Entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial están, entre otros, el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.

En su sanción, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados “podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios”, mientras que a obligatoriedad de mantener filiales “limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad”.

Sobre lo de aprovechar por un año a funcionarios dimitidos, como proponía el texto aprobado por el Congreso, el mandatario indicó que esa medida “viola el principio del concurso público -convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores- y aumenta las despensas”.

Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año cuando sea privatizada, según dijo la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque.

La capitalización será posible gracias a que en junio pasado el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares).

El modelo aprobado prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.

El Estado brasileño es actualmente el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.

Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado brasileño una “acción dorada” de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

Según las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de privatización, es decir la capitalización de la empresa, puede estar concluido en febrero de 2022.

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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Este martes por la mañana una emotiva procesión de casi 200 personas se dirigió a la iglesia Brandywine en Greenfield (Indiana, EE.UU.) para rendirle tributo a un niño de 10 años quien se suicidó después de sufrir un acoso escolar implacable, recogieron medios locales. Su funeral se llevó a cabo en la mañana de este miércoles.

Sammy Teusch se suicidó el pasado 5 de mayo por la mañana, según el medio local 13News. “Lo sostuve en mis brazos. Hice lo que ningún padre debería hacer, y cada vez que cierro los ojos, es todo lo que puedo ver”, comentó su padre, Sam Teusch. “Él era mi hijo pequeño. Era mi bebé. Era el más pequeño”, dijo la madre de Sammy, Nichole Teusch.

Acosado hasta la muerte

Según su familia el niño estuvo siendo intimidado hasta la noche antes de su muerte. También dijeron que el acoso comenzó el año pasado en la escuela primaria y continuó este año en la Escuela Intermedia Greenfield. “Al principio se burlaban de él por sus gafas y luego de sus dientes. Esto continuó durante mucho tiempo”, expuso Sam. Lo que empezó como palabras progresivamente se volvió físico, subrayaron. “Lo golpearon en el autobús escolar y los niños le rompieron las gafas y todo”, expuso su padre.

La familia de Sammy explicó también que el acoso progresó desde la escuela y el autobús hasta las redes sociales, incluso a pesar de que él tenía acceso limitado a su teléfono. “‘Te voy a dar una paliza. Te voy a dar una paliza cuando llegues a la escuela’”, recordó Sam. Sus padres dijeron que debido al acoso el niño se volvió retraído y dejó de abrirse. Ellos consideran que su suicidio se debió a que temía ir a la escuela después de un incidente en el baño y el ‘bullying’ constante.

La escuela

Los padres de Sammy Teusch dijeron que se comunicaron con la escuela de su hijo 20 veces por acoso e intimidación. “Llamé a la escuela y les dije: ‘¿Qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando, empeorando y empeorando. Y no está mejorando. De hecho, está empeorando’”, comentó su padre. “Sabían que esto estaba pasando”, afirma Sam.

El superintendente de escuelas, Harold Olin, señaló a 13News que ni los padres ni el estudiante presentaron ningún informe de acoso. Sin embargo, admitió que los administradores y el consejero de la escuela tuvieron conversaciones regulares con la familia durante todo el año, aunque indicó que no podía compartir su contenido.