La causa posee 26 imputados, la mayoría cuenta con medidas alternativas a la prisión. No obstante, hay algunos que optaron por salir del país de manera clandestina. Es el caso de Luis Osvaldo Sánchez González y Brian Esteban Martinez Jara, quienes estaban prófugos tras la quema de la sede legislativa y hoy fueron detenidos en Uruguay.

“Consideramos que la figura jurídica internacional de refugio no debe darse a quienes posean imputaciones por delitos comunes en el país de origen”, dijo el abogado Juan Sosa Bareiro y agregó que lastimosamente realizaron esta fuga con el acompañamiento de dirigentes políticos, cuyo comportamiento extraña de sobremanera a la defensa. Los investigados no demostraron interés para aclarar los hechos, acotó el letrado.

El letrado estimó que de concretarse la extradición, los liberales no deberían ser beneficiados con las mismas medidas a la prisión, por el antecedente.

El expediente hoy en día está paralizado por una cantidad impresionante de chicanas, pero el abogado aseguró que el caso no se extinguirá. Celebró que la justicia garantiza que el proceso se interrumpa al darse casos de fugas para luego retomarlo.

“La defensa de los imputados, más que buscar la transparencia, buscó dilatar el proceso. Una cosa es manifestarse, pero otra es que políticos aprovechen movilizaciones para contratar vándalos y atentar contra una institución del Estado”, lanzó.

Así también refirió que uno de los detenidos, conocido como “Amuleto”, identificó a tres personas trajeadas que le contrataron a él y a sus amigos por 100.000 guaraníes cada uno, cuando estaban en la cancha Resistencia. Se presume que los mismos responden a sectores políticos. “Hay que llegar a los autores morales”, acotó.

En su declaración citó los nombres, pero resaltó que prefería no dar a conocerlos aun. Reveló, no obstante, que uno de ellos trabaja con operadores políticos, otro en el Paramento y además aparece un chofer de un político.

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Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.