Según la demanda presentada por la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los activistas del grupo izquierdista Patria Libre (luego pasó a ser el EPP), Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, fueron desaparecidos temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 y sufrieron torturas.

Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

La representante de la CIDH, Silvia Serrano, dijo al inicio de la audiencia de este jueves que está comprobado con dictámenes médicos que los dos denunciantes fueron torturados y que el caso “se mantiene en la impunidad”.

“Se cometieron actos de torturas y privación de libertad con la participación o aquiescencia de agentes del Estado. Esto basado en múltiples fuentes”, aseguró Serrano.

La representante de la CIDH señaló que la investigación judicial paraguaya por este caso no fue de oficio y careció de garantías como la debida diligencia, la imparcialidad; trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y “estigmatizó a las víctimas”.

En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición.

Arrom aseguró que en el tiempo que estuvo retenido identificó a un agente policial y conversó con ministros paraguayos, y que posteriormente a su liberación logró identificar a otros supuestos captores.

Arrom dijo que él y Martí fueron encontrados por familiares en la casa en donde estuvieron capturados y que a partir de entonces no contaron con las garantías judiciales para buscar justicia por su caso. No supo explicar varias interrogantes sobre este punto por parte de los jueces.

En diciembre de 2003 Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.

Arrom afirmó que han sido víctimas de “persecución” por parte de altos funcionarios del Gobierno que los califican de criminales, que han solicitado a Brasil revocar el refugio y que incluso ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

El pasado lunes, el procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, dijo en una entrevista a EFE que la versión de Arrom y Martí es “falsa” y que así fue determinado por la justicia paraguaya.

Coscia atribuyó la demanda ante la Corte Interamericana a un interés económico de los demandantes por obtener una indemnización y evadir los cargos por el secuestro de María Edith Bordón.

En la audiencia estuvo presente el presidente de Paraguay, Mario Abdo, en calidad de observador.

En base a un modelo de implementación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través del Viceministerio de Transporte y la Municipalidad de Asunción, coordinan acciones para analizar y avanzar de forma estratégica respecto a la renovación de flotas, itinerarios, frecuencia de buses, paradas y otros elementos importantes para el fortalecimiento del servicio.

“El transporte público es clave para el bienestar de la ciudadanía, y trabajaremos juntos por un servicio público para la ciudad de Asunción que sea amigable y eficiente ante las necesidades de los pasajeros”, manifestó el viceministro Emiliano R. Fernández.

En esa misma línea, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, explicó que el objetivo del modelo presentado es cubrir los itinerarios a través de un sistema integrado. El plan prevé 100 buses que cubrirán los itinerarios de los barrios y servirán como una base de alimentadores.

“La idea es que los ciudadanos puedan pagar una sola vez y trasladarse, saliendo de los barrios y troncales, donde los buses grandes los llevará al destino”, indicó el intendente del municipio.

La Dirección de Policía del departamento de Itapúa impulsa a partir de esta semana el denominado operativo “Itapúa Seguro”.

La decisión fue adoptada luego del millonario asalto registrado el último fin de semana en el distrito de Natalio, el cual afectó a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF).

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Como parte de este operativo, se vienen llevando a cabo una serie de controles de vehículos y personas en las rutas nacionales y caminos alternativos del citado departamento.

Las autoridades instan a los conductores a portar consigo todas las documentaciones pertinentes, a fin de poder presentarlas en caso de ser retenido en una barrera de control.

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A la par, se ha realizado un importante despliegue de efectivos policiales en distintas localidades de Itapúa, de modo a reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos punibles.

Se prevé un servicio permanente con relevos, fijándose la distribución de agentes de la siguiente manera: San Rafael del Paraná (25), Natalio (17), Edelira (22), Capitán Meza (113), María Auxiliadora (16), Mayor Otaño (19) y Naranjito (95).

La propuesta fue presentada por el diputado Héctor Figueredo (ANR-Cordillera), quien explicó que la mencionada ley es una herramienta jurídica que puede ayudar a la protección de nuestros niños y jóvenes en etapa escolar. Vale recordar que la referida ley fue promulgada el 19 de diciembre del año 2019 y publicada el 26 de diciembre del mismo año.

En ese sentido, consideró que la implementación de estas medidas logrará fomentar un ambiente escolar más enfocado y reducir las distracciones derivadas del uso de dispositivos electrónicos.

“Aunque los teléfonos móviles forman parte de nuestras vidas, no deben estar en las aulas para que los alumnos logren concentrarse y tener la oportunidad de estudiar correctamente; los teléfonos móviles son una distracción según indican los estudios científicos; nuestra obligación, como sociedad, es proteger a nuestros niños y jóvenes”, expresó el diputado ante el plenario.

Comentó, además, que en conversación con el ministro de Educación, Cultura y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, coincidieron en la necesidad de hacer cumplir lo que se establece en la mencionada ley.

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