La periodista de investigación del diario ABC Color, Mabel Renhfeldt, había realizado una serie de publicaciones en base a presunciones de un supuesto caso de espionaje a una colega de su mismo medio, que había hecho publicaciones sobre altos jefes de las Fuerzas Armadas en agosto de 2016.

En ese entonces, sostuvo en sus publicaciones que se llegaron a traer a la capital equipos de supuestas escuchas telefónicas que eran utilizadas en la zona norte, por parte de los efectivos militares para combatir a los criminales del EPP.

Con el correr de la investigación llevada adelante por la fiscalía se corroboró que en realidad un funcionario infiel de la compañía telefónica Personal, cuyo accionista también es dueño de ABC Color, Aldo Zuccolillo, fue el que filtró el detalle de las llamadas efectuadas desde el teléfono celular de la periodista en cuestión.

En esa ocasión Renhfeldt en una entrevista a ABC Cardinal había declarado lo siguiente: “Para mí es una de las cosas más graves que ha ocurrido en los últimos tiempos en esta vida democrática. Nuestro diario ha demostrado de que manera han espiado el teléfono celular de la compañera, consiguieron reportes completo de a quienes llamaba y quienes le llamaban. Espiaron el celular corporativo, el particular que usaba ella. (…) Es uno de los escándalos más graves de nuestro tiempo democrático. (…) No hay garantía constitucional de inviolabilidad de tu comunicación”.

Sin embargo, Renhfeldt quien hace dos años se preocupaba por la garantía constitucional de la inviolabilidad de la comunicación privada no dudó en divulgar conversaciones privadas con el fin de posicionar a su medio periodístico en detrimento de todo lo que siempre había declarado y es más, presentó como una gran investigación periodística el cruce de llamadas de algunos actores políticos en la noche del 31 de marzo del año pasado, que también lo obtuvo de manera ilegal, sin que el mismo forme parte de la carpeta fiscal o de un pedido judicial.

En el plano internacional, justamente el exjuez español Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en el año 2012. Cuando era magistrado destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje.

Esta situación se dio porque Garzón ordenó grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que incurrió en prevaricación y vulneración de la intimidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que dicha intervención vulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010, afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley “de forma errónea” y, sin motivación alguna, ante la “mera posibilidad” de que los letrados actuaran de “enlaces” de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación “conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa” y con ello, Garzón “transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados”.

Hasta ahora prosigue el juicio por este escándalo en España.

Erick Urueta, veedor judicial de Colombia, señaló que de confirmarse esa versión, y que EEUU tenga pruebas de que los asesinos ingresaron de ese modo a su esquema legal, corresponderá la extradición de los sujetos ya condenados en Colombia.

“Lo que sí está claro es que para que EEUU pida extradición de estas personas es porque se cometió una conducta delictiva en EEUU, a pesar de que el crimen fue en Colombia. Si se llega a demostrar que uno de los bancos fue utilizado para hacer llegar a Colombia la plata que salió de Paraguay para pagar el crimen, estaríamos frente a una legalidad acerca de que ese país pida la extradición. Eso es lo que cree EEUU”, manifestó Urueta en comunicación con la 1020 AM.

Enfatizó que con la evolución de las investigaciones, en Colombia existe la convicción de que se puede llegar hasta la persona que ordenó matar a Pecci.

“No es una retaliación a ese pedido de extradición. Se está solicitando una reunión urgente con la Fiscalía de Colombia para tratar ese asunto, pero no se pueden ir a EEUU si no llegamos a los autores intelectuales y yo creo que tarde o temprano lo haremos”, acotó.

El funcionario colombiano significó que la pesquisa de la DEA, podría desembocar en dilucidar las conexiones que se tejieron en torno al magnicidio.

“Pienso que se debe determinar si el fiscal Pecci fue asesinado por alguna persona intelectualmente que esté relacionada con actos delictivos en EEUU. Tiene que demostrarse muchos elementos probatorios que demuestren que estas conductas afectaron a ese país”, concluyó Urueta.

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Jara quedó con graves heridas como consecuencia del arrollamiento. Esto ya demandó muchos gastos médicos, según indicó, además de la imposibilidad de retomar su trabajo en la entidad comunal. Su cuadro empeora, considerando que la mujer está en tratamiento para someterse a una cirugía, explicaron familiares.

La agente Jara de la Unidad Operacional N° 2 se encontraba dirigiendo el tránsito cuando fue embestida por un automóvil.

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El arrollamiento quedó grabado por las cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa a la uniformada cuando es atropellada por un conductor que pretendía incorporarse a la Avenida Mariscal López desde una de las arterias transversales (calle Bernardino Caballero).

Se observa también a la agente que estaba permitiendo la circulación de los vehículos que transitaban sobre Bernardino Caballero y que en ese momento se dispuso a detener el paso de los automovilistas para volver a habilitar la avenida Mariscal López. Allí el conductor la embiste, por lo que se verifica la negligencia de Delgado Ayala, que no prestó atención a la funcionaria comunal.

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Los últimos tres episodios de violación a mujeres, los cometió en una semana, y hay otros seis casos denunciados que no se formalizaron por temor de las victimas, según señala la concejal ovetense Rossana Bogado, quien indicó que la presunción que tienen los investigadores, es que el sujeta acciona del modo como lo hace, para evitar huellas de ADN que pudiera llevar a su identificación.

“Es bastante llamativo el modo como toma precauciones para cometer los abusos, a fin de ser detectado”, dijo Bogado en comunicación con la 1020 AM.

En todos los caos reportados, se menciona al victimario como una persona baja y robusta, que amenaza a sus victimas con cuchillo, y que ingresa las casas en donde viven mujeres solas, generalmente jóvenes, conforme observan policías que están tras los pasos del criminal.

En el más reciente episodio (el viernes pasado) la mujer que sufrió el ataque, llegó a arrebatar el cuchillo al sujeto, con el que le ocasionó una herida cortante en el pecho, lo cual hizo que el atacante huyera.

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