido la mayoría de las veces a la carga descentralizada de datos a los diversos sitios webs, por ello, el proyecto buscará fortalecer estas áreas para un mejor resultado.

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, se han convertido en los espacios más utilizados por los Municipios para difundir sus actividades, pero en la mayoría de los casos presentan limitaciones para proporcionar información de interés ciudadano.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.