En páginas como Clasipar, Negociable o Hendyla, los taxistas ofertan las paradas en distintos puntos del país. En Asunción existen zonas “apetitosas”, como el microcentro, donde los espacios llegan a alcanzar la suma de 200 millones de guaraníes, monto que incluye la cantidad de rodados y de los conductores que allí permanecen.

Un secreto a voces es que hasta existen empresarios dueños de las paradas que vuelven a “tercerizar” sus automóviles. En ese sentido también en las páginas web se ofrece la posibilidad de alquilar el sitio para trabajar como taxista.

Esta práctica, que es desconocida por las autoridades, se realiza alegremente, mientras el sector del “enjambre amarillo” ni siquiera abona un canon al municipio por el usufructo del espacio público.

El director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, Luis María Pereira, confirmó días atrás que los taxistas no tributan por el uso de los espacios públicos para sus paradas en la capital, ni por el servicio que prestan.

“Simplemente se establece la parada con una cierta cantidad de vehículos que debe haber en la parada”, explicó en charla con el canal GEN.

Señaló que actualmente son 79 las paradas habilitadas en la ciudad de Asunción, cada una de ellas con una determinada cantidad de vehículos de acuerdo a la demanda de la zona que cubren.

En ese sentido, dijo que se encuentran habilitados 380 vehículos en Asunción para prestar el servicio de taxi.

¿Paradas de taxi, el gran negocio que no paga tributos?
El concejal Federico Troche dijo que la Municipalidad no recibe pago alguno por espacios públicos ocupados por taxis, asegura que esa transacción es realizada entre ellos mismos.#DiaADiaPy #TelefuturoPy pic.twitter.com/vxGAzl72Qv

— Telefuturo Informa (@TelefuturoInfo) 10 de julio de 2019

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

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Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.