En charla con la 650 AM, Aristides Morales, presidente de la Asociación de profesionales taxistas de Asunción (APTA), indicó que decidieron levantar la medida de fuerza que iniciaron este martes por la habilitación de una parada de taxis, que al principio fue calificada de irregular porque no cumplía con la ordenanza municipal.

Sostuvo que la intención del “enjambre amarillo” fue que el intendente asunceno, Arnaldo Samaniego, los reciba para que escuche sus inquietudes. Sobre el punto, comentó que en la tarde de este martes los taxistas recibieron una invitación del intendente y fueron hasta la comuna capitalina.

“Hubo totalmente un acuerdo porque lo que él quiere (por el Jefe comunal) es que el servicio se vaya optimizando el servicio. Y nosotros le exigimos que no se hagan más paradas así por compromisos irresponsables. Lo cual nos confirmó y aseveró”, indicó.

“Se van a sostener las paradas. Hay una predisposición de APTA. Una parada se habilitó y esa se va a quedar ahí”, aseveró el taxista.

Asimismo, la comuna instaló una mesa de diálogo y designó al asesor jurídico Alejandro Benítez como interlocutor.

Igualmente Samaniego se comprometió a renovar el diálogo que en el transcurso de los 4 años y medio de su gobierno municipal siempre fue fluido y dio resultados positivos, tanto para el gremio de los taxistas, como para la ciudadanía en general.

También expresó que la Intendencia tuvo siempre como aliado importante a la APTA, que esto no va a variar y juntos se iban a consensuar sobre todos los temas que afectan a los taxistas para luego resolver en conjunto.

En un momento, Samaniego les dijo a los dirigentes que le causó desazón el hecho que los taxistas se hayan movilizado cerrando la Avenida Mariscal López, pues siempre tuvieron las puertas abiertas de la comuna.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.