En una conferencia de prensa convocada este lunes, los integrantes de la Asociación de Asistentes Fiscales, respondieron a las acusaciones del fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quien durante un recorrido por las unidades del interior, reportó que las oficinas estaban vacías.

“No existe ninguna reglamentación por la que se obligue al funcionario a trabajar domingos y feriados hasta las 5 de la tarde, estamos esperando la mesa de trabajo con el nuevo director de asuntos gremiales designado el jueves”, comentó  Justo Duarte, durante una entrevista previa con Gen-Nación Media.

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Indicó que, hasta hoy no conocen al nuevo director, quien les responde que tiene otros asuntos que atender, pese a que, su nuevo cargo implica precisamente,  conversar con los funcionarios, en el marco de una mesa de diálogo.

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📌 Tras las acusaciones del Fiscal General, asistentes fiscales se pronuncian. Más información con @CorvalanJoel.

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— SomosGENAhora (@SomosGENAhora) March 20, 2023

Por su parte, Carolina Palacios, negó que las oficinas estén vacías y sostuvo que el fiscal debe enterarse de las precariedades que padece hoy la institución, antes de hablar.

“Estamos sorprendidos de que las decisiones que toma el fiscal general son a través de Twitter y de Facebook, eso tiene que ser mediante resoluciones, o sino, el que no tiene redes no se entera”, alegó.

Recorrido por fiscalías zonales. Caso Itagua, San Antonio y Villa Elisa, orfandad absoluta. Ningún personal de turno presente, ni siquiera de seguridad. Esto también va a cambiar

— Emiliano Rolon (@EmilianoRolon33) March 19, 2023

Sin embargo, hasta el momento, las publicaciones de Rolón se limitan a una descripción de la realidad con la que se va encontrando y no así con alguna disposición.

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El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.