La respuesta al VIH se invisibilizó en la agenda pública en nuestro país. La pandemia del Covid-19 hizo que todo el sistema de salud se enfocara en ese aspecto y dejó de lado muchas cuestiones relacionadas a la salud como los servicios de prevención y atención en VIH/SIDA.

Es por ello que el Comité Nacional de Redes Paraguay, junto con la organización ENLACE-CDH y el apoyo de IPTPC – LATCA, organiza la segunda jornada de socialización y formación para socializar los ‘’Mecanismos de Veeduría Ciudadana’’ con el fin de realizar observaciones y seguimiento a los ‘’Mecanismos de compra de medicamentos para personas con VIH+’’.

Actualmente no se cuenta con un monitoreo ni observación de la sociedad civil a los procesos de compras de medicamentos antirretrovirales para personas con VIH. Y la pregunta principal que surge es: ¿Cuál es la importancia de un tratamiento antirretroviral en una persona con VIH? La respuesta es que con una buena adherencia la persona con VIH se vuelve indetectable e intrasmisible, eso significa que ya no transmite el virus. Y la siguiente pregunta que surge es: ¿Qué pasa si el Ministerio de Salud corta la provisión de estos medicamentos o ya no provee? Y la respuesta es que estás personas se encuentra en un gran riesgo de transmitir el virus o enfermarse o morir.

La jornada se realiza en el marco del proyecto “Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y poblaciones claves para la veeduría ciudadana e incidencia en los mecanismos de compra y distribución de medicamentos para las personas con Vih+ en Paraguay”.

El encuentro se realizará este viernes 13 de agosto en el Gran Hotel del Paraguay de 09 a 12 horas.

En conversación con el canal GEN/Nación Media, Pamela Alarcón relató la pesadilla que les tocó vivir desde hace casi un año, al contratar lo servicios de un contratista para la construcción de su casa, pero terminó siendo estafada.

John Washington Báez Vargas fue contratado por Alarcón y su familia para cumplir el sueño de la vivienda propia en Fernando de la Mora a finales del 2024.

El hombre, quien sería cercano a la familia, recibió el 85% del pago total por los trabajos que debía realizar, pero meses después de iniciar la obra, dejó completamente abandonada y la casa a medias.

Las obras debían concluir en mayo del 2025 según el contrato, pero mucho antes de la fecha estipulada el supuesto contratista dejó paralizada la obra sin dar explicaciones, relató la mujer.

En medio de la desesperación por no hallar respuestas por parte del hombre, recurrieron a dos arquitectos independientes que confirmaron graves falencias: el techo es 100% inutilizable y falta el sistema de alcantarillado y desagüe.

Tras varios meses de abandono, parte de la muralla ya colapsó y ahora temen que la estructura afecte a los vecinos.

“Un trabajo admirable. La captura de Sebastián Marset es una señal poderosa de que cuando hay determinación, coordinación y coraje, el crimen no puede esconderse para siempre”, expresó el presidente Santiago Peña.

El mandatario emitió su reconocimiento hacia el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a todos los equipos que hicieron posible este operativo.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados de América Latina, fue capturado este viernes en Bolivia y expulsado inmediatamente a Estados Unidos, informó el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil. Estados Unidos ofrecía dos millones de dólares por información que llevara a su captura.

El pedido fue presentado por el diputado colorado Edgar Olmedo, con el objetivo de contar con información oficial y detallada por parte de la Dirección Nacional de Migraciones respecto al marco normativo y los procedimientos aplicados en materia de naturalización de extranjeros, así como sobre los mecanismos de control y fiscalización implementados en los principales pasos fronterizos del país.

La iniciativa legislativa se fundamenta en la importancia que reviste la política migratoria para el interés público, la seguridad jurídica y la protección del ordenamiento institucional del Estado.

En ese sentido, se solicita al organismo competente remitir las disposiciones constitucionales y legales que regulan la adquisición de la nacionalidad paraguaya por naturalización, incluyendo los requisitos de residencia, conducta, medios de vida lícitos y demás condiciones probatorias exigidas por la normativa vigente.

Asimismo, se requiere información sobre el procedimiento administrativo o judicial aplicable para la obtención de la ciudadanía, así como los plazos mínimos de residencia continua que deben acreditarse previamente a la presentación de la solicitud correspondiente.

El requerimiento también abarca los procedimientos y la documentación exigida para el ingreso, salida y permanencia regular de extranjeros en el territorio nacional, conforme a la legislación migratoria vigente, incluyendo la obligatoriedad del registro de entrada y salida en los pasos fronterizos habilitados.

De igual manera, se solicita detallar los criterios de fiscalización aplicados en la zona fronteriza de Ciudad del Este, particularmente, en el Puente de la Amistad y otros pasos internacionales con el Brasil, especificando si existen procedimientos especiales relacionados con el tránsito vecinal fronterizo, regímenes de libre circulación o controles perimetrales.

El informe deberá incluir, además, los requisitos documentales y los plazos que deben cumplir los residentes permanentes antes de iniciar el trámite de solicitud de ciudadanía paraguaya, así como el régimen sancionatorio vigente para extranjeros que incumplan los plazos de permanencia legal en el país.

Finalmente, se requiere información sobre los mecanismos de coordinación existentes entre la autoridad migratoria y otras instituciones del Estado para el control efectivo en fronteras y pasos internacionales.

La propuesta establece un plazo de 15 días para la remisión del informe solicitado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 5453/15, “Que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional”, referente a los pedidos de informes del Poder Legislativo.