• Por Jorge Torres Romero

El 10 de setiembre del 2020, el represen­tante legal de la Com­pañía Brasileña de Cartu­chos (CBC) remite una nota al ministro de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia, en la que manifiesta el interés de la firma extranjera de insta­lar en nuestro país una unidad productiva para la fabricación de proyectiles, bajo el régimen de la maquila, para su poste­rior reexportación al mercado brasileño.

La Dimabel solo debió dar la autorización, como institución reguladora para la instalación de la fábrica; sin embargo, se aprovecharon de la inten­ción de la empresa privada y le apretaron para que firme un acuerdo previo de entendi­miento a fin de beneficiar a la institución militar fuera de la ley con exigencias que rayan la entrega de la soberanía.

La Dimabel pidió a la empresa que le reactive su fábrica, que subcontrate a los milita­res retirados y que encima se le compre la totalidad de la producción de municiones. Hasta ahora la empresa dio su visto bueno en su pretensión de lograr la autorización de la Dimabel para el montaje de la fábrica privada.

Según los datos, la firma CBC Mercosur pretende invertir en principio unos US$ 15 millones en una fábrica de municiones en nuestro país y la Dimabel debe autorizar su instalación; sin embargo, le hicieron firmar un llamativo “acuerdo previo” a la empresa privada para que compre toda la producción de la institución castrense, ade­más de otras exigencias.

En un intento de dar respuesta a todos los cuestionamientos aparecidos en la prensa tras la publicación de los térmi­nos del convenio celebrado el pasado 5 de abril, el coro­nel Justo Araújo, director de Administración y Finanzas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de las Fuer­zas Armadas de la Nación, acu­dió al programa periodístico “La caja negra” y afirmó que todo forma parte de una desin­formación respecto al acuerdo previo de entendimiento para capacitaciones técnicas.

“Este acuerdo nace a partir de la inscripción y habilitación de la empresa CBC Mercosur SA ante el Ministerio de Industria y Comercio para operar bajo el régimen de la maquila. Para­lelamente a esa intención pri­vada, existe un acuerdo pre­vio de cooperación técnica que va a beneficiar a la Dima­bel, en todo lo que refiere a las diez cláusulas que habla este acuerdo de entendimiento”, explicó Araújo.

Negó enfáticamente todo lo que se denunció y aseguró que “esto no es una entrega de la soberanía, es totalmente lo contrario, es adecuar la Dima­bel a los nuevos tiempos. Es apostar a la tecnología y ubi­car a la Dimabel en los princi­pales mercados del mundo en materia de cartuchos. Quere­mos a corto plazo ser líderes en la producción de cartuchos de guerra en toda la región”, insis­tió el militar.

En cuanto a los términos del acuerdo celebrado con la empresa brasileña, indicó que se trata de un acuerdo de inte­rés general y que, conforme se vaya presentando el caso, se verán los aspectos más espe­cíficos. “Puede ser la Ley 1618 o puede ser la Ley 51/02 de la Alianza Público-Privada, pero hoy la Dimabel no necesita de esa ley. Nosotros con nuestros propios recursos, generando nuestros recursos, podemos llegar a ser líderes en la producción de cartuchos, no necesita­mos de capital privado. Nece­sitamos generar recursos, según una directiva general, y la empresa brasileña nos va a entregar una contrapresta­ción. En el acuerdo específico, conforme se da en el marco legal que corresponda ya sea a través de una ley de APP o de otra figura”, enfatizó.

El coronel Araújo remarcó que en ningún momento se habló de permitir que esta empresa entre a la Dimabel. “Lo que está en el convenio es un acuerdo previo para apro­vechar las capacidades y no se va a utilizar el personal activo de las Fuerzas Armadas como refieren las publicaciones. Esta empresa no se va a constituir en nuestras instalaciones, sino que está buscando un terreno próximo al río Para­guay para facilitar su trans­porte, para ahorrar sus costos de acompañamiento para faci­litar la carga y que su logística sea mucho más barata. Ellos no van a pisar el predio de la Dimabel”, aseguró el director financiero de la institución.

En otro momento señaló que la intención es acceder a un sis­tema de trazabilidad, que les permita reducir el tráfico ilí­cito de las municiones. “Que­remos combatir frontalmente al crimen organizado y nece­sitamos de equipos y generar recursos. Un equipo para el sistema de trazabilidad nos cuesta cerca de 5 millones de dólares y con fuentes del Estado no lo vamos a conse­guir”, argumentó.

Respecto a la cuestionada herramienta jurídica a la que recurrieron, se defendió diciendo que están actuando con base en lo establecido en el artículo 3º de la Ley 4036, que dice que la Dimabel será la encargada de reglamen­tar la fabricación de muni­ciones.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.