Los tres proyectos fueron trabajados en conjunto por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Banco Central, el Banco Mundial y abogados especializados.

Como parte del paquete impulsado desde el ejecutivo aparece la ley de resolución de insolvencia. La mismo ya fue presentada al Congreso y actualmente se encuentra para su estudio en comisión. Su eventual aprobación genera alerta y desconcierto en sectores afectados.

El proyecto de resolución de insolvencia establece un régimen que otorga prioridad a los procedimientos orientados a la recuperación de las empresas viables con dificultades económicas. Se plantea, según los proyectistas, un cambio de paradigma: la reorganización es preferible a la liquidación.

De acuerdo a la exposición de motivos remitida por el Ejecutivo al Congreso se pretende mantener la operación de empresas con problemas financieros, protegiendo así el empleo y la utilidad de los bienes de producción, o liquidar de manera más ágil y eficiente empresas inviables.

El principal objetivo del Gobierno es la protección de las MIPYMES, las cuales, según datos oficiales, emplean al 76% de la población ocupada, lo que representa a más de 2,6 millones de paraguayos.

Se argumenta que el sistema legal e institucional paraguayo para la insolvencia de las personas físicas y las personas jurídicas de carácter privado no funciona de manera eficiente, el procedimiento es lento y poco predecible. La nueva ley en el caso de ser aprobada derogará por completo la actual ley de quiebras vigente desde el año 1969.

Especialistas en el área sostienen que el proyecto contiene artículos que afectarán a los deudores comerciantes que se verán obligados a declarar su insolvencia o pedir su quiebra con apenas dos incumplimientos en el pago de sus obligaciones.

El articulo 9 del proyecto establece: “Todo deudor comerciante que llegara al estado de insolvencia deberá presentarse dentro del plazo de noventa días ante el juzgado competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra o la apertura de un procedimiento de homologación judicial de un acuerdo extrajudicial de reorganización. El plazo se computará a partir de la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza o carácter.”

El mismo articulo establece como sanción para los directores o gerentes de las empresas indemnizar a los acreedores por el daño causado por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

Otro aspecto cuestionable y que llama la atención: ¿Por qué los sectores afectados no fueron consultados? Por qué no se generan espacios de debate o de socialización antes de cambiar una legislación que afecta a tantas personas y empresas?

Finalmente, en un contexto de desaceleración económica como el que soportamos actualmente ¿es oportuno establecer nuevas reglas que obliguen al comerciante endeudado a declarar su insolvencia o su quiebra?

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.