¿Fue válida la sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este en la que siete concejales aceptaron la renuncia de Sandra McLeod y designaron en su reemplazo a Celso Miranda? ¿Qué respuesta dará la Justicia Electoral a la acción de nulidad contra dicha sesión presentada por los ediles en minoría?

Estas dos incógnitas dan lugar a una nueva pregunta. ¿Se precipitó la Cámara de Diputados al destituir a Sandra McLeod sin tener la confirmación del TSJE sobre la validez de la aceptación de la renuncia?

Para el exasesor del TSJE, Carlos María Ljubetic, la Cámara Baja tomó una decisión apresurada y hasta se convirtió en un órgano jurisdiccional, adjudicándose una atribución que no le corresponde.

“¿Qué pasa ahora si el juez dice que tienen razón los miembros de la Junta? , si dice que se reunieron correctamente y aceptaron la renuncia de la intendenta, la Cámara de por sí con su resolución declaró nulo lo actuado por los concejales”,

Por su parte, el titular de la Comisión Permanente del Congreso, Antonio Buzarquis, explicó que la Cámara Baja consideraba todavía intendenta a Sandra McLeod hasta ayer, teniendo en cuenta que la sesión en la que aceptaron su renuncia fue judicializada.

De ser válido este proceder, el siguiente paso es que el TSJE convoque a comicios en un plazo máximo de 90 días, a fin de elegir al intendente que completará lo que resta de mandato.

Buzarquis trajo a colación el artículo 10 de la ley especial de intervenciones, que estipula que la Junta Municipal debe designar a un interino de producirse una destitución. Además, en caso de que persista la crisis y no consigan sesionar, se declarará la desintegración de la Junta, en cuya situación la Cámara Baja tendrá la potestad de colocar a un interino.

Al respecto, el exdiputado Óscar González Drakefor, quien trabajó intensamente en la ley de intervención, explicó a nuestra redacción que el presidente de la Junta Municipal debe convocar la sesión para elegir a un interino por 90 días

“Kelembu claramente no es intendente, porque la sesión no se hizo con los pasos correspondientes, existen reglamentos, violentaron la ley, para cambiar una mesa directiva se requiere de una mayoría absoluta de 8 de los 12 miembros, tampoco tuvieron esa mayoría y el lugar de la convocatoria, todo se hizo mal”, afirmó.

Añadió que Sandra McLeod se presentó a la sesión extraordinaria de ayer para presentar su descargo y lo hizo en su carácter de intendenta, confirmando así que continuaba en el cargo.

LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

El artículo 165 de la Constitución Nacional establece que los departamentos y municipalidad podrán ser intervenidos por el Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados en los siguientes casos:

1. a solicitud de la junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta;
2. por desintegración de la junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y
3. por grave irregularidad en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría General de la República.

En el caso de darse el inciso tres, la Cámara de Diputados podrá, por mayoría absoluta, destituir al intendente, debiendo el TSJE convocar a nuevos comicios para sustituir a las autoridades que hayan cesado en sus funciones dentro de los 90 días siguientes a la resolución.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.