Si un caso llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por que pasó por un largo proceso tras la denuncia de la violación de alguno de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de DDHH o el Pacto San José de Costa Rica y en la petición del caso de Arrom- Martí se apunta a que en Paraguay se violó el derecho a la integridad personal por tortura y privación ilegítima de la libertad.

“Si hoy estamos en el Sistema Interamericano es porque el Estado paraguayo no hizo lo necesario para darle justicia a unas personas que denunciaron tortura. También es cierto que todavía no dio justicia a unas víctimas de secuestro, también es cierto pero el asunto es que en el caso de secuestro es que podemos hablar de negligencia en el sentido de intentar revertir la situación de las personas, extraditarles. Pero finalmente, toda la situación tiene que ver con que el Estado no hizo lo que tenía que hacer. Se crea la situación donde este grupo va a la instancia internacional alegando la violación de un derecho que esta en una convención que el país firmó y tiene la obligación de cumplir”, resumió la abogada Mirta Moragas, activista por los Derechos Humanos.

También se llega a esta instancia, explica, luego de agotar los recursos internos o de haber intentado agotarlos. “Se alega que hubo tortura y secuestro por parte de agentes policiales estatales, no fue investigado ni hubo castigados. Se hace un proceso en el ámbito nacional, se presenta a la Comisión y se abre un proceso que dura años y eso es para todos los casos y la Comisión recomienda una serie de acciones que el Estado puede tomar”, señaló.

Y las recomendaciones dadas no solo tienen que ver con el caso en concreto, tratan además de la reparación del derecho en general por ejemplo, si se alega que hubo tortura es una situación paradigmática en el país y que el Estado debe tomar medidas para eliminarla.

“Es un proceso largo, la comisión intenta que el Estado tome medidas y se comprometa, en Paraguay hubo un informe y el Estado lo rechazó. Hay que pedir cuentas al Estado de cómo actuó como litigante en el sistema interamericano, rechazó y no se abrió una conversación”, agregó Moragas.

Destacó que Paraguay tiene una historia de peticiones en el sistema interamericano que suman siete u ocho entre los que se destacan temas como sobre libertad de expresión, reparación integral a pueblos indígenas con la restitución de tierras, soldados desaparecidos, muertes en el contexto del SMO y otros.

Sobre la indemnización solicitada en forma personal por Juan Arrom de USD 50 millones por daños inmateriales y sicológicos, aseguró que la Corte no acostumbra dar los montos solicitados y si hubiera una reparación económica no serán los números que se dieron a conocer. “Pero esto no ocurrirá por que el Estado litigó bien sino porque la Corte no tiene como costumbre dar esos montos”, aclaró Moragas.

“Y es ante el rechazo del Estado que el caso llega ante la Corte porque se rechazó cualquier posibilidad de conversación sobre el caso y en este el tema es la tortura que se genera a partir de un caso concreto de secuestro y es por el cual se está en instancia internacional y esto no tiene nada que ver procesalmente porque el día de mañana si el Estado paraguayo consigue la extradición de estas personas con estatus de refugiados, el juicio puede continuar independientemente de lo que pase en el sistema interamericano”, indicó.

Moragas abogó por la importancia de diferenciar la dos cuestiones ya que el caso de secuestro del que son acusados Arrom y Martí se debe dirimir en el ámbito local y que es importante saber qué pasó y otro es el caso llevado a la Corte que es contra el Estado paraguayo.

La tortura, como práctica habitual en Paraguay

“Hubo mucha mezcla interesada del Gobierno para cubrir el hecho de que Paraguay estaba siendo interpelado por las torturas. Más allá de que estas personas cometieron o no el secuestro, que está pendiente de debatirse en la justicia paraguaya, hay una situación de denuncia de tortura y el Estado no dirimió en el ámbito interno y encima alega que la carpeta sigue abierta 16 años después”, indicó.

Moragas cuestionó que a través de una campaña del gobierno, se instaló un mensaje que en realidad lo que buscaba era ocultar de lo que se estaba tratando en la Corte, se creó hasta una aversión de la gente y se profundizó la idea del discurso antiderechos humanos que el gobierno viene realizando.

“La presencia del presidente como jefe de Estado y del canciller en Costa Rica fue desatinada, no se estila en este tipo de espacios. Este caso fue aprovechado por el gobierno para instalar y profundizar la idea del discurso antiderechos humanos y me parece peligroso porque los derechos humanos tenemos todas las personas por ser personas y el Estado tiene que reconocerlo como el derecho a la salud, educación, a un ambiente saludable, vivienda digna. Estamos distrayendo el centro y el propósito real y más allá de la reparación económica hay medidas concretas y es que en Paraguay hay que erradicar la tortura”.

Existen informes de la Coordinadora de DDHH y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que dicen que en Paraguay se sigue torturando y que esta sigue siendo una práctica habitual. “Este tipo de medidas son las que la Corte puede indicar y son las que van a transformar la situación y son las que los estados son más reticentes a cumplir”, puntualizó.

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Durante una conferencia desarrollada esta tarde, la máxima autoridad de la Policía Nacional indicó que los delincuentes que perpetraron el asalto bancario en la ciudad de Natalio, Itapúa, intentaron asegurar la comisaría y reducir a los uniformados de turno.

En ese sentido, resaltó la reacción del personal al no permitir que la citada dependencia policial sea tomada ni que los agentes acaben siendo dados de baja por los criminales.

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A su vez, hizo énfasis en el descuido de estas bandas de asaltabancos al no tener en cuenta que tanto los cajeros automáticos como bóvedas tienen dispositivos de entintado que se activan ante cualquier explosión, lo cual ocurrió también en este caso.

Se sospecha que este grupo delictivo estaría detrás de otros golpes en Itapúa, incluyendo el asalto ocurrido hace casi un mes -coincidentemente también en una sucursal del BNF- en el distrito de Yatytay.

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Benítez no descartó que estas personas sean integrantes del grupo criminal liderado en su momento por Carlos Cabrera Carrera, un peligroso delincuente que murió meses atrás durante un enfrentamiento con la Policía y que estuvo ligado a varios robos de cajeros automáticos en Alto Paraná.

Sobre una supuesta falencia en el trabajo de inteligencia policial, el comandante indicó que a diario se reciben informes sobre posibles atracos de este tipo, aunque nunca no recibieron información específica sobre un eventual ataque a esta sucursal del BNF en Natalio.

Autoridades de la DINAC y la Policía Nacional brindaron una conferencia de prensa para actualizar la situación luego de conocerse la noticia sobre la amenaza de bomba en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

En tal sentido, confirmaron que finalmente se trató de una falsa alarma al descartarse la presencia de explosivos tanto en la aeronave de la firma JetSmart como en los equipajes, esto posterior a la inspección de los explosivistas de la FOPE.

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La alerta fue reportada por una de las azafatas al comandante del vuelo, quien posteriormente dio aviso a la torre de control. A partir de allí, se activó el protocolo de seguridad para este tipo de casos y el avión fue apartado a la llamada “zona negra”, que es un sector seguro fuera de la pista.

Lourdes Delvalle, gerente de Seguridad de la DINAC, señaló que la persona que habría mencionado la supuesta presencia de un explosivo en su maleta fue separada del resto del grupo. “No siguió las instrucciones de la azafata. En primera instancia, fue un pasajero perturbado y luego dijo que tenía una bomba”.

El pasajero fue identificado como Guillermo Bortolotto, de 58 años, de nacionalidad argentina, quien manifestó ser ejecutivo de una empresa y haber visitado el país para asistir a unos festejos a los que fue invitado.

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Tras descartarse la existencia de una bomba, se levantó la alerta poco después de las 17:00 hs, por lo que el avión pudo despegar del aeropuerto con destino a la ciudad de Buenos Aires.

Por disposición del Ministerio Público, el pasajero argentino fue detenido y permanece bajo custodia policial en la Comisaría 3ra de Luque. El mismo se expone, además de sanciones pecuniarias, a ser vetado para volver a volar desde y hacia Paraguay.

Este fin de semana se tuvo conocimiento sobre un hecho de hurto en un comercio ubicado en el distrito de Santísima Trinidad, departamento de Itapúa.

El local comercial afectado se denomina “Amely Store”, el cual fue visitado por delincuentes cuando nadie se encontraba presente.

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Según menciona el portal Más Encarnación, los responsables de este robo sustrajeron una gran cantidad de productos que van desde cargadores para celulares hasta cuchillos artesanales y parlantes.

La propietaria del local, Mirian Susana Franco Centurión, mencionó que al llegar en horas de la mañana para iniciar su actividad comercial se percató que la puerta principal fue violentada.

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Al ingresar al negocio, descubrió que alguien había entrado allí entre la noche y madrugada para hurtar varias de las mercaderías que se encontraban en los escaparates.

La denuncia fue formalizada ante la comisaría de Trinidad, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.