Por ALDO BENÍTEZ

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FOTOS: FERNANDO RIVEROS

Siendo las 14:00 del 6 de junio del 2013, el directorio de la Metalúrgica Fernández se reunió en la sede de la empresa, ubicada en el km 16,5 de la Ruta 1, en Capiatá, para tratar un único tema: la venta y transferencia de acciones. Anyelo Paolo Fernández vendió sus acciones a su padre, Ángel Fernández Ozuna, presidente de la metalúrgica. Pero, como don Ángel Fernández no tenía dinero, decidió pagarle a su hijo con bienes de la empresa.

Así, maquinarias, muebles y otros pasaron a nombre de Anyelo Fernández. La operación se hizo bajo acta y fue aceptada por todos los miembros del directorio. Un mes después, el 5 de julio, el abogado Luis Leguizamón Storm, en representación de Metalúrgica Fernández, presentó oficialmente ante el juez de Capiatá, Manuel Gerardo Saifildin Stanley, el pedido para hacer la convocatoria de acreedores. ¿Qué significa esto? Es una solicitud para que la Justicia intervenga la empresa, principalmente, para ordenarla financieramente, pagar las deudas y luego ver su proceso de quiebra o salvación.

Pero, el magistrado Saifildin Stanley, que tuvo la rapidez de hacer ese mismo día el pedido de llamado –sí, el viernes 5 de julio del 2013– de reconocimiento judicial de la empresa en Capiatá y tanta celeridad para al lunes siguiente –8 de julio– aceptar la solicitud de convocatoria, no tuvo, sin embargo, la misma prestancia para designar al síndico de quiebras en este caso. Recién 8 meses después –y a pesar de que una condición exigida en la ley es dar participación al síndico lo antes posible– el abogado Camilo Benítez, designado por la Sindicatura, pudo tomar intervención en este caso.

EL INFORME PKF

El 19 de abril del 2013, la firma consultora PKF Controller Contadores y Auditores emitió un dictamen sobre Metalúrgica Fernández en carácter de auditor externo. Esto obedecía a que la empresa operaba en Bolsa y de acuerdo a las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) –ente que ese mismo año sancionó a la metalúrgica–, el informe era un respaldo para que siga operando.

El dictamen de PKF Controller fue que Metalúrgica Fernández presentaba “razonablemente” sus estados financieros a diciembre del 2012. El 5 de julio de ese mismo año –a menos de tres meses del informe–, Metalúrgica Fernández hacía oficialmente su convocatoria de acreedores, invocando, entre otras cosas, dificultad para seguir manejándose por deficiencias económicas.

LAPIDARIO INFORME

Debido a que el síndico Camilo Benítez encontró enormes irregularidades en el balance presentado por Metalúrgica Fernández, en el que se basó el pedido de convocatoria de acreedores, solicitó la participación de un perito especializado, siendo designado Gustavo Ruiz.

Los informes, tanto de Benítez como del perito Ruiz, denunciaron una brutal serie de irregularidades en todo el proceso de convocatoria de Metalúrgica Fernández y que fue autorizada por el juez Saifildin Stanley. Desde deudas ocultas, pasivos inflados, acreedores inexistentes y una diferencia de G. 11 mil millones entre el balance presentado y el inventario de la empresa en cuanto a créditos a cobrar. Lo más llamativo del caso es que toda esta situación fue comunicada al Juzgado de Capiatá en su momento, pero todo siguió igual.

Metalúrgica Fernández, que empezó como un negocio de chapería y pintura en Ciudad del Este a finales de los años ‘90, se convirtió posteriormente en un gigante de la industria, llegando a ensamblar motos y autos. Desde el 2008 empezó a operar con capital abierto y a cotizar en la Bolsa de Valores de Asunción.

Con la convocatoria de acreedores en julio del 2013, todo parecía que terminaba y de la peor manera. Sin embargo, hasta hoy, Metalúrgica Fernández, prácticamente ya descapitalizada, sigue con su llamado a acreedores abierto, a cuatro años de iniciarse el proceso. Según la ley, este procedimiento no puede superar los 40 días. Esto sirvió para que bancos se queden sin recibir pago de millones de créditos otorgados, o con decenas de corredores de bolsas que compraron sus bonos o títulos de crédito y se quedaron sin nada. Pero este punto se irá develando en próximas publicaciones.

EL NACIMIENTO DE ASIA

El 20 de junio del 2014 nació la firma “Asia SA de mandatos”, que fija residencia en la Ruta 1, a la altura del km 16,5 en Capiatá. No solamente coincide con la dirección de Metalúrgica Fernández, sino que el principal accionista de esta firma es Anyelo Paolo Fernández, hijo del propietario de la metalúrgica y que, exactamente un año atrás, recibió como pago por sus acciones los principales bienes de la metalúrgica.

Los demás socios de esta nueva firma también son parientes de Fernández Ozuna, y varios de ellos aparecen, además, como principales acreedores de la metalúrgica. Esta arista, muy relevante, será profundizada en próximas entregas.

ESTAFA A DOCENTES

Metalúrgica Fernández aparece también como una de las empresas que integran un esquema preparado para la estafa y engaño, según las denuncias de miles de docentes y cuyas carpetas se amontonan en los escritorios de tres fiscales de Asunción.

La fiscal Teresa Sosa investiga al menos 500 casos de estafa a docentes indígenas a través de descuentos compulsivos de sus sueldos por parte de la metalúrgica citada. La representante del Ministerio Público, ante las numerosas evidencias encontradas, imputó a Ángel Fernández Ozuna, propietario de la empresa.

El esquema funcionó así: Los vendedores de Metalúrgica Fernández –y otras– le hacían firmar unas autorizaciones de descuentos en blanco a los profesores indígenas. Supuestamente, ellos se encargarían de “llenar” la documentación de acuerdo a la disponibilidad monetaria de cada educador. Sin embargo, a pocos meses de las transacciones, los docentes indígenas se quedaban sin poder cobrar un solo guaraní.

El intento de feminicidio ocurrió el sábado pasado en una vivienda ubicada en el barrio San Miguel de la ciudad de Presidente Franco. Involucra a un suboficial de la Policía Nacional que agredió y luego disparó a su pareja, posteriormente, fue detenido por sus camaradas.

Se trata del suboficial segundo Esteban Damián Benítez Aquino (28), personal de la Comisaría 3ra de CDE, de cuyo poder fue incautada su arma reglamentaria, una pistola calibre 9mm con la que hirió de refilón en la pierna derecha a su concubina Zulma Elizabeth Villalba Osorio (26), quien también presentaba hematomas y rastros de violencia en el cuello, presumiblemente hechos por el uniformado, que estaba en su día libre.

Según los datos, el oficial mantuvo una discusión con la mujer por cuestiones particulares y la agredió físicamente, luego utilizó su arma de fuego y efectuó el disparo que la hirió en la pierna. Los vecinos escucharon los disparos y el pedido de auxilio del hijo de la pareja, quien gritaba a Esteban Damián para que pare.

Los agentes de la subcomisaria 12° llegaron al lugar a los pocos minutos y aprehendieron a Benítez, incautando de su poder su arma reglamentaria. La mujer se presentó en la recinto policial, pero formuló ninguna denuncia por temor al hombre.

De igual manera la Policía Nacional informó lo ocurrido a la Fiscalía y el fiscal de turno Edgar Benítez, que tomó intervención de oficio. El Ministerio de la Mujer también tomó parte del caso, para ofrecer contención psicológica a la víctima.

Esta mañana se concretó el arribo de un importante contingente policial en el distrito de Natalio, sitio elegido por una gavilla de delincuentes para perpetrar un asalto tipo comando al BNF.

La finalidad con este despliegue es reforzar la seguridad tanto en esta ciudad como así también en otros puntos del departamento de Itapúa, teniendo en cuenta el más reciente hecho de inseguridad.

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De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, un total de 7 comisarías del nordeste de Itapúa serán reforzadas con 5 fusileros y 3 agentes de prevención.

Se prevé un servicio permanente con relevos, fijándose la distribución de agentes de la siguiente manera: San Rafael del Paraná (25), Natalio (17), Edelira (22), Capitán Meza (113), María Auxiliadora (16), Mayor Otaño (19) y Naranjito (95).

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Según explicaron las autoridades policiales, la finalidad es dar respuesta inmediata ante cualquier situación que pudiera presentarse, además de volver a brindar tranquilidad a la población itapuense.

El de esta mañana fue el primer contigente de uniformados y se espera que en el transcurso del día sigan llegando más efectivos para redoblar la seguridad en esta región del país.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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