Así lo refleja un estudio liderado por la Universidad de Montreal (Canadá) que publica The Lancet Global, en el que analiza algunas de las causas de este retraso.

Más del 65 % de esos 10 millones de niños no vacunados, a los que denomina de “dosis cero”, vive por debajo del umbral de la pobreza en pueblos, suburbios marginales o zonas en conflicto, y en familias cuyos ingresos diarios no superan los 2,35 dólares (2,06 euros), señalan los autores.

No obstante, se preguntan si solo la pobreza, el fracaso de los Gobiernos y sus sistemas sanitarios para llegar a los más desfavorecidos, o la imposibilidad para superar las arraigadas diferencias sociales explican esta situación.

Para dar respuesta a esta cuestión, la Universidad de Montreal y colegas de la Universidad de Pune (India) examinaron encuestas nacionales efectuadas por las autoridades indias entre 1992 y 2016, con datos de unos 73.000 niños de entre 12 y 23 meses, la edad estándar para ciertas campañas de vacunación.

Constataron, primero, que India ha efectuado grandes progresos durante ese periodo, pues la proporción de niños de “dosis cero” cayó del 33 al 10 % en 24 años.

Pero también confirmaron que, en 2016, la mayoría de los no vacunados se concentraba en los grupos más desfavorecidos, en hogares de rentas bajas y en bebés nacidos de madres sin educación formal.

Asimismo, detectaron que los no vacunados, en comparación con los vacunados, tienen más posibilidades de padecer malnutrición, como demuestra el hecho de que, en 1992, el 41 % de “dosis cero” presentaba “graves retrasos de crecimiento”, frente al 29 % de los segundos.

Veinticinco años después, esa relación era aún desproporcionada, del 25 % frente al 19 %, lamentan los autores, que estiman que, en total, hay uno 2,9 millones de niños no vacunados India, concentrados, sobre todo, en estados y distritos menos desarrollados y en varias zonas urbanas.

“Estos niños siguen perteneciendo a los grupos socialmente desfavorecidos, incluidos los hogares rurales, los hogares más pobres, los musulmanes, con madres con menos educación y con embarazadas que no se benefician plenamente de los servicios de salud”, observa Sunil Rajpal, de la Universidad de Pune.

Al trasladar estos resultados al contexto global, los autores subrayan que el “estado de dosis cero” es un “indicador importante” de “vulnerabilidad” ligada “a una situación de desventaja sistemática” para toda la vida.

Por ello, insisten en la necesidad de identificarlo cuanto antes para hacer frente a los “complejos factores” que provocan desigualdades, de manera que las autoridades puedan combatir las “desigualdades intrageneracionales”.

La acción terminó con la detención de ocho activistas, dijo la policía a la cadena pública local.

Las dos pistas del aeropuerto están abiertas nuevamente desde las 07H20 hora local (05H20 GMT), pero se espera que las anulaciones continúen en el primer día de un fin de semana largo, en el que habitualmente hay mucho tránsito en Alemania.

La organización ecologista Last Generation, que reivindicó la acción, es conocida por organizar manifestaciones espectaculares -como pegarse a carreteras frecuentadas o echar puré sobre un cuadro de Claude Monet- que dividen a la opinión pública y suscitan respuestas cada vez más duras de las autoridades.

Sus miembros irrumpieron traspasando una valla, lo que provocó la cancelación de 61 despegues y aterrizajes, indicó un portavoz del aeropuerto.

El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, subrayó que no se trata de una “manifestación legítima, sino de una intervención contra el tráfico aéreo”.

Si este último “no es seguro, se pone en peligro a las personas. Hay un riesgo de graves daños económicos y miles de viajeros quedan bloqueados”, indicó.

Por su parte Last Generation acusó en X al gobierno alemán de no hacer lo suficiente para desalentar el uso del avión y sus emisiones de gases perjudiciales para el clima.

“Es absurdo que la gente tenga más posibilidades de pagar vuelos que de viajar en tren”, dijo el grupo.

“La responsabilidad recae en el gobierno que subvenciona los vuelos pero no apoya al sistema de transporte ferroviario”, añadió.

Fuente: AFP

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.