Álvaro Arias, abogado de dos de los tres alumnos del Colegio San José que fueron denunciados por la brutal golpiza a otro menor, sostuvo que no existen condiciones para calificar el hecho de lesión grave. Sustentó que se trata de una cuestión civil entre partes y que por lo tanto la Fiscalía no debe intervenir.

“¿Ruptura de tabique nasal es lesión grave?”, preguntó el defensor de los sospechosos. Respondió el mismo que a su parecer no lo es, porque para que lo sea debe haber peligro de muerte, pérdida de algún órgano o estar en reposo por un tiempo largo que cambie la vida de la víctima.

En charla con radio Monumental aseguró que ahora el médico forense determinará la situación y refirió que si solo es lesión, entonces tiene que presentarse una querella criminal, donde tiene participación directa un juez, sin la intervención de la Fiscalía, al no ser un hecho punible de acción penal pública.

“Esto (el caso) innecesariamente está en la Fiscalía porque es obvio que la lesión no fue grave, más allá del fondo de la cuestión y del hecho que indigna. Nosotros repudiamos la violencia, etc., pero hablando estrictamente de derecho, no debe estar el caso en la Fiscalía”, argumentó el letrado.

Arias también resaltó que se debe definir la participación de cada uno de los denunciados, ya que, según manifiestan estos, el responsable de la agresión sería una sola persona.“Los tres (denunciados) no estuvieron en la agresión, solo uno de ellos (quien no es su defendido). Uno de los alumnos que defiendo es líder de la hinchada y es integrante de la selección. Es injustamente acusado de haber agredido al chico solo por estar como líder”, indicó.

Por otra parte, respecto a la sanción realizada por la institución educativa contra los 16 alumnos que se encargaron del evento deportivo, sostuvo que están esperando ejercer el derecho a la defensa, atendiendo de que esta suspensión se dio únicamente porque integraban la comisión organizadora.

Si bien reconoció que el derecho a la educación no significa que necesariamente tengan que terminar en el mismo colegio, Arias sostuvo que hay una cuestión de “sentido de pertenencia y otros factores” en medio, por lo que argumentó que “si se presenta la expulsión, vamos a presentar una demanda si es necesario”.

Presidió la reunión, desarrollada de manera virtual, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde. Participaron los ministros de Trabajo de Argentina, Julio Cordero; de Brasil, Luiz Marinho; y de Uruguay, Mario Arizti.

Los secretarios de Estado coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de la tecnología para promover el empleo decente, al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y se garantiza la equidad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.

Al respecto, expresaron la convicción de que el trabajo en todas sus formas, incluso a través de aplicaciones y plataformas digitales, debe garantizar un ingreso digno, una jornada laboral adecuada y protección social, sin desincentivar las inversiones en el sector. En todos los casos, coincidieron en la necesidad de que la legislación sea producto del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.

En este sentido, insistieron en que la promoción del trabajo decente es un elemento central de las políticas laborales y subrayaron la importancia de fortalecer el diálogo social como mecanismo para la construcción de consensos, la prevención de conflictos y la promoción de relaciones laborales armoniosas y productivas.

Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, incluyendo la eliminación de brechas salariales, la promoción de la participación de las mujeres y el impulso del empleo juvenil.

En otro punto, ratificaron el compromiso con la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como con la reducción de la informalidad laboral.

Finalmente, abogaron por el diseño un Mercosur moderno, con capacidad de implementar políticas para generar riqueza, empleo privado de calidad con crecimiento, solidario y con responsabilidades y obligaciones compartidas.

Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú tomaron intervención en un caso de violencia familiar registrado el día lunes en una vivienda situada en la fracción Los Laureles del Km 24 Monday.

La persona que formalizó la denuncia ante las autoridades fue María Dominga Ruiz, de 40 años, quien afirmó haber sido agredida físicamente por su pareja, de nombre Edgar Rolón, de 40 años.

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Según menciona el diario La Clave, la mujer aquel día llegó a su domicilio cerca de las 18:30 hs, encontrando a su concubino en total estado de ebriedad.

El hombre alcoholizado le reclamó que supuestamente había llegado tarde de su trabajo, tras lo cual empezó a maltratarla verbalmente. La discusión fue subiendo de tono, al punto en que decidió propinarle un golpe de puño a su pareja.

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A raíz de la agresión y presa del miedo, Ruiz decidió escapar de la casa junto con su hijo de 9 años, refugiándose en la vivienda de una vecina, desde donde se comunicó con la Policía.

Tras recepcionar la denuncia, los uniformados de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron rápidamente al lugar y procedieron a detener al violento sujeto, quien permanece recluido en el calabozo.

Un hombre fue detenido en la madrugada de ayer sobre la avenida República Argentina, a la altura del barrio Terminal de Asunción, tras ser encontrado en su poder un vehículo que fue denunciado como robado. Se trata de Jonhatan Marcos Aravena Cataldo, de 29 años, quien reside en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré.

De acuerdo al informe policial, Liz Caterine Toledo, propietaria del automóvil Toyota Vitz, con chapa AABP374, denunció el robo de su automóvil en la comisaría 6°. Sin embargo, un hecho muy llamativo ocurrió después y, es que camino a su domicilio, vio su vehículo en una estación de servicio, por lo que llamó al sistema 911.

La rápida acción policial permitió la recuperación del móvil en cuestión, además de la aprehensión del sospechoso. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Daniela Benítez, quien dispuso que el rodado sea entregado a su dueña bajo acta policial.