El equipo de la Caja Negra tuvo acceso exclusivo a documentos oficiales de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) que delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote político durante el gobierno de Mario Abdo.

Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel internacional a raíz de las observaciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe, comenzaron a registrarse desde el mes de enero de 2022.

Estos episodios quedaron oficialmente inaugurados con la denuncia realizada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

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Crónica de un esquema de filtraciones utilizado como garrote político.

➡️¿Quiénes ejecutaban órdenes y cómo operaban?.

➡️Seprelad: Purga interna busca eliminar funcionarios que puedan delatar esquema de filtraciones.#LCNPy📺 pic.twitter.com/GzjHbtDlU9

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) July 5, 2023

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La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la unidad de inteligencia financiera. El 26 de enero de 2022 Giuzzio presentó su denuncia contra Horacio Cartes ante la Seprelad.

Una paradójica operación donde la propia Seprelad asesoró y proveyó los detalles de la denuncia que luego esa misma institución recibió, autoasignándose lo necesario para justificar investigaciones contra opositores políticos.

Al no registrarse pedidos que tengan el contenido suficiente para fabricar el montaje y tampoco alertas generadas según los modelos establecidos para la gestión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) contra los enemigos políticos del poder de turno, era absolutamente necesario causar una justificación: la denuncia de Giuzzio.

Tras la presentación de la “denuncia” el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022 Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

El operativo especial montado en la Seprelad tiene fecha de inicio oficial. El 27 de enero de 2022,  un día después de que Giuzzio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la Seprelad, asumió el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento, Pereira ya se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.

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El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la Ley N° 6497/2019 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se creaba la secretaria adjunta (viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por 2 años, siendo posiblemente reservado como “moneda de pago” para la persona que se encargará de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estratégico (2022 año electoral) en que iniciarán los sistemáticos ataques político-mediáticos, socavando la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado.

En mayo de 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos clave.

De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la Seprelad el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39.

Tras la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio, basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en el que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pueden obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

La resolución del mencionado ente 224/2018 establece el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad) en los informes que se remiten al Ministerio Público y a otras entidades del Estado.

Según este documento, la Seprelad debió y debe codificar todos los nombres de los Sujetos Obligados (bancos, financieras, escribanos, etc.) en todos sus Informes de Inteligencia que son remitidos. Es decir, los Informes de Inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades únicamente van en la versión codificada.

Sin embargo, llamativamente se filtraron informes de inteligencia en formatos especiales y sin los códigos correspondientes, algo solamente posible si las filtraciones se realizan desde el corazón de la Seprelad; es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articulan y dirigen los informes de inteligencia financiera.

La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que responden a sus órdenes. La Caja Negra tuvo acceso a registros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo de 2022 enviados por Pereira a sus funcionarios leales en donde se observaban las “instrucciones” que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes de Honor Colorado y donde solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente.

Estas prácticas dentro de la Seprelad eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registrados en el correo electrónico. Las solicitudes de información se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información (Fiscalía, Contraloría, Senad, etc.) con instrucciones precisas de que no se agreguen anexos, lo que implicaba que los informes tenían que ser elaborados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente.

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Este tipo de órdenes revelaba que los pedidos de investigación no responden a ningún pedido oficial, sino simplemente a las órdenes de “arriba” y además con ese formato, sin respaldo, se garantiza no dejar rastros. Entre otros correos electrónicos de marzo de 2022 remitido por la viceministra Carmen Pereira se observa cómo dirigía una investigación y solicitaba incluir a una persona que aparecía vinculada al senador Erico Galeano. En este correo se revela el criterio que utilizaba Pereira para incluir a más personas en su lista de “investigados”.

Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político. Méritos suficientes, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la Seprelad.

Estas acciones contravienen directamente de los manuales de procedimiento de la Seprelad que estipulan los requerimientos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este manual, aprobado en el año 2021 establece que los organismo o entidades del Estado que dirijan pedidos de informe a la UIF- Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera) deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o el agente fiscal asignado a la causa, además todos los datos que respalden el pedido así como los motivos por los cuales se sustenta el requerimiento.

De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio de Hacienda los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022, coincidentemente es el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma en la Seprelad.

Durante el año 2022 en concepto de pasajes y viáticos cobró Gs. 41.533.804 y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto Gs 28.140.300. En concepto de salario y jugosas bonificaciones se adjudicó en total solo en un año casi Gs 350.000.000.

La viceministra de la Seprelad y directora general de Análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la Seprelad debió abrir dentro de las 48 Hs. de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes.

La propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial, de fecha 18 de febrero de 2022, con una lista de causas de carácter secreto que había sido remitida al Ministerio Público y que fue filtrada al diario ABC Color para presionar y tergiversar versiones contra la Fiscalía General.

Un dato no menos llamativo es el hecho de que a la fecha de la firma del informe filtrado a ABC Color (18 de febrero de 2022), Pereira ya no ejercía oficialmente el cargo de directora general de Análisis y que habiendo estado su firma y sello en el informe confidencial filtrado en un medio donde la misma era contactada habitualmente, no activó el protocolo elaborado y aprobado por ella misma para casos de filtraciones.

Al cumplirse casi una semana del trágico deceso de la escribana Carmen Ruiz Díaz, continúan los esfuerzos para encontrar el cuerpo de su hija Isabela Beatriz Fariña Ruiz Díaz (3).

Cabe recordar que el día sábado se produjo el hallazgo de los restos de la madre en la localidad de Puerto Irala, mientras que su otro hijo, Juan Pablo Fariña Ruiz Díaz (5), fue encontrado el domingo en la zona del Puerto Bertoni.

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Personal de la Prefectura Naval avanza en las tareas de búsqueda tanto en el río Monday -donde se había arrojado la escribana con sus hijos- como así también en el río Paraná. A estas labores se le suman bomberos voluntarios y allegados de la familia.

De igual manera, Itaipú Binacional decidió sumarse a la búsqueda de la niña, asignando un equipo especializado de bomberos y buzos de la entidad, quienes colaborarán de cerca con los militares.

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Los socorristas están pidiendo el apoyo de más voluntarios para buscar a pie bajo los Saltos del Monday, pues se presume que el cuerpo de la niña pudo haber quedado atorado entre las enormes rocas que se encuentran en dicho sector.

Los familiares de la pequeña Isabela no pierden las esperanzas de encontrar el cuerpo en las próximas horas, a fin de darle cristiana sepultura junto a su madre y su hermanito.

Un accidente que por fortuna no terminó en tragedia se registró en la noche de ayer sobre la Avenida América del Área 4 de Ciudad del Este, en Alto Paraná.

El percance involucró a un automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, con chapa AABN 261, al mando de Ana María Duarte de Aguilera, de 68 años.

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Según manifestó el esposo, la mujer -quien no está acostumbrada a manejar dicho vehículo- intentaba estacionar cuando, accidentamente, confundió el freno con el acelerador.

Fue así como acabó embistiendo de manera frontal contra la bodega “Warani Beer”, en cuya vereda se encontraban sentados dos hombres al momento del siniestro vial.

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Por fortuna, ambos sujetos lograron salvarse de ser arrollados gracias a su rápida reacción, lo cual quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del local.

Por otra parte, la conductora acabó con algunas lesiones y tuvo que ser trasladada por bomberos voluntarios hasta el Hospital Tesâi, donde permanece internada.

Técnicos interventores de la Ande detectaron una conexión irregular en Media Tensión, tras una verificación y control de un suministro con actividad de criptominería y contrato regularizado en la categoría de Consumo Intensivo Especial con la ANDE, en la Colonia La Fortuna del distrito de Hernandarias, Alto Paraná.

El reporte de la Ande indica que la conexión irregular consiste en el Manipuleo del Conjunto de Medición Lado Primario, lo que resultó en una carga de aproximadamente 1.600 kVA.

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Ante esta situación de irregularidad detectada, se procedió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Turno de la Unidad Penal Nro.8. por los delitos de sustracción de energía eléctrica, perturbación del servicio público, así como sabotaje.

La intervención fiscal fue ejecutada con una orden de allanamiento en mano y acompañado de los funcionarios interventores de la ANDE, donde se procedió a verificar la actividad registrada y a retirar por completo los equipos eléctricos, estructuras de medición y medidor, los cuales servirán como pruebas dentro del marco de la denuncia presentada.

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Con la intervención realizada, se estima un daño patrimonial de G. 732.880.518 derivado de la irregularidad detectada. Este monto, además de los costos de intervención y la aplicación de la multa según ley 966/64, deberán ser abonados por los responsables. Además, estos se exponen a una pena máxima de 3 (tres) años de cárcel por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica.

La ANDE reitera su compromiso en combatir activamente las conexiones clandestinas y el uso indebido de la energía eléctrica. “Estas acciones ocasionan importantes perjuicios económicos y afectan el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico”, refieren desde la institución.