​“Todos los días llegan casos de intoxicaciones. Hay niños que mueren intoxicados, pero no se investiga ni se da una explicación porque Paraguay no tiene un sistema sanitario que dé atención en toxicología”, lamentó Amarilla.

A finales de julio, dos niñas de tres años y seis meses de edad fallecieron en la comunidad de Huber Duré, víctimas de una presunta intoxicación con agrotóxicos, según denunció la Federación Nacional Campesina (FNC).

Otras treinta personas de la misma comunidad, entre adultos y menores, fueron hospitalizadas con afecciones respiratorias.

Además en un lapso de 8 días murieron repentinamente 319 gallinas, 43 vacas y 30 cerdos pertenecientes a las familias campesinas, según testimonios recogidos por la organización dedicada a estudios sociológicos.

El Gobierno descartó entonces que se tratara de casos de intoxicación por fumigaciones con pesticidas, y señaló que las muertes de las dos niñas se debieron a una infección respiratoria.

La activista por las mujeres rurales e indígenas rechazó también el uso de semillas transgénicas para las explotaciones masivas de cultivos como la soja, y reclamó la utilización de la semilla nativa paraguaya.

“El 80% de la tierra cultivable en Paraguay está en manos de grandes multinacionales, como Monsanto, que siembran semillas transgénicas y emplean agrotóxicos en los cultivos”, afirmó.

Amarilla también se mostró crítica con “el proyecto neoliberal del Gobierno” del presidente Horacio Cartes, que “permite que los campesinos e indígenas sean expulsados de sus tierras”.

El acaparamiento de las tierras, los desalojos de las poblaciones campesinas, el uso de los monocultivos masivos y los atropellos a los derechos humanos de los pueblos indígenas fueron otras de sus denuncias.

Conamuri forma parte de la plataforma Ñamoseke Monsanto, que reúne a más de treinta organizaciones campesinas, indígenas, religiosas, civiles y juveniles en contra del uso de agrotóxicos y transgénicos en el campo paraguayo.

La plataforma celebrará el miércoles un seminario y una marcha de protesta con motivo del Día Internacional por el no uso de agrotóxicos, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La Federación Nacional Campesina (FNC) asegura que en los últimos diez años cerca de un millón de campesinos han abandonado las zonas rurales de Paraguay en dirección a la capital y otras grandes ciudades a causa de la concentración de tierras y la expansión del monocultivo

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.