La jueza Magdalena Narváez, quien fue muy cuestionada por liberar al diputado Ulises Quintana, reconoció que no leyó la totalidad del expediente, que consta de 20 tomos.

La misma estableció como fianza una propiedad valuada en 460 millones de guaraníes, que fue propuesta por la defensa del político a inicios del proceso cuando el anterior juez Ayala Brun le impuso la medida de prisión preventiva, la cual ella revocó ahora.

Lo que la nueva jueza del caso obvió fue que el inmueble que había ofrecido la defensa en ese entonces posteriormente fue embargado. “La fiscal advirtió eso y luego corroboré que el anterior juez había embargado”, reconoció, aunque esto se dio luego de que Quintana obtuviera su libertad.

“Tengo que reconocer que fue un error no tener a mano eso al momento de definir sobre el inmueble que se dejó como garantía real. Tomé esa situación como una fianza real. No sé si me expongo a mal desempeño de funciones, porque solo es un error procesal”, dijo.

Señaló que para concretarse esta liberación, la defensa presentó un incidente el miércoles 3 de julio, la Fiscal contestó el viernes y ella ya resolvió el lunes. Alegó que se debe actuar lo más rápido posible porque se está analizando la privación o libertad de una persona, que es un bien jurídico más importante.

Narváez alegó en entrevista con la R800 AM que en este caso no hay peligro de fuga u obstrucción de la justicia, pese a que la Fiscalía considera lo contrario.

“Él (Ulises Quintana) no está en libertad porque se le impuso una fianza real, él está en libertad porque la ley establece que él debe estar en libertad. Como medida para asegurar su sometimiento al proceso, le impuse la fianza real, que puede ser modificada y ahora estoy en eso”, dijo a Unicanal.

Liberó a Ulises Quintana, sin información: Jueza admite que no leyó el expediente pero pese a eso lo dejó en libertad porque “no obstruye a la justicia”.
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— Unicanal (@Unicanal) 10 de julio de 2019

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.