Fuente: La Caja Negra – Unicanal

Bienes inmuebles convertidos hoy en rentables loteamientos son administrados actualmente por Inmobiliaria del Este, propiedad de la familia Zuccolillo y sus rendimientos depositados en el Banco Atlas.

Estas operaciones son parte de un esquema, casi perfecto, para lavar parte de los 200 millones de dólares desviados por Leoz durante su administración como presidente de la Conmebol. La inmobiliaria de los Zuccolillo, IDESA, es parte del parte del esquema lavado Atlas-Leoz.

La Caja Negra tuvo acceso al detalle de las fracciones administradas por la Inmobiliaria de los Zuccolillo y recorrió los loteamientos:

En la cuidad de Luque, está ubicada la fracción San Agustín, no existen lotes para la venta, está totalmente vendido y poblado.

En la ciudad de Altos, sobre el nuevo asfalto que une Atyra –Altos . En el sitio verificamos que no hay lotes libres en la actualidad.

En la ciudad de Caacupé, de acuerdo a los documentos existen unos 5 loteamientos administrados por Inmobiliaria del Este a favor de Leoz. Fracción San Jose II, la Candelaria, Costa dorada I y II, Virgen Del Valle y Maria Auxiliadora, y Cumbre del Sol. La mayoría con lotes totalmente vendidos.

Por ultimo, el equipo de la Caja Negra verificó las fracciones ubicadas en la ciudad de Emboscada. Las fracciones San Agustín y Fracción Tucán corresponden a Inmobiliaria del Este. Otros loteamientos están ubicados en Piribebuy, Quiindy e Itá.

INMOBILIARIA NO COLABORÓ CON INVESTIGACION EN EEUU

El 12 de agosto del 2016, el prestigioso buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), también había solicitado informes a Inmobiliaria del Este, propiedad de la familia Zuccolillo.

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La nota fue dirigida a Guillermo Brugada, gerente general de Inmobiliaria del Este y se le solicitaba información relacionada a los bienes de Nicolás Leoz. Sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido, a diferencia del banco Atlas, que al menos respondió y se excusó con el “secreto bancario” para evitar proveer la información requerida.

La verificación de información relevante en poder de Inmobiliaria del Este para la investigación criminal en curso, llevada a cabo por la fiscalía de Nueva York fue imposible. El gerente general de la inmobiliaria ni siquiera respondió la solicitud de la justicia americana.

Inmobiliaria de los Zuccolillo, pieza CLAVE en esquema de lavado con dinero sucio de Leoz. #LaCajaNegraPy pic.twitter.com/VDJnnqUcQV

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) May 26, 2021

Ante el pedido del gremio de postergar la reunión tripartita prevista para esta mañana, el viceministro Fernández se presentó de todas formas en el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social (MTESS) a fin de interiorizarse respecto a los elementos legales que amparan dicha reprogramación.

“Sin dudas era importante constituirnos en el Viceministerio de Trabajo para conocer los elementos legales que están en la Constitución Nacional y en el código laboral. El viceministro de Trabajo, César Segovia, nos explicó que esto forma parte de un proceso legal, y que en ese aspecto es que se atendió el pedido del gremio”, expresó a los medios de prensa.

Enfatizó que sus esfuerzos están enfocados en desactivar el paro de buses previsto a partir del lunes 20 de mayo en la reunión tripartita de este viernes y apela, una vez más, al diálogo como el camino para encontrar soluciones.

“Queremos avanzar en todas las mesas institucionalizadas que tenemos, porque nuestro compromiso es con los ciudadanos. Nuestro objetivo es levantar el paro a través del diálogo”, agregó.

Mañana viernes a las 15:00, en la sede del Ministerio del Trabajo se llevará a cabo el encuentro entre representantes de Cetrapam, el Viceministerio del Transporte y del Trabajo.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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