María Elodia Almirón, doctora en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de Derechos Humanos, en entrevista con la 970 AM habló sobre la audiencia pública que se celebrará en San José de Costa Rica en el marco de la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí.

Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se encargará de analizar todas las pruebas que fueron presentadas por las partes (denunciantes y Estado paraguayo), posteriormente se pasará a la parte de los alegatos en la que escuchará a los involucrados en el pleito y finalmente se encargará de dictar la sentencia definitiva.

Almirón resaltó que la presencia de autoridades nacionales -incluyendo la del presidente de la República- no tiene ninguna incidencia en el caso, pues básicamente lo que se requiere es la participación de los representantes legales del gobierno en la audiencia, dado que los mismos tendrán a su cargo representar al Estado paraguayo.

Respecto al monto solicitado por Arrom y Martí en concepto de reparación económica (alrededor de US$ 63 millones), indicó que el tema pecuniario también se discute entre otros varios temas, aunque no es lo más prioritario. Como ejemplo, mencionó que las partes afectadas pueden pedir US$ 100 millones y la Corte Interamericana al final puede decidir darles solo US$ 20.000.

“Allí se discute todo tipo de daños, uno de ellos es el daño material que puede ser cuantificable de acuerdo a los parámetros establecidos por la CorteIDH”, acotó la experta en Derechos Humanos.

Sobre el mismo punto, Almirón sostuvo que no existen antecedentes de reparaciones económicas por “montos siderales”. En el caso de Paraguay, la cifra más elevada que se vio obligado a pagar el Estado fue por el incendio en el Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el año 2001, donde la condena fue de US$ 3 millones.

La profesional del derecho aclaró que, en este caso en particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tratará los casos de secuestro de los que se acusa a Juan Arrom y Anuncio Martí sino más bien de las prácticas de tortura cometidas por parte del Estado paraguayo (a través de la Policía Nacional). Por ende, la competencia de esta instancia supranacional no abarca los derechos de los secuestrados ni el caso del secuestro en particular.

“Es un debate que se ha instalado y es un tema muy sensible porque guarda relación con uno de los primeros secuestros cometidos en Paraguay (el de María Edith Bordón de Debernardi), pero ese tema no está metido dentro del debate procesal”, expresó Almirón a la 970 AM.

Por lo tanto, se puede precisar que lo que se analizará en esta audiencia es si es que el Estado paraguayo respetó o no lo establecido en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos -también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”-, la cual fue aceptada y refrendada por nuestro país y los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos no la cometen particulares sino sólo los Estados, a no ser que se hablen de instrumentos específicos. Se debe analizar la figura del Estado como el principal garante de los derechos fundamentales de las personas pero también como sujeto de derecho público que puede violentar en forma directa el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos”, explicó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que, en caso de emitirse un fallo en contra del Estado, Paraguay decida denunciar a la CorteIDH o “salirse” del Pacto de San José, Almirón aclaró que esa decisión tendría que analizarse no solo a nivel del Poder Ejecutivo sino también en el Congreso Nacional. Entre uno de los procedimientos que se deberían llevar a cabo para concretar esa salida se encuentra la convocatoria a un referéndum para consultar el tema con la ciudadanía.

Países como Perú, República Dominicana o Venezuela han llegado a recurrir a esta instancia luego de estar en desacuerdo con algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según recordó.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación con recursos propios.

Este sábado, la asistencia se extendió a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.

El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Un joven estudiante murió trágicamente en un accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde, sobre la calle Fernando de la Mora casi Presidente Hayes, en el barrio Lomas Valentinas de la citada ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Juan Paul Ruíz Díaz de 21 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Hyundai, con chapa DAJ 555. El otro vehículo involucrado es un automóvil Kia Cerato, chapa OAC 764, que iba al mando de Edgar Iván Dávalos Rivelli (21), quien quedó con lesiones.

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Según los datos policiales, Juan Paul circulaba sobre la mencionada calle, mientras que en el sentido contrario Dávalos Rivelli. En un momento dado del tramo, Juan atropelló un charco de agua, que se formó por la lluvia, perdiendo el control de su móvil yendo a impactar contra el rodado de Edgar Iván.

En consecuencia, Ruíz Díaz volcó quedando atrapado dentro de su automóvil. Lastimosamente el joven falleció al instante, en tanto, el otro conductor lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial. El caso fue reportado a la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

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Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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