Este miércoles 13 de enero, el historiador Fabián Chamorro, rememoró lo acontecido en una fecha como hoy, pero del año 1947, cuando el Partido Colorado retornó al poder luego de 43 años en la llanura.

“Morínigo, quien solo dos días antes había prometido gobernar exclusivamente con militares, fue el principal responsable y para hacerlo traicionó a gran parte de su cúpula militar”, recordó Chamorro.

A lo largo de los años, esta fecha fue ganando cada vez más peso histórico no solo por lo acontecido en el 47, sino también por el golpe que derrocó la dictadura de Alfredo Stroessner semanas antes de la cual, Luis María Argaña había dicho, casi de manera premonitoria que “siempre habrá un 13 de enero”.

También el 13 de enero, pero del 2017, el entonces oficialismo colorado presentaba 360.000 firmas de apoyo popular a la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, propuesta que no prosperó.

Hoy, en apenas dos semanas de este 2021, la idea de una enmienda para introducir la reelección vuelve a sonar, aunque nadie quiera hacerse directamente responsable de la iniciativa.

ESCÁNDALOS EN LA ERA PANDÉMICA

Al margen de esta posibilidad, cada 13 de enero ya resulta inevitable recordar la frase de Argaña y analizar el contexto actual del Partido Colorado.

En tal sentido, la administración de Abdo arrastra una imagen golpeada en los últimos meses, casi desde el inicio de la pandemia, debido a los escándalos de corrupción que salpican a la gestión de sus ministros en plena situación de emergencia, desde el periodo en que se envió al confinamiento a gran parte del país.

De lo más reciente a lo más antiguo y mencionando apenas algunos de los temas, se destaca para mal el acuerdo clandestino -finalmente frustrado- entre el Gabinete de Abdo y el gobierno de Guaidó, para saldar la deuda de Petropar con PDVSA.

El proyecto, llamativamente favorecía de manera muy generosa al Paraguay, pues establecía una quita del 50 % del capital de la deuda, que en aquel entonces llegaba a 265 millones de dólares, es decir, Petropar debía pagar solo 130 millones de dólares para dar por cancelado el pasivo. Se contemplaba una comisión de 26 millones de dólares para el abogado de PDVSA, Sebastián Vidal, quien hizo todas las gestiones y a su vez trabaja para Carlos Abdo, tío de Mario Abdo.

Otro acuerdo clandestino, avalado por la Procuraduría General de la República, que de hecho le costó el cargo al procurador Sergio Coscia, fue el que firmó Petropar bajo la presidencia del actual titular Denis Lichi, quien en nombre del Estado comprometió el pago de 7 millones de dólares a la empresa argentina, Textos Oil, por una demanda a la petrolera estatal.

Otro episodio memorable es el de los insumos chinos, por los cuales el Ministerio de Salud pagó un adelanto de 17.000 millones de guaraníes a inicios de la pandemia, con el objetivo abastecer los hospitales,

Al cumplirse el primer mes del confinamiento, la cartera sanitaria hizo la primera adjudicación para compra de insumos de emergencia por 13,5 millones de dólares en una sola contratación a empresas de dudosos antecedentes.En la ocasión no se realizó ningún llamado ni se convocó a los posibles oferentes. Los funcionarios implicados recibieron la irrisoria sanción de 30 días de suspensión sin goce de sueldo.

Otra perlita de la pandemia fue la presunta sobrefacturación de 4.000 mascarillas adquiridas por la Dirección Nacional de Aeronáutica por valor unitario de G. 29.990, lo que totalizó G. 119.960.000, de fecha 27 de marzo del 2020. El hecho obligó al entonces presidente Luis Aguirre a renunciar.

Petropar nunca se quedó atrás en toda era pandémica, cobrando protagonismo varias veces. Una de las primeras, bajo el mando de Patricia Samudio, con la adquisición de unas 5.000 unidades de agua tónica a G. 5.000, totalizando G. 25.000.000 y bajo el argumento de que eran buenas contra el coronavirus. La empresa Solumedic S.A. fue la encargada de la provisión. Por aquel caso Samudio fue imputada y también le costó el cargo.

CONCORDIA COLORADA

Los paños fríos al afiebrado Gobierno abdista parecen ser puestos por el movimiento Concordia Colorada, (Añetete y Honor Colorado) concebido a partir de una difícil Operación Cicatriz que llevó un tenso periodo en el quirófano antes de su culminación y hasta incluso pasó por las famosas 72 horas vitales de recuperación en términos médicos, que en el lenguaje político también existieron, aunque quizás con otra medida de tiempo.

Actualmente las negociaciones apuntan a encontrar candidatos de consenso en los más de 200 distritos del país, de cara a las internas y posteriormente las municipales.

Al margen de esto, Honor Colorado mantiene sus críticas hacia ciertos actores del Gabinete de Abdo, entre ellos, Juan Ernesto Villamayor, el más recientemente salpicado por el negociado clandestino de Petropar con PVSA, que saltó a la luz pública solamente gracias a una publicación del Washington Post.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.