El pasado viernes 21, Silvio Arévalos Villalba llegó hasta la Municipalidad de Presidente Franco para hacerse responsable de la multa de G. 4 millones establecida por la comuna, por la tala indiscriminada de árboles que se estaba realizando en una propiedad ubicada en el barrio Tres Fronteras y donde la empresa Inmobiliaria del Este, del Grupo Zuccolillo, pretende desarrollar un ambiosioso proyecto comercial.

Sin mediar reparos, Arévalos pagó íntegramente la totalidad de la multa establecida y ahora se aguarda la intervención de la fiscalía del ambiente, teniendo en cuenta el crimen ecológico perpetrado en el lugar, además de que el desmonte se realizó sin ningún estudio de impacto ambiental.

Antes de la publicación del hecho, que había realizado hace unos días el diario ADN, en la propiedad estaba fijado un cartel con el logotipo de Inmobiliaria del Este, con la leyenda: “Prohibido pasar, propiedad privada”. Sin embargo, tras la denuncia del referido medio, dicho cartel desapareció misteriosamente del lugar.

PROYECTO AMBICIOSO

La propiedad se encuentra en el área de influencia de lo que será el futuro segundo puente sobre el río Paraná, que unirá nuestro país con Brasil. La empresa inmobiliaria, propiedad de Aldo “Acero” Zuccolillo, director del diario ABC Color, tiene un ambicioso proyecto una vez que concluya la obra sobre el Paraná. Uno de los planes sería la construcción de locales comerciales, considerando el flujo turístico que supondría la terminación del segundo puente.

Otro plan que el grupo empresarial tiene es la construcción de un hotel en el lugar o de un shopping como ahora tiene previsto construir en la zona de Encarnación, donde el año pasado adquirió, en una dudosa operación con el municipio encarnaceno, un inmueble que le costó US$ 4,5 millones y que según los concejales opositores fue una “ganga”, en un contubernio entre el intendente Luis Yd y el empresario.

CAMPAÑA CONTRA HOTEL CASINO

Una de las explicaciones de la insistente campaña de los medios de comunicación propiedad de los Zuccolillo, en contra del megaproyecto que se pretende instalar en un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) ubicado en Ciudad del Este, es la intención de potenciar la zona de Presidente Franco, donde se construirá el segundo puente y en cuya zona el empresario posee varias propiedades.

La instalación de un hotel-casino en el Este, en el terreno que tiene la ANNP, todavía no fue licitado y la figura a ser utilizada será la de una concesión por 30 años, por la cual, según el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, la institución pública recibirá US$ 100 millones. Una vez concluida la concesión, las obras quedarán en manos de la ANNP. Leite había cuestionado la campaña mediática que había utilizado el término “despojo”, cuando en realidad nunca se producirá tal cosa, por las razones explicadas.

ANTECEDENTES DE DESMONTES

No es la primera vez que el Grupo Zuccolillo es denunciado por la tala de árboles. En el lugar donde hoy está el Shopping Mariscal, propiedad del referido empresario, se depredó añosos árboles del “pequeño bosque” de la zona de Villa Morra para ampliar sus instalaciones en la manzana adyacente de Quesada, Doctor J. Eulogio Estigarribia, San Roque González y Teniente Zotti. El lugar era utilizado anteriormente por el local comercial como estacionamiento adicional.

Según los vecinos, en dicha manzana habían tres antiguas casonas, que fueron adquiridas por el empresario en los últimos años para concretar su proyecto. Los miembros de la organización denominada “No a la destrucción de la Plaza Infante Rivarola”, denunciaron en su momento que los árboles eran derribados con mucho sigilo en horas de la noche para evitar los cuestionamientos. Vendedores ambulantes apostados al costado de la construcción comentaron igualmente que vieron salir varios camiones que llevaban los árboles del lugar.

Fuente: La Nación.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.