La periodista de investigación del diario ABC Color, Mabel Renhfeldt, había realizado una serie de publicaciones en base a presunciones de un supuesto caso de espionaje a una colega de su mismo medio, que había hecho publicaciones sobre altos jefes de las Fuerzas Armadas en agosto de 2016.

En ese entonces, sostuvo en sus publicaciones que se llegaron a traer a la capital equipos de supuestas escuchas telefónicas que eran utilizadas en la zona norte, por parte de los efectivos militares para combatir a los criminales del EPP.

Con el correr de la investigación llevada adelante por la fiscalía se corroboró que en realidad un funcionario infiel de la compañía telefónica Personal, cuyo accionista también es dueño de ABC Color, Aldo Zuccolillo, fue el que filtró el detalle de las llamadas efectuadas desde el teléfono celular de la periodista en cuestión.

En esa ocasión Renhfeldt en una entrevista a ABC Cardinal había declarado lo siguiente: “Para mí es una de las cosas más graves que ha ocurrido en los últimos tiempos en esta vida democrática. Nuestro diario ha demostrado de que manera han espiado el teléfono celular de la compañera, consiguieron reportes completo de a quienes llamaba y quienes le llamaban. Espiaron el celular corporativo, el particular que usaba ella. (…) Es uno de los escándalos más graves de nuestro tiempo democrático. (…) No hay garantía constitucional de inviolabilidad de tu comunicación”.

Sin embargo, Renhfeldt quien hace dos años se preocupaba por la garantía constitucional de la inviolabilidad de la comunicación privada no dudó en divulgar conversaciones privadas con el fin de posicionar a su medio periodístico en detrimento de todo lo que siempre había declarado y es más, presentó como una gran investigación periodística el cruce de llamadas de algunos actores políticos en la noche del 31 de marzo del año pasado, que también lo obtuvo de manera ilegal, sin que el mismo forme parte de la carpeta fiscal o de un pedido judicial.

En el plano internacional, justamente el exjuez español Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en el año 2012. Cuando era magistrado destapó el caso Gürtel, que desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje.

Esta situación se dio porque Garzón ordenó grabar las conversaciones de los presos encausados por dicha trama con sus abogados, por lo que incurrió en prevaricación y vulneración de la intimidad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que dicha intervención vulneraba “el derecho de defensa y el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías”.

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, en su Auto de 19/10/2010, afirma que Garzón ordenó las escuchas interpretando la ley “de forma errónea” y, sin motivación alguna, ante la “mera posibilidad” de que los letrados actuaran de “enlaces” de la trama de corrupción con el exterior y pese a no tener contra los abogados sospechas ciertas. Esta actuación “conducía, sin apenas escapatoria alguna, a la irremediable laminación del derecho de defensa” y con ello, Garzón “transmutó el ejercicio de este derecho fundamental en un instrumento idóneo para la autoincriminación de los imputados internos en prisión, desarbolando o desactivando cualquier estrategia defensiva que pudieran poner en práctica los letrados”.

Hasta ahora prosigue el juicio por este escándalo en España.

El 27 de febrero de este año, Omar Rodríguez (65 años) fue hallado al costado de la ruta, en la localidad de Arroyos y Esteros. Tenia fuertes golpes en todo el cuerpo y estaba inconsciente. Lo llevaron a un hospital de la región y luego derivado al Hospital del Trauma, en donde hoy, 14 de mayo, reportaron que falleció como consecuencia de complicaciones derivadas de sus heridas.

El día que lo socorrieron, la primera presunción que surgió en la Policía es que el mismo cayó su motocicleta y sufrió las heridas. Y como su biciclo no lo hallaron, pensaron que lo habían robado.

Las pesquisas que avanzaron, sin embargo, dieron un giro radical a la historia. El hombre fue asaltado, y de una manera brutal: lo hicieron a garrotazos.

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En efecto, mientras iba por la ruta, un tronco “plantado” en esta, obstaculizó su paso. Al frenar los asaltantes le rodearon y le sometieron a golpes, hasta dejarlo casi muerto.

Los largos días en que agonizó, Omar luchó por su vida. Estuvo más de 60 días en terapia intensiva. Cuando salió de ese estado y mientras iniciaba la recuperación, tuvo un ataque cardiovascular y murió. La pesquisa del crimen apunta a asentamientos de Arroyos y Esteros y zonas aledañas, en donde activan grupos marginales, adictos, señalados como responsables de varios asaltos.

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Un niño de 12 años salvó a su madre de ser víctima de feminicidio. El supuesto autor es pareja de la misma, quien fue encontrado muerto horas después.

Según el informe policial, Walter Aranda Cañete (46) intentó matar a su pareja Hermelinda Domínguez de Aranda (38) durante una discusión que mantuvieron previamente. El hombre la tenía acorralada contra la pared con un cuchillo a la altura de la garganta, sin embargo, el niño vio lo que estaba sucediendo y se interpuso entre ambos logrando salvar a su mamá.

Ese momento fue aprovechado por la mujer y su hijo que lograron escapar refugiándose en la vivienda de una vecina y escondiéndose debajo de la cama. Walter los siguió, pero por su estado etílico no pudo alcanzarlos. Luego fue hallado colgado de un árbol ya sin signos de vida. La causa de muerte fue diagnosticada como asfixia por ahorcamiento.

Asimismo, según el sistema de la Policía Nacional tanto el hombre como la mujer cuentan con antecedentes por simulación del hecho punible, denuncia falsa, usurpación de identidad, entre otros, por lo que tenían prisión domiciliaria. El caso fue comunicado al Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

Alrededor de las 22:30 de ayer lunes, dos hombres en una motocicleta llegaron a 18 Proyectadas entre Independencia y Nuestra Señora de la Asunción, barrio Obrero de Asunción, donde efectuaron varios disparos contra una vivienda.

El domicilio con portón de chapa pertenece al concejal René Gabriel Calonga Acevedo, de 44 años, quien no se encontraba allí al momento del atentado, pero rápidamente recibió el aviso de sus vecinos.

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La denuncia fue formulada ante la Comisaría 4ta de Asunción, cuyos efectivos labraron acta de lo acontecido y, entre las primeras medidas, revisaron las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra.

Los videos muestran con claridad que son dos desconocidos en moto los que se detienen frente a la casa del concejal y realizan los disparos. El portón quedó con los rastros dejados por los proyectiles.

De momento no se maneja ninguna hipótesis al respecto, pero el Departamento de Investigación de la Policía ya está a cargo de la pesquisa.

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