Eladio Benítez, titular de la Unión Nacional de Educadores (UNE), manifestó que a criterio del gremio, no existen condiciones suficientes para el inicio de clases, previsto para el 21 de febrero.

“La infraestructura que tenemos, muchas de ellas, están colapsadas. Es lamentable la situación en la que se encuentran las instituciones educativas. Otro tema es el dengue, el Ministerio de Educación no lo está tomando en serio”, señaló en charla con Universo 970 AM.

“El tema dengue para nosotros no es una cuestión menor. En los colegios hay suciedad y agua estancada ¿Cómo los padres van a enviar así a sus hijos?”, subrayó el dirigente docente.

Además, Benítez denunció un “ninguneo constante” por parte del ministro de Educación, Eduardo Petta y lo emplazaron a que en no más de 15 días se establezca una mesa de trabajo para analizar los problemas puntuales que se presentan en el sector educativo.

Otro de los reclamos es que el 16% del ajuste salarial, sea para todos los trabajadores del área de educación, sin condicionamientos ni excepción alguna.

Con respecto a la situación creada con los errores ortográficos en los textos escolares, Benítez dijo que “cualquier persona puede cometer un error, pero que el Ministerio cometa semejante error, es lamentable. Más lamentable es todavía la actitud del ministro Petta”.

Benítez sostuvo que se debe proceder al retiro inmediato de los materiales y el ministro Petta, “por dignidad” tendría que dar un paso al costado del cargo que ocupa.

Pobladores de la localidad de Jesús de Tavarangüe se encuentran instalados desde el pasado viernes en una “carpa de la resistencia” a las afueras del palacete municipal, como parte de una medida de fuerza.

De acuerdo al reporte de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, este grupo de ciudadanos indignados decidió manifestarse en contra del intendente Víctor Garay, quien es acusado por una serie de irregularidades.

Antecedentes: Imputan a intendente de Jesús de Tavarangue por millonario desvío de fondos

Como parte de la protesta, realizaron una “toma simbólica” del municipio para exigir el avance de la causa penal que afronta el intendente, así como también su prisión preventiva, tal y como había planteado el fiscal Luis Albertini.

Garay actualmente posee dos imputaciones por parte de la Fiscalía: la primera, por producción y uso de documentos de contenido falso; y la segunda, por el hecho punible de lesión de confianza.

El intendente de Jesús es acusado por una millonaria malversación de fondos en la comuna, ocasionando un daño patrimonial que asciende a más de G. 835 millones, según la denuncia.

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El caso fue asignado inicialmente a la jueza Raquel García, quien decidió renunciar debido a su parentesco con el intendente, por lo que recayó en la jueza Melissa Carlson. La misma se declaró “incompetente” y remitió la causa al juzgado especializado en Delitos Económicos, que solo se encuentra en Asunción.

A raíz de la falta de juez, el proceso penal se encuentra varado y sin avances, por lo que aún no se podrán definir las medidas que serán tomadas en contra del imputado Víctor Garay.

En Asunción, la comuna baraja la idea de una sociedad con empresas privadas, que apunten a una explotación y gerenciamiento comunal a partir de la fusión de firmas.

Una de estas consigna una primera fase para la extensión de circuitos de coberturas de las líneas 37, 16 y 13, que luego podría concretar una fusión.

En Central, la Gobernación motoriza a través del parlamento, un proyecto de reforma del sistema de transporte del área metropolitana. El núcleo de cambios que propone es la constitución en consorcios de todas las líneas de transporte que explotan colectivos de Central y Asunción.

La crisis en estos dos distritos que aglutina una población de alrededor de tres millones de personas, ya determinó una reducción del parque automotor de buses. De un total de 2.500 micros hasta hace un año, ahora se redujo a 1.700 unidades.

El problema del transporte público paso a convertirse en un asunto de alta prioridad. Las quejas ciudadanas sobre el servicio que prestan las líneas de colectivos, son continuas y cada vez más vociferantes.

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Si bien hasta ahora hay más de 80 muertos por la tragedia climática en Río Grande do Sul, Brasil, de momento no aparece ningún paraguayo entre las víctimas fatales, de acuerdo a los reportes oficiales.

Sin embargo, sí existen unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, según el cónsul, que terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

“Han perdido sus bienes, pero la Prefectura ha organizado una muy eficiente asistencia, no están pasando necesidades básicas”, explicó el cónsul paraguayo, José Martínez, en un contacto con la 730 AM.

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En su mayoría, son residencias proveídas por los patrones de los empleados, en las cercanías de las plantas donde trabajan.

El número de víctimas es todavía preliminar, pues, existen una cantidad desconocida de desaparecidos.

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El Consulado de Río Grande do Sul es uno de los que figura en la lista de sedes diplomáticas próximas a cerrarse. La inoperatividad de esta y otras representaciones implicará una disminución presupuestaria de ocho millones de dólares.

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