El Presupuesto General de la Nación, un análisis de la Ley anual más importante del país fue el tema del debate desarrollado por Desarrollo en Democracia (DENDE), del cual participaron el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas; el ex ministro de Hacienda y analista económico, César Barreto y la analista Ella Duarte Aranda. Los mismos coincidieron en la necesidad de que el Congreso Nacional respete los topes de gastos previstos por el Ministerio de Hacienda y, principalmente, no caiga en la tentación de otorgar aumentos salariales, u otro tipo de concesiones prebendarías, o ceder a pedidos de reivindicación social que podrían poner en riesgo las cuentas fiscales de forma permanente.

En ese sentido, el economista César Barreto señaló la necesidad de que se vuelva a un endeudamiento con menor costo para el Estado, tomando préstamos de organismos multilaterales y disminuyendo la emisión de Bonos en el mercado internacional, de manera a bajar el nivel de deuda y que se pueda hacer frente a nuevos shocks que podrían darse en el futuro, tanto a nivel sanitario como climático. “El tema de Itaipú es gravitante en lo que nos pueda pasar en la próxima década. Si tenemos más recursos o no de Itaipú hace la gran diferencia respecto a que podamos hacer más inversiones en servicios públicos en la próxima década”, destacó al tiempo de señalar la necesidad de acelerar el proceso de convergencia hacia el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Indicó que el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de Presupuesto 2022 “de transición” razonable, por lo cual insistió en la necesidad de que el Parlamento respete los montos establecidos, pues si priman criterios políticos electorales puede ser complicado.

Resaltó que hay avances en materia de Presupuesto por Resultados, pero recién dentro de 10 a 15 años se notarán los cambios importantes. También hizo hincapié en que la institucionalidad pública es endeble, con un ingreso per cápita bajo y un ritmo de crecimiento lento, por lo cual las reformas son fundamentales para ir mejorando la productividad y el ingreso per cápita.

Por su parte, el ministro Oscar Llamosas manifestó que después de la pandemia es imposible creer que todo va a volver a la normalidad, y aunque muchos sectores creen que como la situación sanitaria está controlada empiezan a surgir nuevamente demandas que, si bien podrían hasta ser hasta razonables, lo cierto es que la situación fiscal no está para atenderlas. “El pedido que le hacemos al Congreso es que respete los topes para que tengamos un Presupuesto medianamente ejecutable y finalmente no generen falsas expectativas”, apuntó.

También indicó que desde la cartera fiscal se viene planteando una agenda importante en materia de leyes que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del gasto público, como el proyecto de ley de Servicio Civil, el proyecto de ley de Compras Públicas y otra de fortalecimiento fiscal que implica una reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal en este periodo de transición, con un tope a la deuda de 40% máximo dadas ciertas situaciones.

Destacó que este Presupuesto fue elaborado con prudencia, manteniendo las restricciones en los gastos y respetando las reglas fiscales, viéndose reflejados en la reducción gradual del déficit fiscal, y el congelamiento de los salarios públicos, a excepción de los docentes y el efecto del ajuste del salario mínimo legal.

Entretanto, Ella Duarte indicó la necesidad de que se mire a mediano plazo en una verdadera reforma del gasto público y que el Estado genere capacidad de ahorro, enfocando la inversión no solo en obras de infraestructura sino también en atender a la clase media y a la formación de capital humano. Además, señaló la necesidad de mirar los ingresos tributarios, sin generar estrés en los aportantes.

El titular de DENDE, Alberto Acosta Garbarino recordó que la Ley de Presupuesto General de la Nación es la normativa donde se ve reflejado todo lo que se escucha en los discursos políticos y se plasma la verdadera intención del gobernante, a través de cuánto se destina a inversión en salud, educación y obras, así como a seguridad y se ve quiénes son los beneficiarios del gasto público, así como cuán desarrollista es el Gobierno de turno. Resaltó la necesidad de mantener los gastos en salud, y armonizar el equilibrio en la inversión sanitaria y de obras públicas, pero reduciendo el déficit fiscal.

Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, afirmó que hay que estar atentos a los periodos electorales, a pesar de que se ha logrado un respeto a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, se debe apuntar a que cualquier mejora en la calidad del gasto se vuelque en mejores servicios públicos. También se mostró esperanzado de que el Presupuesto por Resultados tome cuerpo para lograr una mejora en la calidad del gasto público.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.