José Fernández Zacur, abogado externo de las firmas IMEDIC y EUROTEC, indicó en entrevista con la radio 800 AM que desde los mandos medios de Salud Pública decidieron enviar una nota a la aseguradora comunicando el incumplimiento del contrato, sin tener una resolución de la máxima instancia de la institución. Esto se habría dado en atención a que el ente estatal dio un adelanto del 20% a las proveedoras de insumos médicos, pero estas no cumplieron con lo pactado y casi todo el lote traído de China fue rechazado por no cumplir con las especificaciones.

El letrado señaló que ya planteó un recurso de reconsideración y ver la posibilidad de apelar la decisión, de modo a encontrar una salida al embrollo. Aseguró que ambas firmas desean sentarse a encontrar una solución, porque no existe ningún carguero que esté viniendo al país con insumos médicos, por lo que Salud Pública debe llegar a un acuerdo con sus clientes, a su parecer.

Lamentó que el objetivo de la actual situación “es el tiroteo y quemarles en la plaza pública” a los representantes de estas dos firmas. “Este problema que tienen las empresas, los tuvieron los gobiernos que decidieron arriesgarse a hacer las compras mediante intermediarios. (Mis clientes) están desesperados por encontrar una solución. No saben si cambiar o hasta donar los insumos. Pero no hay línea de conversación con el Ministerio”, argumentó.

Fernández Zacur indicó que Salud Pública rechazó las mascarillas porque sus indicaciones están en inglés y no en español, tal como requería el pliego de bases y condiciones. Al respecto, aseguró que por la urgencia del pedido y el poco tiempo, fue imposible hacer la traducción. “La marca aceptada era HK y ayer arrimamos una constancia de la misma. Aclaramos que la marca HK es igual a la marca HK tal cosa”, agregó.

Reconoció además que fue una sorpresa para la propia compañía proveedora que las camas no cumplan con las especificaciones (son solo de dos niveles, pero deben ser tres, y no tienen el colchón). “Nosotros nos hicimos responsables y ofrecimos una salida”, insistió.

En otro momento, el abogado dijo no conocer quiénes dirigen la empresa. “Me contrató la persona que me contrató. Soy abogado de una persona jurídica, no una física”, indicó y optó por resguardarse el dato. Según trascendió, ambas firmas pertenecen al empresario Justo Ferreira, quien tiene oscuros antecedentes.

Tampoco el entrevistado sabe si la familia Samaniego tiene relación alguna con el lote. Vale recordar que el depósito en el que encontraron las camas hospitalarias que llegaron de China, luego de una denuncia por parte de los vecinos, resultó ser propiedad de una sobrina del diputado Arnaldo Samaniego y la senadora Lilian Samaniego. “Eso si que ya no sé”, dijo sobre el punto.

En comunicación con Radio Ñandutí, José Fernández relató que, después de participar de un partido de pádel, su esposa Pamela Vill se sintió ofendida por un saludo que recibió de otra mujer, quien es pareja de un integrante del equipo contrario.

“Me cuestionó el saludo y kilombo me armó.. Terminó el partido, salimos y fuimos a la quinta. Ahí rompió todo lo que había, rompió el blindex, la cocina, todo. Me mordió el brazo y le dije a su hija de 17 años que llame al 911 y no llamó. Luego agarró la plancha. A su hijo le pidió un cuchillo y dijo que me iba a matar, se fue a traer su hijo y al final le dijo a su mamá, que no le iba a dar”, denunció,

El hombre mencionó que su esposa le “reventó la frente con la plancha” y que la agresión le produjo un fuerte sangrado.

“Pamela me dijo que iba a llevarme al sanatorio y le dije que no. Le llamé a mi amigo para que me llevara”, acotó el denunciante, quien asegura que es la cuarta o quinta vez que es víctima de las agresiones de la mujer.

Sin embargo, Pamela Vill publicó un mensaje en las redes sociales en el que acusa a su pareja de no pagarle una deuda. “José Fernández deja de esconderte y devolveme mi dinero para salir de esa quinta de mierda donde me hiciste vivir un infierno. Mi propio marido me denunció y todo por no pagarme, en síntesis, resultó ser una mierda, pagame y deja de ser sinvergüenza, porque todo voy a demostrar, caradura de mierda, antes que abra mi boca y todo el mundo sepa lo que hiciste”, expuso.

La declaración de emergencia regirá los días 20, 21 y 22 de mayo para que buses internos de Asunción y Central, así como buses escolares, operen durante el paro de Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama).

El pedido fue presentado a la Junta Municipal de Asunción y busca garantizar a la ciudadanía alternativas de movilidad para que se trasladen hasta sus trabajos o estudios durante esos tres días.

Estos tendrán un costo, porque son buses internos de la comuna quienes saldrán cubrir los itinerarios que quedarán en falta con el paro.

Desde el Gobierno también anunciaron que se pondrán a disposición buses del Estado para ofrecer el servicio gratuito a las personas en rutas e itinerarios específicos.

Empresarios del transporte público ligados a la Cetrapam anunciaron el lunes pasado el paro desde el 20 de mayo como protesta a una serie de requerimientos a las autoridades, entre ellas, una actualización a la tarifa técnica del pasaje.

La Ucetrama también se adhiere a la medida, sin embargo, las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Are­güeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando porque no se suman al paro.

La superpoblación de reos, que supera las seis mil personas, determina hacinamientos en las unidades penales, que a su vez plantea cuestiones de seguridad de alta graduación.

La superpoblación de cárceles ya tiene un primer abordaje, con el traslado de internos al nuevo penal de Emboscada.

En cuanto al reclusorio de mujeres del Buen Pastor, para fin de año se prevé el inicio de obras de lo que será el nuevo penal para femeninas, también en Emboscada. La mudanza de este penal es otro de los pasos adelante para el problema de las penitenciarías.

En lo que respecta a la seguridad, también Justicia reporta importantes movidas para desactivar los clanes criminales que, en el gobierno pasado, torcían los brazos a las autoridades penitenciarias.

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El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, señaló al respecto que, ahora las cárceles del país, están totalmente al mando del gobierno. Dijo que, con la terminación de los centros penitenciarios nuevos, se ampliará el proceso para diferenciar a los reos de alta peligrosidad, con respecto a los que no cuentan con esa característica.