• Por Jorge Torres Romero

El 10 de setiembre del 2020, el represen­tante legal de la Com­pañía Brasileña de Cartu­chos (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de insta­lar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su poste­rior reexportación al mercado brasileño.

La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la inten­ción de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendi­miento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.

La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los milita­res retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones. Hasta ahora la empresa dio su visto bueno en su pretensión de lograr la autorización de la Dimabel para el montaje de la fábrica privada.

Según los datos, la firma CBC Mercosur pretende invertir en principio unos US$ 15 millones en una fábrica de municiones en nuestro país y la Dimabel debe autorizar su instalación; sin embargo, le hicieron firmar un llamativo “acuerdo previo” a la empresa privada para que compre toda la producción de la institución castrense, ade­más de otras exigencias.

En un intento de dar respuesta a todos los cuestionamientos aparecidos en la prensa tras la publicación de los térmi­nos del convenio celebrado el pasado 5 de abril, el coro­nel Justo Araújo, director de Administración y Finanzas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de las Fuer­zas Armadas de la Nación, acu­dió al programa periodístico “La caja negra” y afirmó que todo forma parte de una desin­formación respecto al acuerdo previo de entendimiento para capacitaciones técnicas.

“Este acuerdo nace a partir de la inscripción y habilitación de la empresa CBC Mercosur SA ante el Ministerio de Industria y Comercio para operar bajo el régimen de la maquila. Para­lelamente a esa intención pri­vada, existe un acuerdo pre­vio de cooperación técnica que va a beneficiar a la Dima­bel, en todo lo que refiere a las diez cláusulas que habla este acuerdo de entendimiento”, explicó Araújo.

Negó enfáticamente todo lo que se denunció y aseguró que “esto no es una entrega de la soberanía, es totalmente lo contrario, es adecuar la Dima­bel a los nuevos tiempos. Es apostar a la tecnología y ubi­car a la Dimabel en los princi­pales mercados del mundo en materia de cartuchos. Quere­mos a corto plazo ser líderes en la producción de cartuchos de guerra en toda la región”, insis­tió el militar.

En cuanto a los términos del acuerdo celebrado con la empresa brasileña, indicó que se trata de un acuerdo de inte­rés general y que, conforme se vaya presentando el caso, se verán los aspectos más espe­cíficos. “Puede ser la Ley 1618 o puede ser la Ley 51/02 de la Alianza Público-Privada, pero hoy la Dimabel no necesita de esa ley. Nosotros con nuestros propios recursos, generando nuestros recursos, podemos llegar a ser líderes en la producción de cartuchos, no necesita­mos de capital privado. Nece­sitamos generar recursos, según una directiva general, y la empresa brasileña nos va a entregar una contrapresta­ción. En el acuerdo específico, conforme se da en el marco legal que corresponda ya sea a través de una ley de APP o de otra figura”, enfatizó.

El coronel Araújo remarcó que en ningún momento se habló de permitir que esta empresa entre a la Dimabel. “Lo que está en el convenio es un acuerdo previo para apro­vechar las capacidades y no se va a utilizar el personal activo de las Fuerzas Armadas como refieren las publicaciones. Esta empresa no se va a constituir en nuestras instalaciones, sino que está buscando un terreno próximo al río Para­guay para facilitar su trans­porte, para ahorrar sus costos de acompañamiento para faci­litar la carga y que su logística sea mucho más barata. Ellos no van a pisar el predio de la Dimabel”, aseguró el director financiero de la institución.

En otro momento señaló que la intención es acceder a un sis­tema de trazabilidad, que les permita reducir el tráfico ilí­cito de las municiones. “Que­remos combatir frontalmente al crimen organizado y nece­sitamos de equipos y generar recursos. Un equipo para el sistema de trazabilidad nos cuesta cerca de 5 millones de dólares y con fuentes del Estado no lo vamos a conse­guir”, argumentó.

Respecto a la cuestionada herramienta jurídica a la que recurrieron, se defendió diciendo que están actuando con base en lo establecido en el artículo 3º de la Ley 4036, que dice que la Dimabel será la encargada de reglamen­tar la fabricación de muni­ciones.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

Puede interesar: Comienza estudio que definirá el porcentaje de reajuste del salario mínimo

Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

Lea también: “Caseros de oro”: Fiscalía apela sobreseimiento del exdiputado Tomás Rivas

Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

Puede interesar: Senado autoriza el ingreso al país de militares del Brasil y Estados Unidos

En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

Te puede interesar: Comienza estudio que definirá el porcentaje de reajuste del salario mínimo

El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

Lea también: “Todos somos responsables 2024″: lanzan campaña contra el abuso sexual infantil