El pedido de disolución ingresó al despacho del juez Guillermo Delmás, y en el mismo se convoca a quienes pudieran tener reclamo al matrimonio que entró en fase de ruptura legal. Es el procedimiento habitual para que personas físicas, empresas privadas o el Estado, si tuvieren reclamos contra la sociedad en cuestión, puedan obtener garantías de que no serán perjudicados en sus intereses.

La Contraloría General de la República había emitido un informe en el que consigna “inconsistencias” entre los ingresos de Paciello Lacasa y las propiedades y efectivos que posee.

En el mismo se refiere que en su declaración jurada, el yerno de Lugo omitió la inclusión de propiedades, vehículos y una cuenta corriente compartida con su esposa Fátima Rojas. Si bien la CGR no dio detalles de los bienes en cuestión, la mención extraoficial es que entre los inmuebles que la atribuyen, están dos departamentos en Asunción (evaluados en US$ 100.000 cada uno), una casa en Lambaré y un inmueble (casa quinta) en San Bernardino.

Luis Paciello Lacasa fue funcionario del Parlamento, concejal de Lambaré y dos años estuvo en la Entidad Binacional Yacyretá - EBY (durante el gobierno de Lugo). Su historia laboral, con registros de los haberes que percibió, conforme el informe de Contraloría, no justifican las propiedades hasta detectadas y que están a su nombre.

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Por estos elementos existentes, el pedido de disolución conyugal que se dio a conocer, desata interrogantes. ¿Es una disolución conyugal completa o solo de bienes?, si fuera esto último: ¿con qué bienes se queda Paciello y con qué la hija de Lugo? ¿Las transferencias de bienes a favor de uno y otra ya se ejecutaron o empieza ahora?

Las respuestas son relevantes, partiendo de la presunción de que el proceso judicial a Paciello, puede perjudicar al Estado paraguayo. Las sospechas contra el yerno del expresidente Lugo señalan que las inconsistencias en la declaración del yerno, tienen relación con supuesto enriquecimiento ilícito durante sus diversas funciones en la esfera pública.

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El escenario problemático no solo afecta al liberalismo, sino es extensiva al abanico de partidos de oposición. “La crisis es de toda la oposición. El PLRA está sometido a un proceso financieramente en bancarrota, pero la peor de todas es la moral. El Partido se ha vaciado institucionalmente y moralmente. Es momento que antiguos dirigentes del partido den un paso al costado y den un paso a nuevos rostros”, dijo en comunicación con la 1020 AM.

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Balmelli puso énfasis en la necesidad de leer correctamente lo que emite el electorado nacional, y dejar de lado la idea de que hacer política a la vieja usanza en el PLRA, no logra prender el interés del mercado electoral. Advirtió al respecto la emergencia del ‘voto airado’ que trae consigo el mensaje de volcarse masivamente a favor de candidaturas no tradicionales.

“Creo que el afiliado colorado va a votar a un afiliado no colorado, ya lo hizo en varias ocasiones. La oposición debe esmerarse en algo. El colorado saca candidatos potables, los liberales sacamos al candidato de nuestras entrañas, que nos mueve a nosotros pero no a la sociedad paraguaya. Efraín no encarnó la esperanza, (Payo) Cubas encarnó el enojo”, acotó.

Cabe indicar que en círculos de la oposición, se habla de un plan de “unidad” para las elecciones municipales del 2026 y para las generales del 2028. Sin embargo, ni bien se echaron a andar las primeras reuniones al respecto, saltaron al tapete confrontaciones verbales de altos decibeles. El tema urticante, en ese escenario, es factible construir un arco opositor único con Paraguayo Cubas como uno de los componentes.

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La exintendenta Sandra Mcleod disparó contra el actual jefe comunal Miguel Prieto. Dijo que, de la larga lista de irregularidades de su gestión, resalta un caso que escandaliza por la onda expansiva de corrupción que implica a autoridades del anterior gobierno, diputados, e incluso un miembro de la cúpula del Poder Judicial.

“Cuando estaba al frente del municipio, muchos pedían que conceda la habilitación a un prostíbulo. Me pedían desde muchos sectores, había diputados e incluso un ministro de la Corte. Yo me opuse siempre. Después Prieto lo habilitó, y es más, le concedió supuestas obras de infraestructura de la municipalidad por más de 15 mil millones de guaraníes”, dijo McLeod en entrevista con radio Ñanduti AM.

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La política declinó señalar,” por ahora”, el nombre del ministro de Corte, pero enfatizó que llamó la atención el interés que manifestaron por la habilitación del prostíbulo “de lujo” por el que abogaban.

Por su parte, el esposo de la exintendenta, senador Javier Zacarías Irún, disparó contra el abdismo que se alió con la oposición, para montar narrativa y acciones para tumbar al Partido Colorado de la intendencia de CDE.

“Es claro que Mario Abdo montó una alianza con los opositores para lograr la destitución del partido al frente de la municipalidad”, subrayo el parlamentario.

Zacarías Irún significó que tanto en lo que respecta a su cónyuge al frente de la comuna esteña, como en otros casos, el gobierno de Mario Abdo Benítez manipuló las instituciones del Estado, para fraguar causas judiciales contra sus contrincantes políticos de la ANR. “La Contraloría General de la República y todas las instituciones estaban manejadas por el poder político de turno, Mario Abdo, eso es categórico y se evidenció claramente, a simple vista”, remarcó.

“¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión del Senado de no incorporar a Horacio Cartes como Senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, escribió Tuma en su cuenta de X.

En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató como senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio via libre a su candidatura, al declararla constitucional.

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Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó su candidatura.

Sin embargo, llegado el momento del juramento, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, requisitos indispensables para jurar.

Lugo hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución. Todo esto, pese a que existían documentos que lo obligaban a llamar a Cartes. Del mismo modo obró con Nicanor, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky.

En aquel entonces, la posición de los medios anticartistas era la contraria a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Hoy, en cambio, se declaran institucionalistas y muy apegados a lo que dicten las leyes y disposiciones judiciales. Es decir, en el fondo, no se trata de que la discusión sea institucional o constitucional, sino quién sea el involucrado, para, a partir de allí, mostrarse a favor o en contra.

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