Sobre la uniformada pesa una orden de arresto de la Justicia Militar por “supuesta calumnia y por falta contra la disciplina militar.”

Ayer, la dirección de Comunicación Social de la Armada Nacional divulgó un comunicado sosteniendo que la disposición de arresto “no guarda relación con el caso del derecho de amamantar a su hijo” de la teniente de fragata.

En ese sentido, Godoy aclaró que Quinteros sigue en libertad hasta el momento y que el hábeas corpus busca evitar que la priven de su libertad.

El Defensor del Pueblo insistió en que la lactancia es un derecho de carácter universal y que está por encima del código penal o militar del país.

“Según el criterio legal que establece el código militar, (la prisión) puede darse en cualquier momento y nuestra presentación sería en vano si lo hacemos luego”, añadió.

Insistió también en que no corresponde la prisión preventiva de la uniformada.

Grupos civiles montaron en cólera en las redes sociales ante la situación generada con el supuesto inminente arresto de la teniente de fragata.

Mujeres se muestran indignadas ante la posibilidad de que la militar pase el día de la madre en prisión y, con ella, su pequeño hijo.

“Queremos evitar que ella pase tras las rejas y en un calabozo. Todavía no fue notificada. Entonces el hábeas corpus preventivo tendrían una viabilidad procesal absolutamente indiscutida”, comentó Godoy.

Manifestación

“Mamá que da teta se respeta. #TodasSomosCarmen”, fue el coro entonado por un grupo de mujeres en el microcentro de Asunción.

Todo esto se inició en marzo de marzo de 2016 cuando la teniente de fragata Quinteros solicitó permiso porque estaba en fase terminal de su embarazo. La uniformada se desempeñaba como intendente girador de la Dirección del Servicio de Sanidad de la Armada.

Luego, en agosto del año pasado la trasladaron al Comando de Institutos Navales de Enseñanza, lugar donde no podía amamantar a su hijo, según datos.

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Desde la semana pasada ya se pudo observar un movimiento interesante de obreros y maquinarias en el lugar, alistando el terreno para arrancar muy pronto con la construcción de este vital componente del Corredor Metropolitano del Este (CDME).

Cabe recordar que el desarrollo del proyecto está dividido en dos fases.

La primera, que es la que se encuentra en su etapa decisiva es la Revisión y Diseño Final de Ingeniería, que tiene la finalidad de compatibilizar el trazado del puente con las demás obras del CMDE.

En tanto que, la Fase B, comprende la construcción propiamente dicha, que tendrá un plazo 18 meses de duración.

La empresa contratista encargada de las tareas mencionadas, es el Consorcio Puente Monday (Constructora Heisecke S.A. y Construpar S.A.), y la fiscalización la hace el Consorcio JY1.

El segundo puente sobre río Monday será la conexión entre el acceso interurbano de la ciudad de Presidente Franco y la carretera de casi 31 km que abarca el área rural del CMDE con salida en el km 17,5 de la ruta PY02 en el distrito de Minga Guazú.

Tendrá una longitud de 500 metros, con una sección transversal del diseño que comprende 26,50 metros, 4 calzadas de 3.60 metros, dos banquinas internas de 1,30 metros cada una, separadas por una defensa tipo New Jersey de 0,60 metros y dos externas de 1,50 también con defensa tipo New Jersey de 0.40 metros, además de caminos peatonales y bicisenda de 2,50 metros a ambos extremos de la sección.

El agente fiscal Alfredo Ramos Manzur, titular de la Unidad Penal n.° 3 de la Fiscalía Regional de Paraguarí, imputó a José Miguel Cristaldo Fernández, responsable de un local de criptomonedas en la ciudad de Quiindy, por el supuesto hecho punible de sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos.

El representante del Ministerio Público solicitó que el imputado sea beneficiado con una medida alternativa a la prisión, con la obligación de pago de la deuda a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de más de 5.000 millones de guaraníes. Asimismo, en el caso que el imputado ofrezca una propuesta formal de pago, esta debe ser adjuntada al expediente judicial en un plazo a ser fijado por el Juzgado, a los efectos de corroborar el cumplimiento de la medida solicitada.

Los antecedentes del caso refieren que la investigación se inició luego de la denuncia presentada por parte de la ANDE  de un supuesto caso de sustracción de energía eléctrica y el pasado 21 de marzo de una comitiva fiscal procedió al allanamiento de un inmueble en donde se incautó un total de 834 máquinas procesadoras de criptomonedas que en promedio consumían más electricidad que todo el distrito de Quiindy.

Además se constató una conexión directa con un trasformador de 45 KVA que alimentaba a otro transformador de 3.150 KVA, ocasionando inconvenientes en la calidad del servicio de la energía eléctrica en la ciudad.

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En la mañana del domingo se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del kilómetro 180 de la Ruta PY22, que une la ciudad de Concepción con el municipio de San Lázaro.

Dicho percance involucró a una motocicleta de la marca Motostar, guiada por Myrian Soledad Vera Ibáñez (33), y un tractocamión de la marca DLS, cuyo conductor aún no fue identificado.

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De momento, aún no se tiene precisión sobre las circunstancias en que se produjo el choque entre ambos vehículos, que dejó como saldo una persona fallecida.

La mujer iba acompañada por dos niñas, identificadas con las iniciales N.S.L.V. y A.J.L.V., quienes quedaron en grave estado tras el siniestro vial, menciona el informe de Concepción al Día.

Luego de protagonizar este accidente, el conductor del tractor decidió darse a la fuga, dejando a las víctimas a su suerte y abandonando el vehículo de gran porte que manejaba.

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Agentes de la Comisaría 6ª de San Lázaro tomaron conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica efectuada por una persona que cruzaba por la zona.

Durante el traslado al Hospital Regional de Concepción, se produjo el trágico fallecimiento de Myrian Vera. Por otra parte, las dos niñas heridas continúan en estado crítico y siguen internadas en el hospital local.