En esta Carta Apostólica, en forma de “motu proprio”, titulada “Como una madre amorosa”, el papa señaló que la Iglesia “ama a todos sus hijos, pero cuida y protege con especial afecto a los más débiles y sin defensa”.

Por lo tanto, agregó el papa, los pastores, y sobre todo los obispos, deben “mostrar una diligencia especial en la protección de los más débiles, entre las personas que se le encomiendan”.

El derecho canónico ya preveía la destitución del oficio eclesiástico por “causas graves”, precisó el papa.

“Con la presente, quiero precisar que entre estas llamadas ‘causas graves’, se incluye [desde ahora] la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, en particular en lo que se refiere a los casos de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables”, escribió Jorge Bergoglio.

No se trata de un decreto que modifique un “proceso penal, porque no se trata de un ‘delito’ cometido”, indicó en un comunicado el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, sino de la “actualización” de una disposición del derecho canónico que ya existe.

En esta carta apostólica, el papa explicó también que para la remoción, en el caso de abuso de menores, “es suficiente que la falta de diligencia sea grave”, mientras que en otros casos se requiere una falta de diligencia “muy grave”, precisó Lombardi.

– Ninguna relación con un caso particular –

Por tratarse de decisiones importantes, Francisco anunció también la creación de un colegio de juristas, probablemente formado por cardenales y obispos, que asistirá al Santo Padre antes de tomar una “decisión definitiva”.

Los obispos acusados podrán defenderse de las acusaciones de negligencia ante los dicasterios (ministerios) competentes.

Una vez tomada la decisión y si el obispo se niega a presentar su renuncia en un plazo de 15 días, el Sumo Pontífice podrá destituirlo a la fuerza.

Esta actualización del derecho canónico no tiene efecto retroactivo, precisó el vocero del Vaticano.

Entrevistado por la agencia católica de noticias I-Media, el padre Lombardi dijo que este “Motu proprio” del papa no está relacionado con ningún caso particular.

La Iglesia está sacudida actualmente por casos de pederastia en la diócesis francesa de Lyon (centro-este) que han salpicado al cardenal francés Philippe Barbarin.

El 20 de mayo, el papa le brindó su apoyo recibiéndolo en el Vaticano, pese a que pesan contra el cardenal dos investigaciones preliminares en Francia por precisamente “no denunciar” agresiones sexuales cometidas contra menores entre 1986 y 1991 por un cura de la diócesis de Lyon.

Otro caso muy sonado es el del influyente cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, que descartó en marzo renunciar a su cargo pese al escándalo que salpica a varios curas pederastas en su ex diócesis.

El papa Francisco ha pedido en repetidas ocasiones castigar severamente a los culpables de abusos sexuales contra menores y ejercer tolerancia cero frente a esta “tragedia”.

Ha dicho en varias ocasiones que los obispos que han protegido a pederastas deben renunciar. Creó en el Vaticano una instancia judicial para juzgarlos, una comisión internacional de expertos encargados de proponer medidas de prevención y se reunió con víctimas en Roma y Filipinas.

Pero en varios países del mundo, donde han estallado casos de curas pederastas en los últimos años, predomina el sentimiento de decepción entre las víctimas, que estiman que la Iglesia aún tiene mucho por hacer para apartar y castigar a los culpables.

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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