Representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvieron ayer una reunión interinstitucional en la que se abordó la situación del nuevo Hospital Ingavi.

El punto principal analizado durante el encuentro es el vertido de desechos cloacales del citado centro asistencial, el cual aún no puede ser habilitado debido a que aún no se encuentra conectado al sistema de desagüe cloacal.

Desde el IPS responsabilizan de esta situación al MOPC debido a que dicha cartera de Estado tenía a su cargo la construcción de una planta de tratamiento en la ciudad de San Lorenzo, además de la puesta en condiciones del alcantarillado sanitario.

Tras un minucioso análisis del asunto, finalmente se decidió que el Instituto de Previsión Social presente ante el Ministerio del Ambiente un ajuste de su “Plan de Gestión Ambiental” aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental.

De esta manera, se otorgará un permiso “como una medida paliativa y temporal” para que el Hospital Ingavi arroje de manera provisoria sus efluentes cloacales en el cauce del arroyo San Lorenzo, hasta tanto se complete la construcción de la planta de tratamiento.

Carolina Pedrozo, de la Dirección de Control del MADES, manifestó que el IPS tiene que arrimar todas las documentaciones requeridas en forma oficial y posteriormente se otorgaría el permiso para la habilitación “en la brevedad posible”, siempre y cuando la información se encuentre acorde a las leyes ambientales.

El acuerdo contempla que el IPS remita un informe al MADES en relación a la calidad del agua que será tratada en la planta de tratamiento del nosocomio, esto para que posteriormente se puedan verter los efluentes cloacales en un aliviadero que desemboca en el arroyo.

“El Ministerio del Ambiente pide acogerse a las condiciones de parámetros establecidos para los efluentes, para que los vertidos no sean contaminantes de los cauces hídricos”, refiere el comunicado oficial publicado tras la reunión.

Desde la institución aclaran que esta medida será para “una operatividad momentánea” del nuevo IPS Ingavi, debiendo ser cambiada cuando la planta de tratamiento de San Lorenzo se encuentre habilitada y en operatividad.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

Te puede interesar: Vehículo sufrió desperfecto y acabó consumido por las llamas

El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

Leé también: Dan el último adiós a la escribana y su hijo, mientras sigue búsqueda de la pequeña Isabela

Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Te puede interesar: Criptominería en inmueble de Cuevas: factura de G. 500.000 vs consumo real de G. 800 millones

Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

Leé también: Sospechoso incendio de Caja de Jubilados: dedos acusadores contra funcionario

Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

Nota relacionada: En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

Leé también: Gobierno busca fortalecer sistema eléctrico mediante modificación de dos leyes

Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.