El proyecto de ley que crea el Programa de Atención Integral a personas con fibrosis quística Ley Lorelí ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y una vez en vigencia permitirá incorporar al Sistema Nacional de Salud la cobertura de las prestaciones para el diagnóstico temprano y tratamiento a tiempo.

El diputado Raúl Latorre explicó que la fibrosis quística es una enfermedad que afecta tanto a jóvenes como a niños y debido a las limitaciones no se cuenta con los elementos para que estos lleguen a la edad adulta bajo tratamiento.

Con la ley se podrá implementar un programa de detección y tratamiento integral para los pacientes y para ello está prevista la creación por ley de un centro especializado y una ingeniería presupuestaria específica para que no sea letra muerta y accedan al diagnóstico y tratamiento requerido.

“Tenemos que dar una nueva mirada a las enfermedades catastróficas, las poco frecuentes”; afirmó el legislador.

En Paraguay existe un registro de aproximadamente 200 pacientes con el diagnóstico y en una amplia mayoría son niños. Los fondos para el programa serán fortalecidos con lo recaudado en cuanto a expendio de bebidas alcohólicas.

“No se aumentaron los impuestos sino que se están reasignando aquello que ya estaba, unos 39 mil millones de guaraníes que serán suficientes para dotar de recursos a los centros especializados y también para determinados medicamentos e insumos que contribuirán con el tratamiento así como una batería diagnóstica para mejorar la respuesta que damos a esta enfermedad”, indicó.

Marcelo Cabrera es un adolescente con diagnóstico de FQ desde los tres meses de nacido y hace 12 años se encuentra radicado en Argentina donde sigue tratamiento. Como paciente solicitó que los legisladores aprueben la ley para que todos los pacientes puedan quedarse en el país para tratarse.

“Vi sobre la ley Lorelí y quiero que se pueda firmar para que todos los paraguayos puedan tratarse en su tierra y no solo hablo sobre mí sino por todos los que pasan por esto”, puntualizó.

La Ley Lorelí fue impulsada por la asociación de padres de niños con este diagnóstico. Lorenzo Melgarejo, padre de la niña Loreli manifestó que aguardan la decisión de los senadores y manifestó que la aprobación de la normativa será de mucha ayuda para las familias por el alto costo que implica la compra de los medicamentos para el tratamiento, uno de ellos supera los G. 30 millones.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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