Robert Cano, viceministro de Educación, confirmó a la radio 730 AM que la dirección de Derecho a la Niñez del ministerio intervino en un caso de supuesta amenaza hecha presuntamente por un estudiante que es víctima de abuso escolar en el Colegio San José.

“Es un caso muy delicado, es un tema que preocupa muchísimo. Solicitamos los informes. El caso, por la gravedad de la denuncia, tiene una prioridad absoluta. El MEC tiene la potestad de intervenir. Queremos que se aclare porque no queremos que se vuelva una moda”, manifestó.

Aclaró que esta intervención no guarda relación alguna a la queja de los padres de los estudiantes, sobre el mal manejo de la administración de la casa de estudios.

Justamente, respecto al manejo administrativo-económico del San José, Cano aclaró que es autonomía de la institución educativa, por lo que el MEC no tiene injerencia alguna en ese aspecto.

Una gran cantidad de padres se aglomeró durante el día de ayer en la sede del Colegio de San José, sobre la avenida España, para exigir la renuncia de la directora administrativa, Carolina Ávalos.

Existe una enorme disponibilidad presupuestaria en el colegio, pero esto no se ve reflejada en la infraestructura ni en la remuneración que perciben los docentes. Esta es una de las supuestas irregularidades que sacuden al colegio.

Funcionarios del MINNA, con apoyo de la CODENI, la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Itapúa, la Defensoría de la Niñez y la Policía Nacional, realizaron una intervención en las calles de la ciudad de Encarnación.

Como resultado de este operativo, se logró el rescate de 9 menores de edad en situación de calle pertenecientes a la etnia Mbya Guaraní, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Según se detalla, 3 niños serían de la comunidad indígena Loma Hovy del distrito de Obligado y 6 de la comunidad indígena Guavirami de la localidad de Trinidad, ambos en el departamento de Itapúa.

En el caso puntual de los niños oriundos de Obligado, los mismos manifestaron haber llegado caminando hasta Encarnación mientras jugaban con una rueda, según precisó Jorge Ibañez, secretario departamental de Asuntos Indígenas.

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Por su parte, los menores oriundos de Trinidad estaban deambulando por los semáforos de la capital itapuense, probablemente pidiendo algunas limosnas a los conductores.

Luego del abordaje y rescate de los niños, se procedió a devolverlos a sus respectivas comunidades, cumpliéndose así con la misión de las instituciones responsables.

El plan elaborado por Paraguay apunta a competir con un proyecto rival boliviano para reutilizar los gasoductos existentes y transportar gas argentino a Brasil. Si alguno se concreta, marcaría un cambio potencial importante en los flujos de energía regionales, destaca la publicación.

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En conversación con la radio 1020 AM, Bejarano explicó que el proyecto, antes de ser presentado, fue analizado detalle por detalle y tiene beneficios económicos para todas las partes.

“Bolivia se está quedando sin reservas certificadas, por eso tenemos que intensificar este proyectos. Estamos buscando la financiación de este proyecto. El desafío que tenemos como país es el comercial”, expresó Mauricio Bejarano.

La obra implicaría una inversión estimada de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, en parte del sector privado y en 4 años ya sería una realidad, sostuvo.

“Este es un proyecto trinacional, tendría un gran impacto positivo en el país. Vemos la posibilidad de vender este producto a Brasil”, concluyó el viceministro.

En el juicio que condenó a Ninfa, se reveló la razón que la impulsó a asesinar a Vero, aquel 10 de octubre de 2014. La abogada se había enamorado de la joven, quien en reiteradas ocasiones la rechazó, invocando su preferencia heterosexual, y que estaba enamorada de su entonces pareja, Diego Coronel, quien inicialmente fue el sospechoso de perpetrar supuesto feminicidio.

Ante la negativa de Verónica, la abogada decidió matarla. Para el efecto conminó al guardia privado Juan Carlos Vergara, a conseguirle un arma de fuego, pagándole por ello la suma de 500.000 guaraníes.

Con el revolver la mujer asesinó a la joven a balazos en la compañía Yca’a de la ciudad de Luque. Tras perpetrar el crimen, abandonó el cadáver en el vehículo de la víctima. En el desarrollo de la pesquisa, el guardia Vergara se quebró y confesó que él fue el que proveyó el arma a la abogada, por lo que luego en el juicio recibió una condena de 2 años y 11 meses de cárcel por complicidad.

Para la condena de Ninfa las fiscalas Cynthia Espínola y María Luján Estigarribia, aseguraron que se probó que la asesina actuó con “energía criminal” en el caso, pues disparó tres veces a su víctima para asegurar su muerte.

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