Por este hecho el abogado Daniel Lobo demandó a la  Corte, ya que según el mismo, viola garantías constitucionales, respaldando la resolución por la cual la jueza Rosarito Montanía ordenó “irregularmente” conforme su escrito, interceptar sus comunicaciones.

Son sujetos de la demanda los ministros César Garay, César Diesel, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón.

El abogado  Lobo había ejercido la defensa de Juan José Dubini Franco, durante la tramitación de una investigación preliminar  ante el juzgado especializado en crimen organizado a cargo de la  jueza Montanía.

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“La referida causa tenía por objeto la averiguación de situaciones que, conforme a investigaciones de la Policía Nacional a través de la Unidad Especializada de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos (SIU) vinculaban al señor Juan José Dubini Franco en la participación de un supuesto tráfico de estupefacientes. En el marco de dicha investigación fue detenido mi mandante ya mencionado, por lo que, en sede fiscal al ser llamado a declarar, he participado en calidad de defensor, denunciando ante las autoridades correspondientes mi relación procesal a tal efecto y en el marco de la investigación ya indicada, hechos que se corroboran con las interceptaciones de mi línea telefónica, donde en las escuchas se evidencia el trato abogado-cliente y no cómplice como lo hace ver la explicación de la publicación obrante en la página web del Poder Judicial” acusa el demandante.

“Agraviado por el abuso de los derechos que hacen al ejercicio de mi profesión y que conculcan la garantía del debido proceso que ampara a mi mandante, he acudido al Colegio de Abogados del Paraguay a los efectos de que tomen conocimiento de cuanto tengo expresado en materia procesal, permitiéndoles acceder a la documentación que acreditaba mis declaraciones, y que se adjuntan igualmente a esta presentación”, añade.

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Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.