El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia junto a los expresidentes de Petropar Denis Lichy y Pedro Román Renna fueron convocados por la Comisión Bicameral encargada de considerar el informe y dictamen de la Contraloría General de la República sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del ejercicio fiscal 2022.

Ambos deberán comparecer sobre las irregularidades detectadas en la administración de los bienes del Estado que figuran en el informe de la Contraloría General.

Cabe mencionar que dentro de Petropar, los documentos presentados por la Contraloría Ga la Bicameral demuestran irregularidades por valor de 200 millones de dólares, mientras que en el MOPC el monto corresponde a 160 millones de dólares.

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Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión, explicó que el cuestionamiento principal para la administración anterior del MOPC se encuentra en la instancia de auditoría forense, con posibilidad de ser comunicado como un reporte de indicio de hecho punible al Ministerio Público.

“Corresponde a una observación de aproximadamente 160 millones de dólares que guarda relación con la imposibilidad de la Contraloría de poder determinar a qué empresas se pagaron, en qué conceptos corresponden los pagos y cuánto se pagó como de anticipo”, sostuvo.

La comparecencia será el día jueves 26 de octubre a las 10:30 horas para el exministro del MOPC Rodolfo Segovia y para el expresidente de Petropar, Pedro Román Renna; mientras que Denis Lichi se presentará a las 12:00 horas.

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La reunión será en el salón Acosta Ñu de la Honorable Cámara de Senadores (5° piso), donde será desarrollada la cuarta reunión de la Bicameral y en la que se analizará además los avances de hechos punibles y puntos que no figuran en el informe de la Contraloría.

Además del MOPC y de Petropar, la Contraloría General de la República, detectó irregularidades en Instituto de Previsión Social, la Dirección de Aeronáutica Civil y varias administraciones municipales.

El licenciado Édgar Fernández, presidente del sindicato de trabajadores y funcionarios del SNPP, indicó que si bien no están ajenos a la crisis financiera que atraviesa el IPS y la necesidad de que esta institución se recupere, no acompañan el cambio que se pretende introducir a su carta orgánica.

“Entendemos la situación del IPS, pero uno de los principales coadyuvantes para formalizar el empleo es el SNPP con los egresados formados”, expuso en entrevista con Hoy Digital / Nación Media.

Los funcionarios temen que, al dejar el IPS de aportar el flujo de 2,5% de los aportes patronales que se destinan a Sinafocal, Senepa y SNPP, estos servicios queden desfinanciados y ya no puedan seguir operando. “Será casi imposible sostener las unidades operativas, porque no escuchamos que se haya propuesto aún una salida a cómo se sostenerá el SNPP”, dijo. Si bien se llegó a plantear la posibilidad de recurrir a la fuente 10 (Recursos del Tesoro), los funcionarios sindicalizados no confían en esta forma de financiamiento.

Por último, Fernández trajo a colación que la ley de creación del SNPP estableció que los empleadores aporten el 1% para ese servicio, y que se dispuso que el IPS recepcione ese aporte. “No es que el SNPP se apoderó el 1% que se aportaba al IPS, eso es totalmente falso. Sino que se agregó el 1% al IPS para que se destine al SNPP”, aclaró.

El Instituto de Previsión Social (IPS) plantea un proyecto de ley que busca modificar artículos de las normativas de los años 1957, 1967 y 2000. Estas leyes establecen que el 2,5% de los aportes patronales se transfieran al (1%) Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), (0.5%) al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y (1%) al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa).

De aprobarse el proyecto, el SNPP dejaría de recibir 200 mil millones de guaraníes (alrededor de 30 millones de dólares), lo que provocaría el corte del financiamiento de los cursos de capacitación gratuitos que ofrece, en el caso de no establecerse otra fuente de financiamiento. Esto afectaría a unas 150 mil personas, solo este año.

El IPS propone un cambio de financiamiento para estas instituciones, lo cual podría estar sujeto a créditos presupuestarios provenientes de recaudaciones y con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un impacto negativo que podría acarrear esta medida, es el cierre de varias unidades operativas (sedes del SNPP), lo que implicará que la institución deje de estar en todo el territorio del país. Los funcionarios temen que se produzca también una reducción de personal.

¿Qué es el aporte obrero patronal?

El Aporte Obrero Patronal consiste en 25% del Salario percibido por el Trabajador y declarado por el Empleador. El pago del Aporte Obrero Patronal se paga en conjunto por el Trabajador y el Empleador conforme a la siguiente división: Trabajador: 9% Empleador: 16% (13.5% al IPS más 2.5% asignado al SNPP, SINAFOCAL y SENEPA).

La entidad Itaipú, al ser de carácter binacional, distribuye su energía en un 50 % para cada socio propietario. Sin embargo, al ser Paraguay un país que no tiene la necesidad ni la capacidad de retirar el 100 % que le pertenece, Brasil está obligado a absorber el porcentaje restante, pagando un precio en concepto de compensación de energía, no de compra.

Dentro del acuerdo de entendimiento firmado ayer entre Brasil y Paraguay, no solamente se estableció la nueva tarifa de USD 19,28 que regirá por tres años, también otros aspectos de interés para ambos, entre ellos, la habilitación a nuestro país para vender su excedente.

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“A partir de ahora ya podemos, en breve vamos a comenzar a ofertar la energía de Acaray, se puede ofertar al mercado eléctrico brasileño”, explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, durante su visita al canal Gen-Nación Media.

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

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La denuncia que dio pie a la intervención fiscal la hizo el titular de la administración estatal, Félix Sosa. Menciona que son más de 3.300 metros de cables especiales, cuyo costo en el mercado es de 7.300 mil millones de guaraníes (1 millón de dólares).

La manera en que se apropiaban de los cables, era a través de pedidos formales para realizar tendidos y reparaciones en la ciudad de Limpio, y otras localidades. Una auditoría interna de la Ande, sin embargo, detectó que los trabajos en cuestión no se realizaban, y “desaparecían”.

“Estos funcionarios confeccionaban formularios para justificar la utilización, luego se apropiaban y la sospecha es que esos cables tenían un destino diferente”, dijo el fiscal Silvio Corbeta, quien abrió expediente al respecto.

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El mismo sostuvo que hasta ahora no se tiene daros acerca de los que compraban los materiales robados.

“Estas ventas son realizadas en negro y es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros. No me aventuraría a decir con seguridad si es que logramos llegar, salvo que algunos de los funcionarios nos digan y deseen colaborar con el Ministerio Público”, expresó el fiscal Corbeta.

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