El 2021 se caracterizó por la desastrosa y criminal gestión sanitaria en nuestro país. Miles de familias quedaron enlutadas tras el duro impacto de la pandemia del Covid-19. Hoy muchas siguen lamentando la falta de respuestas de las autoridades cuando la situación fue la más crítica.

“Vivimos momentos difíciles con mi hijo que falleció, que no pensamos que se iba a ir tan rápido así. Debimos en todas partes para conseguir los medicamentos”, indicó Lina Marecos, madre de un joven que fue víctima del Covid-19.

La mujer dijo a La Caja Negra (Unicanal) que mientras muchas familias pasaron momentos sumamente difíciles, las autoridades se lucieron por su ineptitud e inoperancia, al no poder responder los pedidos de la ciudadanía. En su caso, gastaba entre 5 y 8 millones de guaraníes por día para poder solventar la compra de medicamentos. Para conseguir el dinero debía hacer millonarios préstamos y también polladas con sus vecinos.

“Juan Pueblo puede morir, pero los magnates, los bandidos de siempre, esos no van a morir, ellos siguen robando al país”, dijo sumamente afectada Marta Marecos, hermana del fallecido por Covid-19. “Fue muy desesperante, muchos no tenían el dinero para comprar medicamentos y veíamos cómo la gente salía en bolsas. Así moría nuestro pueblo”, agregó.

Desastrosa y criminal gestión sanitaria.

“Vivimos momentos difíciles con mi hijo que falleció, que no pensamos que se iba a ir tan rápido así. Debimos en todas partes para conseguir los medicamentos”.

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— La Caja Negra (@CajaNegraPy) January 19, 2022

En medio de las restricciones adoptadas por el Gobierno, con la promesa de fortalecer los centros hospitalarios para atender a los pacientes (situación que finalmente no se cumplió), se generó un verdadero problema en cuanto a lo económico, ya que muchas personas ya no podían salir de sus casas para conseguir el pan de cada día.

Es así que se generaron las ollas populares, una medida solidaria generada por la propia ciudadanía, sin la ayuda del Estado. Recién tras mucha presión, las autoridades se dignaron a apoyar estas ayudas ciudadanas.

Kimberly Samaniego, de la articulación de ollas populares, recordó que la iniciativa surgió ante la crisis de ese momento y destacó la solidaridad de las personas que donaban los insumos. “Cuando pasó el tiempo, pararon las donaciones y entonces tuvimos que ver con el Gobierno otra medida de ayuda para seguir con las ollas populares”, sostuvo.

La voluntaria recordó que se vieron obligados a hacer manifestaciones para exigir la ayuda del Estado. Y si bien llegó esa ayuda estatal, esta era en poca cantidad y con insumos de baja calidad. Solo hasta agosto del año pasado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) proveyó los kits.

Kimberly sostiene que es necesario continuar con las ollas populares, atendiendo a que muchas familias aún no se recuperaron del todo y necesitan ser asistidas.

Ciudadanía exige saber donde se fueron a parar los Gs. 1.600 millones de préstamo para la pandemia.

“La SEN proveyó hasta agosto del año pasado, porque después nos avisaron que ya no había recursos”.

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Mientras todo esto ocurría con la ciudadanía, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se dedicó a destinar casi 3 millones de dólares –sin contar con el mobiliario- a un proyecto personal: el de replicar en Lambaré el lujoso rancho ‘Neverland’ del rey del pop Michael Jackson.

Una de las casas de la propiedad conocida como la Quinta Bo, ubicada sobre la avenida Félix Bogado de Asunción, perteneciente a la familia de la Primera Dama, donde vivía anteriormente el presidente de la República con su familia antes de llegar al poder, fue refaccionada en plena pandemia y demandó una inversión de casi 3 millones de dólares, según datos arrojados por arquitectos consultados por La Caja Negra, a partir de fotografías de lo que anteriormente era la residencia y de cómo quedó en la actualidad.

Para ello no tuvo mejor momento que hacerlo en plena pandemia del Covid-19. Según imágenes satelitales a las cuales accedió La Caja Negra, se observa que las nuevas mejoras iniciaron entre octubre y noviembre del 2019, cuando Marito llevaba un año en el poder. Luego las labores se intensificaron pese a la llegada del coronavirus al Paraguay. En los sucesivos meses la edificación avanzó a toda marcha, culminando la obra en marzo del año pasado.

Al hacer el desglose de la edificación, se observa que se ejecutaron obras nuevas con un costo aproximado que estaría en torno a los 900 dólares el metro cuadrado, y reformas que tendrían un estimativo de 600 dólares por metro cuadrado, de acuerdo a consultas hechas a expertos en el área de la construcción.

Es así que la reforma de la casa que ya estaba instalada en ese lugar habría tenido un costo aproximado de casi un millón y medio dólares, la casa adicional más pequeña costaría unos 241.872 dólares, las obras en el acceso principal, hall y sala doble de altura habrían demandado la suma de 335.808 dólares, un nuevo mirador habría sido instalado por unos 111.168 dólares y el reacondicionamiento total de la piscina habría costado 58.800 dólares. Sumando todas las mejoras hechas, se obtiene la suma de 2.213.496 dólares.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.