La diputada Kattya González se refirió sobre el rescate del narcotraficante Jorge Teófilo Samudio, perpetrado ayer en la zona de la Costanera Norte, y aseguró que no basta con la renuncia y la destitución de ministros y altos funcionarios del gobierno pues se debe encontrar a los responsables de lo ocurrido y posteriormente los mismos “tienen que ir presos”.

Igualmente, cuestionó a la fiscal Zully Figueredo por haber anunciado su inasistencia a la audiencia preliminar de “Samura” 20 minutos antes de la hora fijada, todo cuando él ya estaba siendo trasladado desde su lugar de reclusión en Emboscada hasta la sede del Palacio de Justicia.

“Me parece una negligencia imperdonable, se creen dioses y semidioses muchos fiscales, andan sin ninguna sanción. La impunidad reina en el lugar en el que deberían estar los representantes de la sociedad”, afirmó la parlamentaria del Encuentro Nacional.

Sostuvo que en este caso existe una cadena de responsabilidades que se cobraron la vida de un padre que dejó huérfanos a tres niños, refiriéndose al comisario Félix Ferrari, quien falleció luego de recibir un impacto de bala durante el operativo rescate del Samudio.

“Existen personas que han contribuido, ya sea por acción u omisión, a la muerte de un efectivo policial y si nos seguimos conformando con renuncias y cambios de pieza van a seguir operando estas mafias que están en las penitenciarias, en el Ministerio Público o el Poder Judicial”, mencionó.

En otro momento, hizo referencia a los traslados de internos desde las penitenciarías hasta los juzgados en donde deben comparecer y aseguró que “este es un negocio histórico” y que “la gente no quiere que cambie porque en esos traslados hay dinero”.

A su criterio, si se empezaran a realizar teleconferencias en las audiencias de los reclusos, evitando así llevarlos desde un punto a otro y exponerse a situaciones como las de ayer, “se le cortaría el chorro a gente que lucra cada vez que un criminal sale hasta el Poder Judicial”.

La diputada recordó que existe un protocolo de traslado de internos emitido por el Ministerio de Justicia que se encuentra vigente desde el año 2016 y que incluye como alternativa las videoconferencias para las audiencias de reos catalogados “de alta peligrosidad”.

“Brasil y Paraguay concluyeron un importante entendimiento sobre Itaipú, atendiendo a antiguas demandas brasileñas y paraguayas, al establecer las directrices para la revisión del Anexo C. Este es un avance importante hacia un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, informó Itamaraty.

El Ministerio señala que de la reunión en Paraguay participaron la ministra interina de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha y el ministro de Minas y Energías, Alexandre Silveira.

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Al respecto de la reunión, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó también el avance positivo de las negociaciones con el gobierno de Brasil sobre la tarifa de Itaipú.

“Con determinación damos pasos firmes hacia el desarrollo. Con representantes de Brasil avanzamos en las negociaciones referentes a Itaipú, que fortalecerán nuestras relaciones y el desarrollo de ambos países”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales.

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Cabe mencionar que este martes, autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron un avance sustantivo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa por la energía eléctrica generada en la hidroeléctrica binacional Itaipú.

En conferencia de prensa, posterior a la reunión del presidente Santiago Peña con la delegación brasileña, ministros del Ejecutivo paraguayo confirmaron el arribo a acuerdos preliminares sobre la tarifa energética, el plan operativo de la Itaipú, así como las bases para la negociación del Anexo C de la binacional.

Con el lema “Más les hablás y escuchás, más les cuidás”, fue presentada este martes la edición 2024 de la campaña #TodosSomosResponsables, que busca sensibilizar y prevenir el abuso sexual y toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

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Durante el 2023 fueron atendidas 6.079 víctimas de hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes. En el caso de abuso sexual, se registraron alrededor de 9 denuncias por día, de las cuales entre el 90 al 95% de los casos ocurren en el entorno infantil, según datos del MINNA.

A través de la campaña se apela a la toma de conciencia en la denuncia responsable, mediante los canales correspondientes: las líneas 147 Fono Ayuda del MINNA, 911 de la Policía Nacional y 133 de la Defensoría de la Niñez; la comisaría de la zona, la CODENI del municipio y la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.

Se recuerda a la ciudadanía que una persona se convierte en cómplice cuando no denuncia un caso de abuso o violencia infantil que es de su conocimiento.

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El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reúne este mes y se espera el último reporte del Banco Central del Paraguay respecto a la inflación de mayo para dar inicio a los primeros estudios que determinarán cuál es el porcentaje que debe reajustarse en el haber mínimo de los trabajadores.

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“Cada mayo se trata esto y se espera el reporte de la variación, de mayo a mayo, para poder hacer el cálculo de cuánto fue la inflación en ese periodo. Nosotros consideramos que vamos a rondar el límite de ajuste a un 4%, de lo que es el salario mínimo. Más o menos el 4% se estaría reajustando”, sostuvo Mónica Recalde durante una entrevista en la radio 780 AM.

No obstante, sindicatos de trabajadores ya adelantaron que pedirán que el monto se eleve a G. 3.500.000 para este año, es decir, un aumento del 35%.

El decreto de ajuste debe estar listo en junio para que, a fin de ese mes, ya se pueda estar aplicando el nuevo piso de salario a aquellos que están percibiendo ese nivel.

Desde el 1 de julio del 2023, el salario mínimo mensual es de Gs. 2.680.373 para todos los trabajadores del país, y el jornal mínimo Gs. 103.091.

“Vamos a comenzar a trabajar con estos sectores para mirar un poco cómo ha sido el comportamiento del salario en estos últimos 12 meses y también analizar la inflación que anuncia el Banco Central”, agregó la ministra de Trabajo.

La secretaria de Estado explicó que dentro del sector asalariado privado, hay un 14% que gana el salario mínimo y un 46.8% que gana más del salario mínimo. La franja que va a ser afectada es justamente ese 14%, 1.657.000 trabajadores, y el 46.8% va a quedar con el mismo salario.

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