La Ley N° 5295, que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, promulgada en setiembre de 2014, establece que el delito se da cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública.

Además la ley aclara que las “organizaciones no gubernamentales que reciban aportes del Estado paraguayo, a través del Presupuesto General de la Nación, quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.

Consultado al respecto, el director eje­cutivo de Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, explicó que la ley antinepotismo incluye a las ONGs en la función pública cuando reciben dinero estatal. Sin embargo, sostuvo que la Contraloría General de la República deberá analizar el caso del CIRD, de modo a evaluar si se aplica o no esta normativa.

“Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo”, dijo el activista por la transparencia. A esto se suma la nueva ley de declaración jurada y de conflictos de intereses (que se aplica al sector público y privado). De esta manera, según refirió, aquel que recibe dinero del Estado, está sujeto al escrutinio público, tanto de la prensa como de la ciudadanía.

No obstante, el experto sostuvo que debe distinguirse sobre los aportes que recibe una ONG del Estado. Hay organizaciones que reciben aportes directos del Estado, para que cumplan su finalidad institucional, algunas dependen casi exclusivamente de este dinero, y la experiencia muestra que las mismas están vinculadas generalmente a los políticos, de acuerdo con Santagada.

En segundo término, según el entrevistado, existen las transferencias a las oenegés por una contraprestación de servicio, como consecuencia de un concurso o licitación. En este caso no se aplicaría la normativa en cuestión, aclaró.

Santagada remarcó que desconoce bajo qué modalidad se hizo el convenio entre CIRD y el Estado, por lo que quedará en manos de la Contraloría resolver si fue o no nepotismo, además de ver los procedimientos de contratación que se siguieron y si se cumplieron con los manuales de contrataciones (como el concurso de oposición) de los funcionarios.

A su parecer, este caso generará una jurisprudencia en la Contraloría sobre futuros hechos similares que vayan apareciendo, y de seguro lo resuelto será atendido por la justicia ordinaria.

CIRD CONTRATÓ A OPERADORES DE ABDO CON PLATA DE SINAFOCAL

De acuerdo a las publicaciones periodísticas de la Unidad de Investigación de Nación Media, se evidenció que en la citada oenegé se realizaba la repartija de honorarios entre los integrantes del clan familiar de Agustín Carrizosa Gubetich, titular del CIRD, del coordinador anticorrupción Carlos Alcaraz de la ONG y otros allegados entre ellos varios operadores abdistas que rogaban votos por la propia exministra del Trabajo, Carla Bacigalupo en redes sociales.

El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.

La rendición de cuentas de un proyecto de “Reacti­vación económica posco­vid revela la repartija de hono­rarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presi­dente del Centro de Informa­ción y Recursos para el desarro­llo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le trans­firió el Estado, a través del Sis­tema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafo­cal). Entre los privilegiados con­sultores también está el hijo del mediático consultor anticorrup­ción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Másciudadanía, menoscorrup­ción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.

El proyecto de reactivación económica poscovid fue lan­zado el año pasado por la entonces ministra de Tra­bajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secre­tario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.

El objetivo marcado es la “capacitación y fortaleci­miento de mipymes y del Sina­focal, para promover el incre­mento del empleo formal y la posibilidad de que los benefi­ciarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reac­tivar su economía fueron los miembros del clan Carrizo­sa-Alcaraz. Según documen­tos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio especí­fico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carri­zosa Bradshaw, hija del presi­dente de la ONG.

Así también, se registran rei­terados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el pro­yecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.

Fernando Kiessel Bejarano, 26 años, funcionario acusado de iniciar el incendio de la Caja Municipal, comenzó a delatar a sus mandantes, “personas muy importantes”, según expresó a los investigadores.

Si bien la Policía todavía no socializó los implicados por Kiesel, anunciaron que en el transcurso de las próximas horas se dará a conocer nombres.

La Caja de Jubilados municipales está presidido por Venancio Diaz Escobar (el anterior fue Bernabé Peralta), en tanto los consejeros actuales son Luis Caballero, Bibiana Brioschi, Juan Arístides Amarilla, René Medina y Cesar Gamarra.

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En nota 4803/23, la Contraloría General de la Republica había abierto un nuevo frente de investigación a directivos y exdirectivos de la Caja. La presunción de la pesquisa es que el incendio provocado fue para eliminar documentos que pueden incriminar a responsables de millonarias “tragadas” de fondos pertenecientes a jubilados municipales.

Pedro Benítez Aldana, gremialista de los jubilados, había apuntado que afiliados de la entidad están en condiciones de aportar datos que consignan que los millonarios robos que se perpetraron en la entidad, y que no recibieron penalización alguna.

“Es claro que en el incendio, que se desató en el segundo piso de la institución, destruyeron papeles que tienen relación a las irregularidades”, dijo el dirigente de los jubilados.

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Un crecimiento galopante tuvo el narcotráfico bajo el Gobierno de Mario Abdo Benítez, según se constata en el informe elaborado en la administración anterior por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), donde se muestra que el negocio en cuestión movió unos 25.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022, principalmente en el extenso listado de drogas incautadas en Europa y salidas de puertos paraguayos. El monto duplica al Presupuesto General de la Nación.

Hasta noviembre del 2022 se llegó a la cifra de 47 toneladas de cocaína incautada en países europeos. La cantidad, según se estima, era apenas el 10 % de toda la droga “exportada” por nuestro país. Desde el 2020 hasta agosto del 2023 fueron incautadas en el Viejo Continente 54 toneladas de cocaína remitidas desde Paraguay.

EL MINISTRO ANTIDROGAS Y UN AMIGO NARCO

El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua confirmó durante audiencias ante la Justicia de su país que, en Paraguay se reunió con el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio en tres ocasiones.

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La primera, en la sede del Ministerio del Interior para proponerle proyectos a favor de las patrulleras de la Policía Nacional para las que ofrecía un blindaje. La segunda, en el gabinete del viceministro de Seguridad, cuando le llevó chalecos antibalas que pretendía vender para uso policial, ocasión en que dejó uno de “muestra”. Y la tercera, en la sede de la Fope. De hecho, la Fiscalía pidió juicio para Giuzzio por cohecho pasivo agravado (coimas recibidas del narco) a cambio de la adjudicación de licitaciones estatales a empresas de Vinicus.

VACACIONES EN LA CAMIONETA DEL MISMO NARCO

También como ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio pidió prestada una camioneta a Marcus Vinicios Espíndola a finales del 2022, cuando fue de vacaciones al Brasil. En aquella oportunidad, alegó que recurrió al capo narco porque su vehículo sufrió desperfectos mecánicos que lo dejaron varado cerca de la frontera, por lo que, llamó a Vinicius como un conocido suyo en el marco de las provisiones para el Estado, pero “sin saber que era un narco”.

TAMBIÉN EN LA SENAD

Antes del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio fue titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, cargo en el que tuvo como hombre de confianza a la Unidad de Inteligencia a Mauro Ruiz Díaz Vallejos.

Esta unidad es mencionada por Miguel Insfrán alias Tío Rico, como el área que le cantaba todos los operativos que iban a ejecutarse en contra de sus intereses. Este nexo le valió zafar de un sinnúmero de procedimientos, al punto que se jactaba de su amistad “con los de arriba”, según él reveló en conversaciones que mantuvo con el uruguayo Sebastián Marset. Cuando Giuzzio dejó el cargo de ministro antidrogas para ir al Ministerio del Interior, en su lugar quedó su entonces secretaria de cofianza Zully Rolón.

Esta última olla de los chats entre el narco Tío Rico y Marset, donde hablan del importante nexo en la Senad de la era abdista, se destapó tras la acusación fiscal formulada contra Tío Rico.

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La convocatoria publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con ID Nro. 449192 se divide en tres lotes: Lote 1: Ruta PY19, desde el tramo Villeta (Central) km 40 hasta Alberdi (Ñeembucú), con una longitud de 68,2 km. Lote 2: Ruta PY13, desde Curuguaty hasta Villa Ygatimí y Ypejhú, en Canindeyú, con una extensión de 82 km. Lote 3: Ruta PY09, desde la localidad de Mcal. Estigarribia hasta la estancia La Patria, y desde la estancia La Patria hasta Infante Rivarola de la DO92, abarcando un total de 175 km en el departamento de Boquerón, Chaco.

La fecha de recepción y apertura de ofertas está programada para el lunes 24 de junio de 2024, a las 09:00 y 09:30, respectivamente. Los documentos deben presentarse en la Mesa de Entrada Única del MOPC, ubicada en el primer piso, en la intersección de Oliva y Alberdi. La apertura de los sobres se llevará a cabo en el tercer piso, en el salón de actos.

El plazo estipulado para el contrato es de 18 meses, divididos en 12 meses para la etapa de rehabilitación y 6 meses para la de mantenimiento. Se estima una inversión total de G. 135.791.972.152.

Es importante destacar que el contrato de obra se basa en precios unitarios fijos, donde el MOPC, como contratista, ofrece precios aplicados a una lista estimada de cantidades de obras determinadas por la administración contratante. El valor total del contrato se determinará por la suma de estos precios unitarios multiplicados por las cantidades efectivamente realizadas.