El concejal de Asunción, Martín Arévalo, explicó a la 650 AM que “hay algunas cosas que les hacen mover a los muchachos” en relación al casino que la empresa Crown Gaming Paraguay SA, de Adriana Gorchs de Cabello pretende construir en la esquina de San Martín y Teniente Vera de Asunción.

La instalación del casino fue vetada por el propio intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en noviembre de 2016 pero ahora, casi un año después, el mismo jefe comunal estaría pisando lo que resolvió al aprobar la instalación del local de juegos de azar.

Arévalo expresó que ya existe un dictamen de comisión sobre el punto y que existen dos dictámenes: por la aprobación y por el rechazo. Recordó que por el visto bueno votaron los concejales Víctor Hugo Menacho, Javier Pintos y Julio Ullón, todos de la ANR.

Recordó que existe una reglamentación que prohibe que los locales de juegos de azar se ubiquen a menos de 300 metros de centros educativos. En la zona están instalados el colegio Roberto Schaerer, el Centro Cultural Paraguayo-Americano (CCPA) y la Universidad del Pacífico (UP).

“Hay toda una situación bastante rara”, sostuvo Arévalo quien indicó que los casinos ya existentes en la zona fueron construidos antes de la legislación que establece las restricciones de distancia sobre los centros educativos.

El miércoles, en la sesión ordinaria de la Junta Municipal, los concejales estudiarán el dictamen. Si se impone la aprobación, el documento se remite a la Intendencia donde Ferreiro probablemente actúe en consecuencia y se termine construyendo el casino. Por otro lado, si se vota por el rechazo, el caso va al archivo y el casino en zona estudiantil no podrá construirse.

En agosto de 2015, mientras Arnaldo Samaniego dejaba la intendencia para que lo supla el entonces presidente de la Junta Municipal, Omar Pico, la Intendencia aprobó la construcción del casino en esa zona.

La aprobación de la era Samaniego-Pico se produjo en abierta violación a la ordenanza del plan regulador y que establece la prohibición de juegos de azar a menos de 300 metros de instituciones educativas.

El casino, de construirse, violará la resolución 36/2016 de la Conajzar que establece que no se podrá aprobar la construcción a menos de 500 metros a la redonda de instituciones educativas.

En noviembre de 2016, Mario Ferreiro veta la instalación del casino, cuya estructura ya estaba construida, alegando que la licencia comercial se presentó a destiempo.

Sin embargo, la intención parece estar firme y el casino finalmente se instalará gracias a un acuerdo entre Ferreiro y concejales de la Junta Municipal.

En ese momento el mismo revisó su celular y fue el instante en que un joven le arrebató el móvil y emprendió la corrida, pero el agente reacciono con rapidez y lo alcanzó y aprehendió.

“Es un joven de 17 años que reside en el barrio Chacarita, fue detenido y llevado a la comisaría, pero como es menor fue puesto a disposición de sus padres”, dijo el comisario Savino López, de la repartición policial interviniente.

El episodio se suma a una serie de eventos de ese tipo, reportados a diario por automovilistas. La modalidad, conocida como ‘descuidista’, también tiene su variante motorizada: ladrones en biciclos que aprovechan para atracar a automovilistas que paran en semáforos o por atascos, y que cometen el error de exponer sus teléfonos móviles al alcance de los ladrones.

En este contexto, el consejo policial para evitar estos ataques es no descuidarse en sitios donde se verifican pausas en el andar de vehículos.

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Constantemente, el diario ubicado sobre la calle Yegros presenta en sus ediciones impresa y digital publicaciones sobre la criptominería. El enfoque de estos artículos, en su mayoría, son positivos, demostrando las bondades que ofrece este negocio.

Desde editoriales, artículos de opinión y noticias con autoridades o referentes de las cripto granjas, el diario ABC Color viene posicionándose a favor de esta industria minera. La última nota compartida sobre el tema guarda relación con la posibilidad de que la energía excedente de las binacionales sea destinadas a las empresas dedicadas a la criptominería.

Al respecto, ABC publicó que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, designado como negociador de la tarifa de Itaipú para el año en curso, reconoció que el Gobierno fue a negociar con el Brasil con la idea de la creación de un fondo binacional “y puede ser que eso esté trancado”. Por tanto, indicó que se debe acelerar el proceso para la venta de energía a nivel local.

“La industria que capta mano de obra y mucha energía tal vez tarde un poco más (en venir al país), porque tiene su proceso, entonces vamos a mirarle a las criptomineras con otros ojos y a usar la característica que tienen para monetizar nuestra energía que le estamos vendiendo al Brasil a un costo muy bajo”, dijo recientemente.

Por otra parte, el medio periodístico en cuestión trajo a colación que, en la audiencia pública realizada el martes pasado en el Senado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la criptominería en el país, los directores de la ANDE resaltaron que este año la institución facturará a las criptomineras US$ 100 millones y que el próximo se duplicará ese monto.

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EL NEGOCIO QUE HAY DETRÁS

Una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la ANDE. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.

De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a tra­vés de la administración y distribución de energía eléc­trica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.

En setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccoli­llo, que se encarga del Sho­pping Mariscal, al detec­tar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de crip­toactivos”.

En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la prác­tica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la acti­vidad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modifi­cación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial, y aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el pro­cesamiento de datos, provi­sión de servicios de almace­namiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

Ese mismo mes, en una nota enviada por el direc­tor del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titu­lar de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba ade­más la “gestión interna” de la energía eléctrica en algu­nos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suminis­tro de energía.

Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.

El agente fiscal Reinaldo Castillo decidió formular imputación contra Florentina “Ñeca” Chávez, de 53 años, por el hecho punible de homicidio doloso.

La mujer es acusada por la muerte de su pareja sentimental Sergio Daniel Ledesma Urtado, de 25 años, en un hecho ocurrido la mañana del lunes en la localidad de Hohenau, Itapúa.

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Según explicó Castillo a Nación Media, tomó la determinación de imputar a la acusada luego de recabar testimonios de algunos testigos, entre ellos los hermanos de la víctima, quienes confirmaron que frecuentemente la pareja tenía discusiones.

“Tenemos indicios que nos hacen suponer que el ataque se habría producido de esa forma (por una cuestión de celos)”, refirió el representante del Ministerio Público. De acuerdo a la familia, “Ña Ñeca” acostumbraba a ser celosa y agresiva.

El conflicto tendría su origen en el deseo del joven de terminar la relación (que llevaba cerca de 5 años), decisión que la mujer no aceptaba.

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Hasta el momento, no se logró conversar con la mujer debido a que aún permanece internada en el Hospital Regional de Encarnación. Una vez sea dada de alta, quedará en calidad de detenida y será convocada para prestar declaración.

El reporte menciona que Chávez fue hasta la casa de Ledesma para asesinarlo, propinándole estocadas en el cuello y el pecho. Tras cumplir con su cometido, habría intentado autoeliminarse cortándose las venas de las muñecas.