Con la llegada del verano, son muchas las personas que optan por ir a lugares de esparcimiento donde exista alguna piscina o, en su defecto, algún curso hídrico disponible, ya sean arroyos, lagos o saltos.

Este martes, la ciudad de San Bernardino se vio sobrepasada por la gran cantidad de personas que fueron a pasar la Navidad, esto pese a que las aguas del lago Ypacaraí no están en condiciones para el uso recreativo.

A raíz de esta situación, desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) han vuelto a hacer hincapié en la vigencia de la Resolución N° 159/05 que establece los requisitos para la habilitación de playas y balnearios de todo el país.

Sobre este punto, la cartera estatal señaló a través de un comunicado que “los responsables de estos establecimientos se encuentran obligados a contar con los medios necesarios para cumplir la disposición de manera a evitar situaciones de responsabilidad legal”, entiéndase, algún tipo de problema que pudiera presentarse eventualmente.

SANBER Y LA COSTANERA, SIN LICENCIA AMBIENTAL

Dos de los lugares que actualmente no cuentan con licencia para este período son la playa de San Bernardino y la Costanera de Asunción, según lo confirmó la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del MADES, Edelira Duarte.

En entrevista con Unicanal, la misma indicó que los municipios deben encargarse de corroborar que las playas y balnearios puedan estar en condiciones para recibir a los veraneantes, así como de controlar la vigencia de la licencia ambiental.

Al respecto, Duarte señaló que varias personas van a este tipo de lugares sin contar con la seguridad suficiente, sobre todo en lo que respecta a la calidad del agua, por ello recalcó que al tener un control formal se puede certificar que todo está en condiciones y que no existe ningún riesgo para la salud.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

En caso de las instalaciones no cuenten con los requisitos mínimos establecidos, las multas oscilan entre 3.000 y 10.000 jornales mínimos, lo cual asciende a cifras de entre G. 243.837.252 y G. 812.520.000 respectivamente.

¿QUÉ SITIOS ESTÁN HABILITADOS?

Para corroborar cuáles son las playas y balnearios habilitados actualmente, el Ministerio del Ambiente pone a disposición de la ciudadanía la página web www.mades.gov.py/balnearios.

REQUISITOS PARA PLAYAS Y BALNEARIOS

Entre algunos de los principales requisitos a tener en cuenta para habilitar una playa o balneario se encuentran:

*Contar con la licencia ambiental expedida por el MADES (ex SEAM).

*Figurar en los registros de usuarios del agua del MADES.

*Contar con patente municipal para operar como balneario.

*Poseer el análisis de calidad de agua expedido por la autoridad competente, en este caso, el Servicio Nacional de Sanidad Ambiental (SENASA).

*Contar con mecanismos de seguridad y accesibilidad (salvavidas y paramédicos).

*Habilitar servicios sanitarios, instalaciones y mecanismos de gestión de residuos.

*Disponer de información ambiental, señalética y caminos interiores seguros.

*Tener disponibles servicios de primeros auxilios, provisión de agua potable, estacionamiento dentro del predio, control de polución sonora, etc.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.