En un informe de 41 páginas, la Contraloría General de la República expone 14 puntos principales que cuestionan duramente la adjudicación del Ministerio de Salud Pública a favor de las empresas Imedic y Eurotec, del clan Ferreira, para la provisión de los insumos médicos por un valor de 13.5 millones de dólares (aproximadamente 85.000 millones de guaraníes).

Como conclusión la Contraloría primeramente indica que “esta adquisición se encuentra viciada de irregularidades en todas sus etapas”, teniendo en cuenta los datos publicados en el sistema de Contrataciones Públicas y los aspectos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

El ente contralor resalta que este contrato se hizo por la vía de la excepción porque Salud requería urgentemente los insumos ante la pandemia del COVID-19, sin embargo, al establecer en el pliego un anticipo a las empresas, terminó desvirtuando la causal de urgencia impostergable. Esto debido a que el anticipo es otorgado para cubrir los costos iniciales del proveedor, lo cual sugiere que no se tendrá la provisión inmediata de los productos a ser adquiridos, según reza el documento.

Otro punto llamativo es que en el portal de Contrataciones no se publicó que iba a otorgarse dicho anticipo, pero luego en el documento del pliego de bases y condiciones finalmente sí estaba. Contraloría cuestiona que se alegue que haya ocurrido “un desliz” en la carga de los datos en la web.

En el informe también se deja en evidencia que el sistema de adjudicación fue por el lote completo pero luego cuando se realizó la evaluación se pudo adjudicar por ítems. De esta manera se ofertó el lote en forma incompleta, posibilitando que empresas oferentes vinculadas entre sí (en este caso los del clan Ferreira) puedan presentar ofertas en un mismo lote.

En cuanto a la apertura de las ofertas, no se vio en el acta la falta de presentación de muertas de los productos en cuestión. En la etapa de evaluación de las ofertas, no fueron analizados los requisitos exigidos en el pliego respecto a las especificaciones técnicas.

La institución subraya que las firmas Imedic y Eurotec garantizaron que estaban en condiciones de cumplir el contrato, pero en la etapa en que debían ejecutar el contrato, los insumos y las camas hospitalarias fueron rechazados por Salud al no cumplir con las especificaciones técnicas, “lesionando de esta forma el sistema de salud implementado para el sostenimiento de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia”.

También resalta que se modificaron los requisitos para ofertar ya en una etapa posterior a la presentación de las ofertas, lo cual atenta contra el principio de igualdad y libre competencia, ya que las empresas invitadas inicialmente pudieron haber ofertado mejor que las que finalmente fueron adjudicadas pero que no lo hicieron al no tener la posibilidad de ofertar la totalidad de los contenidos de cada lote, tal como figuraba al principio pero que luego fue cambiado a favor de las dos proveedoras del clan Ferreira.

Así también la Contraloría indica que al ser una licitación urgente, lo lógico hubiera sido que los plazos de entrega de los bienes empiecen a correr desde la firma del contrato, y no recién con la emisión de las órdenes de compras, hecho que ocurrió recién 10 días luego de la firma de los contratos. De haberse actuado como correspondía, se debió desestimar las ofertas, de acuerdo con el informe.

El órgano considera así que existen causales de rescisión del contrato por factores relacionados a incumplimientos de las especificaciones técnicas de los insumos y equipos hospitalarios. Además ni con el anticipo dado, las empresas contratadas dieron cumplimiento en tiempo y forma el contrato, postergando la entrega total de los insumos y equipos contratados.

Por último recomienda al Ministerio de Salud Pública a adoptar las medidas correctivas y sancionar a los funcionarios que se encargaron de llevar adelante este proceso.

En los últimos días se viralizó en redes sociales una filmación en la que se observa a un menor de edad en aparente estado de ebriedad, presumiblemente después de ingerir bebidas alcohólicas.

Luego de tomar conocimiento del caso, tomaron intervención primeramente la CODENI local y luego el Ministerio Público, a fin de dilucidar las circunstancias en que se produjo este episodio.

Los datos recolectados indican que el protagonista es un niño de 8 años de edad, quien aquel día en que se filmó el video (hace dos meses atrás, según la madre) había tomado una gran cantidad de cerveza, al punto de embriagarse.

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“Ella dijo que un señor le dio la cerveza, supuestamente en ese momento estaba en la pieza atendiendo su negocio (una bodega que funciona en la casa)”, comentó al canal C9N Vivian Melo, directora de la CODENI, quien pudo conversar con la progenitora.

Tras evaluar las evidencias existentes, la fiscal Irma Arias dispuso la detención de los padres. A su vez, la Defensoría de la Niñez ordenó que los menores queden en guarda temporal con un familiar como medida de protección.

Durante la visita, la representante de la Fiscalía logró constatar que los cuatro hijos de la pareja se encontraban con un leve cuadro de desnutrición. “Están con un peso que no es el ideal para la edad que poseen”.

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Así también, reveló que en otras filmaciones a las que accedieron se pudo notar que el hecho ocurrió en presencia de la madre y bajo su anuencia, lo cual echa por tierra su versión. “Ella permitió y consintió que pasara esto. El padre no hizo nada tampoco para auxiliarle”.

Los padres del niño serán sometidos al proceso abierto por el hecho punible de falta al deber del cuidado. De momento, no se requerirá su prisión preventiva, adelantó Arias.

Un joven y su padrastro se encontraban pescando a orillas del Lago Yguazú cuando, en un momento dado, el primero ingresó al agua, pero ya no logró salir. Se trata de Gabriel Sebastián Caballero, domiciliado en el Barrio San Agustín de José Domingo Ocampo, departamento Caaguazú.

Según relató el padrastro del fallecido, Antonio González, ambos estaban pescando cuando Gabriel le dijo que entraría al agua para refrescarse, debido a que tenía mucho calor, pero no volvió a salir. Preocupado, dijo que se tiró al lago para sacarlo, lastimosamente lo encontró signos de vida.

El caso fue reportado a la Policía Nacional que, a su vez, informó al Ministerio Público. La Médica Forense, Dra. Raquel Cáceres, diagnosticó como causa de la muerte “asfixia mecánica por ahogamiento”. Finalmente, la agente Fiscal dispuso la entrega del cuerpo a la madre.

Se trata de María Jazmín Scappini Vallejo, funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, pero comisionada en la Misión Paraguaya ante la ONU.

La diputada Rocío Vallejo confirmó este lunes la renuncia de su hija, pero alegó que no fue por el escándalo mediático generado, sino porque la misma accedió a una beca de maestría en Estado Unidos y eso le genera una incompatibilidad de funciones.

“Mi hija no era planillera”, resaltó la diputada en conversación con la 1080 AM, al mismo tiempo de defender el comisionamiento de la joven, alegando que se trata de una figura legal.

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Dijo además que su hija no tenía ningún beneficio a más de su salario, que según ella era de aproximadamente 500 dólares.

En los últimos días corrieron rumores sobre una supuesta intención de pedido de pérdida de investidura contra la diputada Vallejo por el caso de su hija. Sin embargo, la versión fue desmentida por diversos sectores políticos.