El Senado, ayer jueves, introdujo modificaciones al Proyecto de Ley “De protección de niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos de internet”, que tiene por objeto establecer una regulación jurídica para la protección de niños, niñas y adolescentes de aquellos contenidos inapropiados para ellos, que son difundidos por Internet.

En tal sentido, se deberá establecer parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores y los programas de intercambio o de programas especiales para bloquear el acceso a sitios nocivos.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) será la encargada de establecer los parámetros técnicos para adecuar los filtros de protección en los navegadores, de modo a bloquear el acceso a sitios nocivos. Además, la fiscalización y el control del cumplimiento serán efectuados por la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).

La propuesta ahora se encuentra en la Cámara de origen, la de Diputados, para nuevo estudio.

LAS MODIFICACIONES

Sobre el punto, el proyectista Eber Ovelar (diputado colorado), en conversación con la 970 AM, comentó que el proyecto original presentado fue modificado sustancialmente en las distintas comisiones de la Cámara Baja. “El original hablaba sobre establecer normas jurídicas para proteger a los niños y adolescentes de contenido nocivos difundidos en Internet, que son accesibles en establecimientos habilitados a todo público, como cyber café, las plazas y otros lugares”, dijo.

El parlamentario contó que entre las modificaciones, se introdujeron en la lista los smartphones y otros aparatos del hogar.

El proyecto original pretendía reprimir la difusión y promoción de la pornografía infantil, la construcción de armas y explosivos, la incitación al uso de sustancias estupefacientes y drogas peligrosas previstas por la Ley 1340, y la promoción del racismo y xenofobia.

“Lastimosamente luego en las discusiones posteriores, los referentes de diferentes organismos como oenegés, el proyecto sufrió modificaciones que lo sacaron de foco. Ahora vi que sufrió de vuelta vitales modificaciones en el tratamiento”, explicó Ovelar.

Reconoció que dentro del régimen de la tutela los padres son los encargados de decidir qué contenido es nocivo y qué no lo es, pero que la cuestión se da en los lugares públicos. “El tipo del cyber simplemente cobra sus G. 5.000 y el chico está viendo pornografía y muchas veces son víctimas de ‘grooming’ (acoso de adultos que piden imágenes a menores). De esto hablamos en la ley”, aseveró.

ONG RECHAZA CENSURA

La organización Tedic, que desarrolla tecnología cívica abierta y defiende los derechos digitales en favor de una cultura libre en Internet, pegó el grito al cielo al conocer la normativa analizada, a la que consideró de únicamente atacar las consecuencias y no las causas.

La ONG consideró que la normativa es desproporcionada y afecta al derecho a la libertad de expresión. “Este proyecto de ley no establece suficientes garantías para la protección de la libertad de expresión, ni el debido proceso de los usuarios y además impone obligaciones difusas o desproporcionadas a los intermediarios que no deberían ser responsabilizados civilmente por daños surgidos por contenidos generados por terceros”, dice en su página web.

Tedic resalta la postura de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ve difícil que los intermediarios (nexo entre la persona que produce la información y la persona que la recibe) puedan ejercer un control de los contenidos que se producen en Internet.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

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Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

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A través de sus redes sociales, Santiago Peña reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo de garantizar la libertad de expresión para que los medios realicen su tarea sin impedimentos.

“¡Feliz Día del Periodista! Hoy recordamos el papel fundamental de quienes nos informan y velan por nuestra democracia”, expresó Peña.

La fecha que conmemora el Día del Periodista fue fijada en recordación al primer periódico publicado en el país: “El Paraguayo Independiente” el 26 de abril de 1845,

También un 26 de abril, pero de 1991, fue asesinado por la mafia el periodista Santiago Leguizamón, por informar la verdad a través de los medios.

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Esta semana, el Poder Legislativo fue un escenario hostil para la prensa, cuando el diputado Yamil Esgaib reaccionó de manera agresiva contra dos periodistas, a quienes agarró de las muñecas y arrojó sus respectivos micrófonos.

Todo por la molestia que le generó la pregunta acerca del nombramiento de su hija en la Cancillería con un salario de 21 millones de guaraníes. Tras el exabrupto, la diputada Rocío Vallejo impulsó un proyecto para sancionar a Esgaib con una suspensión por 60 días sin goce de sueldo. Sin embargo, el oficialismo lo salvó.

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Ayer, en un operativo conjunto entre la ANDE, el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, se realizó una intervención en un inmueble, ubicado en el Km 14 Monday, ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Este local contaba con un suministro en Baja Tensión a nombre de Ramón Martínez, con NIS 3236093, medidor N°3871845, y presumiblemente se encontraba con conexión directa en Media Tensión con un transformador de 1.000 kVA, ya que no contaba con placa identificatoria al momento de la verificación.

Como parte del procedimiento, la ANDE realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por los delitos de “sustracción de energía eléctrica, perturbación de servicios públicos, así como sabotaje”. El fiscal Alcides Giménez encabezó el allanamiento que derivó en la incautación de un total de 476 procesadores de Criptominería, además del mencionado transformador.

Todos los elementos fueron trasladados al depósito de la fiscalía, bajo la responsabilidad del fiscal interviniente. Asimismo, se retiraron aproximadamente 300 metros de línea en Media Tensión, además de la acometida del inmueble.

Según el análisis realizado por la ANDE, el daño patrimonial mensual se estima que alrededor alrededor de G. 270.000.000. Este monto, además de los costos derivados de la intervención y la aplicación de la multa, deberán ser abonados por los responsables.