Según la demanda presentada por la CIDH a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los activistas del grupo izquierdista Patria Libre (luego pasó a ser el EPP), Juan Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, fueron desaparecidos temporalmente entre el 17 y el 30 de enero de 2002 y sufrieron torturas.

Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales, quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi.

La representante de la CIDH, Silvia Serrano, dijo al inicio de la audiencia de este jueves que está comprobado con dictámenes médicos que los dos denunciantes fueron torturados y que el caso “se mantiene en la impunidad”.

“Se cometieron actos de torturas y privación de libertad con la participación o aquiescencia de agentes del Estado. Esto basado en múltiples fuentes”, aseguró Serrano.

La representante de la CIDH señaló que la investigación judicial paraguaya por este caso no fue de oficio y careció de garantías como la debida diligencia, la imparcialidad; trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y “estigmatizó a las víctimas”.

En la audiencia rindió testimonio vía vídeo conferencia Arrom Suhurt, refugiado en Brasil, quien relató que fue torturado con el fin de que se inculpara del secuestro y también a otros movimientos de izquierda y de oposición.

Arrom aseguró que en el tiempo que estuvo retenido identificó a un agente policial y conversó con ministros paraguayos, y que posteriormente a su liberación logró identificar a otros supuestos captores.

Arrom dijo que él y Martí fueron encontrados por familiares en la casa en donde estuvieron capturados y que a partir de entonces no contaron con las garantías judiciales para buscar justicia por su caso. No supo explicar varias interrogantes sobre este punto por parte de los jueces.

En diciembre de 2003 Arrom y Martí obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.

Arrom afirmó que han sido víctimas de “persecución” por parte de altos funcionarios del Gobierno que los califican de criminales, que han solicitado a Brasil revocar el refugio y que incluso ofrecieron una recompensa de 100.000 dólares por su captura.

El pasado lunes, el procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, dijo en una entrevista a EFE que la versión de Arrom y Martí es “falsa” y que así fue determinado por la justicia paraguaya.

Coscia atribuyó la demanda ante la Corte Interamericana a un interés económico de los demandantes por obtener una indemnización y evadir los cargos por el secuestro de María Edith Bordón.

En la audiencia estuvo presente el presidente de Paraguay, Mario Abdo, en calidad de observador.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.