Acuerdo entreguista de Abdo: diputado revela ‘presión’ de militar de alto rango

El diputado oficialista José Rodríguez reveló la presión que estaría haciendo el general Aldo Ozuna, exdirector de Dimabel y actual jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares, ante los cuestionamientos en su contra por el lapidario informe de Contraloría que confirma un acuerdo entreguista de la era Abdo.

Durante la sesión de la Cámara Baja, el legislador colorado José Rodríguez se refirió al informe de la Contraloría, que confirma el acuerdo entreguista entre la Dimabel y la empresa brasileña CBC Mercosur, entre otras numerosas graves irregularidades.

El político comentó que tras la declaración hecha sobre este caso, comenzó a recibir numerosos llamados y mensajes de emisarios del General Aldo Daniel Ozuna Recalde (actual Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando de Fuerzas Militares y exdirector de la Dimabel firmante del acuerdo entreguista), solicitando una reunión inmediata donde “me sienta más cómodo” para recibir información respecto al informe en cuestión.

Ante esta llamativa presión que estaba recibiendo, el congresista decidió expedirse públicamente a través de un comunicado, mediante el cual esgrimió que es “absolutamente improcedente y desatinada la petición realizada por los emisarios informales y oficiales del General Aldo Daniel Ozuna Recalde de discutir a espaldas de la ciudadanía, en privado y a puertas cerradas, asuntos de interés nacional sobre los cuales ya se ha expedido la Contraloría General de la República y que en la actualidad es el Ministerio Público como órgano representante de la sociedad quien debe tomar intervención para el cumplimiento de su misión institucional”.

“Hago saber públicamente al General Aldo Daniel Ozuna Recalde, que desde mi banca en la Cámara de Diputados seré un celoso custodio del patrimonio y la soberanía de nuestra gloriosa Nación, y que cualquier intento de persuasión indebida de su parte – apartada de los principios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, o incluso con atisbos de amedrentamiento a un representante del pueblo – no tendrán cabida en mi gestión del cargo acorde a dichos principios innegociables ni mermarán mi espíritu de honrar fielmente el cargo para el cual fui electo democráticamente”, agregó.

En entrevista con el canal GEN, el diputado Rodríguez indicó que sobre el caso confirmado por la Contraloría ya hubo pedido de informe anterior, pero no Ozuna respondió cuando estaba al frente de la Dimabel. A eso se suma que el entonces senador Martín Arévalo lo denunció ante la Fiscalía, según recordó.

“He recibido varias llamadas, primero recibí un mensaje que quería venir a mi oficina. Luego me llamaban varias personas –inclusive en horas de la noche- para decirme que este señor quería reunirse conmigo. Considero que se debe cuidar la institucionalidad de la Republica, y todo debe ser por informes”, remarcó.

Finalmente sostuvo que su principal preocupación es que el uniformado en cuestión sigue formando parte del Consejo Nacional de Defensa, siendo que tiene irregularidades, según la Contraloría. “Voy a pedir que este señor dé las explicaciones pero en el ámbito que corresponde. La Fiscalía debe actuar”, puntualizó.

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Un informe lapidario de la Contraloría General de la República, confirma que el acuerdo firmado con una empresa privada brasileña durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, no contaba con la debida autorización.

Se trata de un convenio suscrito el 5 de abril de 2022 entre el Comando de Fuerzas Mili­tares de nuestro país y la firma Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), en el cual se establecía que la firma brasileña tercerice su producción de municio­nes en las instalaciones de la Dimabel, con maquina­rias y personal de la depen­dencia militar de Paraguay, siendo su única contra­prestación, para toda esta infraestructura a su dispo­sición, la capacitación del personal de producción.

El contralor general de la República, Camilo Benítez, en un informe remitido al Senado, confirmó que el convenio fue firmado sin autorización previa y expresa de las autoridades competentes, además de adjudicar de forma unilateral el usufructo de la fábrica y producción.

Se confirmó además que con el convenio se dio acceso ilimitado a toda la información confidencial de la Dimabel, referente a la seguridad nacional. El informe indica que el acuerdo es ilegal, por lo que debe dejarse sin efecto de forma inmediata.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 10 de setiembre del 2020, el represen­tante legal de la Com­pañía Brasileña de Cartu­chos (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de insta­lar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su poste­rior reexportación al mercado brasileño.

La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la inten­ción de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendi­miento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.

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La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los milita­res retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones.

De la mano del general Aldo Ozuna y apresurada­mente la Dimabel se compro­metió con CBC Mercosur a llevar adelante el gran negocio de las municiones dejando de lado todos los procedimientos legales dejando en abierta des­ventaja a la institución mili­tar y al Estado paraguayo.

Caacupé 2023: atienden a casi 5.200 peregrinantes en los puestos de salud

El reporte parcial del Ministerio de Salud señala que la cobertura sanitaria desplegada para el operativo Caacupé asciende a 5.181 personas atendidas desde el inicio hasta la fecha.

El reporte refiere que desde el inicio de la cobertura Caacupé, la cartera sanitaria realizó 5.181 asistencias médicas a peregrinantes, desde los puestos sanitarios provisorios y fijos instalados para la causa. De este número, 41 fieles fueron derivados a centros asistenciales.

Hasta el momento no se registró ningún caso de gravedad ni fallecimiento. En cuanto a los casos predominantes de consultas se encuentran: vómitos, diarrea, cefalea, dolores musculares, ampollas, hipertensión arterial, control de presión arterial.

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Asimismo, desde Salud recuerdan que, se encuentran disponibles las líneas 141 para pedido de ambulancias, 132 para bomberos y 911 para la Policía Nacional, ante cualquier emergencia.

Intervienen en supuesto intento de abuso sexual durante peregrinación

La víctima sería una menor de 12 años quien cayó desmayada en uno de los puestos de la Dinatran donde la auxiliaron y derivaron de inmediato a un centro asistencial. El Ministerio de la Niñez y la Fiscalía tomaron intervención en el caso.

La adolescente fue asistida en el km 34 de la ruta 2, en la ciudad de Itaugua. La misma estaba en una bicicleta cuando se desplomó en el asfalto. Presentaba lesiones en el cuello.

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, comentó que el caso fue intervenido y la menor derivada al hospital para confirmar o descartar el hecho.

Explicó que los movimientos masivos de personas representa un riesgo para los niños por lo que, desde el Ministerio de la Niñez instalaron medidas de protección durante estos días.

“Estas son las situaciones que nos motivan a estar acá porque no todas las personas vienen con buenas intenciones”, sostuvo en conversación con la radio 1080 AM.

Gutiérrez mencionó que en la plaza Teniente Fariña de Caacupé, el MINNA cuenta con un amplio espacio de referencia, donde se atienen situaciones que involucren a los menores.

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Detienen a sospechoso de amenazar con una bomba en el Palacio de Justicia

El sospechoso es un hombre 68 años y fue detenido durante un procedimiento realizado en el barrio Recoleta de Asunción. Autoridades incautaron un teléfono celular y una camioneta.

Juan Vicente Talavera Insfrán fue detenido como sospechoso de haber realizado la amenaza de bomba en el Palacio de Justicia el 29 de noviembre pasado.

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Está procesado por el hecho de coacción a órganos constitucionales y el Ministerio Público ordenó su detención durante el procedimiento realizado en coordinación con el personal del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional.

Al mediodía del miércoles 29 de noviembre, todas las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia fueron evacuadas debido al reporte de una amenaza de bomba.

El hombre realizó dos llamadas en donde alertó con hacer explotar la sede judicial si no liberaban a Carmen Villalba, líder del EPP y recluida en el Buen Pastor.

No era la primera vez que el Palacio de Justicia era blanco de este tipo de amenazas, pero en aquella ocasión, el llamativo pedido alertó más de lo normal.

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