A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la Fiscalía General del Estado, se dio a conocer la postura de la Federación Latinoamericana de Fiscales sobre el recorte presupuestario para el 2022.

En tal sentido, el gremio de agentes fiscales sostiene que “una autonomía orgánica del Ministerio Público requiere la existencia de una autarquía patrimonial”, la que se traduce en un presupuesto idóneo que permita a los fiscales “disfrutar de condiciones de servicio razonables que incluyan la inamovilidad, la remuneración y una pensión adecuada a la importante función que desempeñan en la administración de la justicia”.

Seguidamente, consideran que los Estados deberían establecer disposiciones legales que permitan “un manejo autónomo del presupuesto” asignado al Ministerio Público de cada país, así como la participación activa de la institución en su definición y en cualquier tipo de ajuste que pudiera producirse.

De esta manera, la Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su rechazo a la constante utilización en la región de los presupuestos de los Ministerios Públicos Fiscales como “modo de injerencias indebidas del orden político en el desarrollo de la acción penal”, haciendo énfasis en el caso de Paraguay donde la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó un recorte de G. 22.261 millones (más de USD 3 millones) en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el 2022.

“De efectivizarse dicho cercenamiento, hay un riesgo concreto de que el Ministerio Público no pueda afrontar con los costos necesarios para su operatividad”, refiere el comunicado firmado por este gremio.

Desde la federación que aglutina a los agentes fiscales de la región exigen que el Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo hagan lo necesario para rever esta decisión, en el entendimiento de que una reducción arbitraria del presupuesto para la Fiscalía dificultará a la comunidad al acceso a una justicia imparcial donde se contenga a las víctimas y disminuyan los grados de impunidad en el orden delictivo.

Federación Latinoamérica insta a poderes políticos de Paraguay, Ejecutivo y Legislativo, rever reducción arbitraria del presupuesto institucional, que dificultará a ciudadanía el derecho humano de Acceso a Justicia y se pone a disposición para denuncia internacional@de_fiscales pic.twitter.com/qnExdzV6lR

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 30, 2021

Constantemente, el diario ubicado sobre la calle Yegros presenta en sus ediciones impresa y digital publicaciones sobre la criptominería. El enfoque de estos artículos, en su mayoría, son positivos, demostrando las bondades que ofrece este negocio.

Desde editoriales, artículos de opinión y noticias con autoridades o referentes de las cripto granjas, el diario ABC Color viene posicionándose a favor de esta industria minera. La última nota compartida sobre el tema guarda relación con la posibilidad de que la energía excedente de las binacionales sea destinadas a las empresas dedicadas a la criptominería.

Al respecto, ABC publicó que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, designado como negociador de la tarifa de Itaipú para el año en curso, reconoció que el Gobierno fue a negociar con el Brasil con la idea de la creación de un fondo binacional “y puede ser que eso esté trancado”. Por tanto, indicó que se debe acelerar el proceso para la venta de energía a nivel local.

“La industria que capta mano de obra y mucha energía tal vez tarde un poco más (en venir al país), porque tiene su proceso, entonces vamos a mirarle a las criptomineras con otros ojos y a usar la característica que tienen para monetizar nuestra energía que le estamos vendiendo al Brasil a un costo muy bajo”, dijo recientemente.

Por otra parte, el medio periodístico en cuestión trajo a colación que, en la audiencia pública realizada el martes pasado en el Senado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la criptominería en el país, los directores de la ANDE resaltaron que este año la institución facturará a las criptomineras US$ 100 millones y que el próximo se duplicará ese monto.

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EL NEGOCIO QUE HAY DETRÁS

Una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la ANDE. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.

De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a tra­vés de la administración y distribución de energía eléc­trica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.

En setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccoli­llo, que se encarga del Sho­pping Mariscal, al detec­tar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de crip­toactivos”.

En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la prác­tica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la acti­vidad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modifi­cación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial, y aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el pro­cesamiento de datos, provi­sión de servicios de almace­namiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

Ese mismo mes, en una nota enviada por el direc­tor del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titu­lar de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba ade­más la “gestión interna” de la energía eléctrica en algu­nos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suminis­tro de energía.

Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.

El agente fiscal Reinaldo Castillo decidió formular imputación contra Florentina “Ñeca” Chávez, de 53 años, por el hecho punible de homicidio doloso.

La mujer es acusada por la muerte de su pareja sentimental Sergio Daniel Ledesma Urtado, de 25 años, en un hecho ocurrido la mañana del lunes en la localidad de Hohenau, Itapúa.

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Según explicó Castillo a Nación Media, tomó la determinación de imputar a la acusada luego de recabar testimonios de algunos testigos, entre ellos los hermanos de la víctima, quienes confirmaron que frecuentemente la pareja tenía discusiones.

“Tenemos indicios que nos hacen suponer que el ataque se habría producido de esa forma (por una cuestión de celos)”, refirió el representante del Ministerio Público. De acuerdo a la familia, “Ña Ñeca” acostumbraba a ser celosa y agresiva.

El conflicto tendría su origen en el deseo del joven de terminar la relación (que llevaba cerca de 5 años), decisión que la mujer no aceptaba.

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Hasta el momento, no se logró conversar con la mujer debido a que aún permanece internada en el Hospital Regional de Encarnación. Una vez sea dada de alta, quedará en calidad de detenida y será convocada para prestar declaración.

El reporte menciona que Chávez fue hasta la casa de Ledesma para asesinarlo, propinándole estocadas en el cuello y el pecho. Tras cumplir con su cometido, habría intentado autoeliminarse cortándose las venas de las muñecas.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

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Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

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