Desde Cruzada Nacional, comenzaron a poner al tapete, el lanzamiento de un agresivo proceso de afiliación, por un lado, y visualizar “cifras objetivas” que arrojó la compulsa, por el otro.

El vicepresidente de Cruzada, Stilber Valdés, señaló al respecto que están por encima de 23.000 afiliados en la actualidad, en tanto que el objetivo de mediano plazo es llegar a los 300.000, pero señala que ese es un aspecto lateral y que, lo principal es lo que dicen los números.

El mismo reveló un dato hasta ahora no conocido: que el Tribunal Superior de Justicia Electoral contrató antes de las elecciones generales del 20 de abril pasado, los servicios de una importante consultora estadounidense.

El objetivo fue sondear y estudiar el proceso eleccionario, desde diversas aristas, entre ellas, las preferencias del electorado en torno a los entonces candidatos a presidente de la república, así como a bancas parlamentarias.

“Es un estudio que costó 1,2 millones de dólares, pero nunca se publicó. Pudimos acceder al mismo, todos los partidos. Fue hecho en los 263 distritos, además (segmento de inmigrantes)  de Argentina, España, Estados Unidos”, dijo Valdés a la emisora 1020 AM.

El estudio encargado por el ente rector de elecciones, apuntaba a sumar elementos para la visualización del mercado electoral, según el político payista.

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Tras el conteo, Efraín Alegre quedó con 842 votos, en tanto, Paraguayo Cubas se alzó con 636.544 votos. Pero en Cruzada Nacional ponen el detalle de que la Concertación que apoyó a Alegre, estuvo conformada por alrededor de 40 partidos y movimientos, lo cual implica que en el proceso de análisis de preferencias, el político del PLRA quedará muy por debajo del líder de la Cruzada Nacional.

Los payistas rememoran las semanas previas a las elecciones, en las que Alegre ofrecía los entes que Cruzada eligiera, en caso de renunciar a la candidatura presidencial. Y que la contraoferta de lo contrario, se basaba ya en que el crecimiento exponencial de Cubas en las encuestas, abría muchas más chances para que la oposición acceda a la presidencia.

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“¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión del Senado de no incorporar a Horacio Cartes como Senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, escribió Tuma en su cuenta de X.

En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató como senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio via libre a su candidatura, al declararla constitucional.

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Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó su candidatura.

Sin embargo, llegado el momento del juramento, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, requisitos indispensables para jurar.

Lugo hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución. Todo esto, pese a que existían documentos que lo obligaban a llamar a Cartes. Del mismo modo obró con Nicanor, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky.

En aquel entonces, la posición de los medios anticartistas era la contraria a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Hoy, en cambio, se declaran institucionalistas y muy apegados a lo que dicten las leyes y disposiciones judiciales. Es decir, en el fondo, no se trata de que la discusión sea institucional o constitucional, sino quién sea el involucrado, para, a partir de allí, mostrarse a favor o en contra.

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El fallo y Sentencia N° 5/2024 del TSJE con fecha 13 de junio de 2024, indica que “no existe violación del debido proceso, ni se han observado, ni aplicado de manera errónea las leyes electorales vigentes”

El documento agrega que no se observa ninguna vulneración de los derechos de la legítima defensa traducida, “por tanto no se vislumbra fundamento alguno que amerite revocar lo resuelto por el tribunal”.

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Cabe recordar que el 20 de junio de 2023, por unanimidad, el Tribunal de Conducta del Partido Colorado expulsó de su padrón a Gerardo Soria por transgredir el código de ética del estatuto partidario.

Gerardo Soria tiene en su haber un sinfín de denuncias que llevaron al Tribunal de Conducta de la ANR a iniciar un juicio en su contra y la posterior decisión de expulsión.

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En su tiempo fue conocido como “jefe de escritorio” de Itaipú, acusado de no acompañar a la lista 1 en las elecciones del 30 de abril del 2023, lo cual representó una transgresión contra la institución y contra las autoridades electas.

El dictamen de la Fiscalía General del Estado aconseja a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución por la que se dio su pérdida de investidura.

“La Cámara Alta al resolver sobre la pérdida de investidura de la senadora Kattya González ha tomado un camino diferente al tratado en la resolución en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida”, expresa el documento.

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La Fiscalía agrega que el procedimiento fue “inconstitucional” al soslayar la resolución de la pérdida de investidura reglamentada por la Cámara Alta.

Cabe recordar que a finales del mes de abril, la Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Katya González en contra de su destitución del Senado. Sin embargo, rechazó la medida cautelar para que sea reincorporada a su banca.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

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El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.