Luis Ramírez, vocero de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, señaló que está muy difícil la situación en el sector, ya que –según remarcó- no todos son “colegios chuchis”, también hay escuelas privadas con cuotas más accesibles. En estas últimas, habitualmente van los hijos de aquellos trabajadores cuentapropistas que actualmente no perciben ningún ingreso y por lo tanto no pueden abonar la mensualidad.

En entrevista con HOY, el representante indicó que hay 1.400 colegios de mediana categoría entre los privados y advirtió que si no se adoptan las medidas de contingencia de parte del Gobierno, unos 20.000 docentes podrían perder sus puestos laborales.

Como propuesta, dicho sector plantea a las autoridades un programa subsidiario de 20 millones de dólares para las instituciones privadas, de acuerdo a su nivel socioeconómico. Ejemplicó que puede exonerarse al 100% la cuota cuando esta ronde entre 150 y 300 mil guaraníes y que luego vaya bajando el porcentaje hasta llegar al 10% cuando el monto sea superior. “Se presupone que una persona que paga 5 millones de cuota sí tendrá la capacidad de seguir abonando, aunque también se debe evaluar caso por caso”, acotó.

Ramírez contó que mañana podría darse un encuentro en el Ministerio de Educación para tratar esta propuesta. En esta posible reunión estarían los titulares del MEC, de Hacienda, del Banco Nacional de Fomento y de la AFD.

“Se debe ver una salida a la crisis social educativa que se puede generar. Va a ser largo el retorno a clases, eso será lo último”, señaló. Reconoció que algunas instituciones ya comenzaron a desvincular porque no tienen la forma de pagar los salarios. Agregó que esta semana podría haber pedidos de suspensión ante el Ministerio de Trabajo.

Otra situación que ya se comienza a registrar, aún en menor medida, es la desmatriculación de los alumnos. Al respecto el entrevistado solicitó a los padres a no buscar esa salida, ya que el único que terminará perjudicado es el alumno que perderá el año lectivo, ya que le será muy difícil conseguir plaza en el sector público.

DOCENTE DESVINCULADA

La profesora Marimar López es una de las primeras afectadas en el rubro. La misma comentó a través de sus redes sociales que decidieron desvincularla de la institución educativa privada a la cual prestaba sus servicios. No precisó cuál es el colegio que la despidió.

“Hoy me tocó a mí. Esta mañana recibo una llamada del colegio (privado) donde trabajo, me dicen si puedo ir a la tarde porque la directora quiere tener entrevista conmigo. Al cortar la llamada solté unas lágrimas, ya me imaginé el por qué. Me fui. Y era justamente lo que me temía”, indicó.

Agregó: “Me despidieron. Ni siquiera fue la directora la que me dio la noticia, en fin eso es lo que menos importa. Me dieron mi liquidación y todo lo que me corresponde y me dijeron ‘te vamos a tener en cuenta para el año que viene’”.

Me despidieron. Ni siquiera fue la directora la que me dio la noticia, en fin eso es lo que menos importa. Me dieron mi liquidación y todo lo que me corresponde y me dijeron ‘te vamos a tener en cuenta para el año que viene’. Justo este año que decidí renunciar a otro trabajo que

— nestúm (@imnotmarimar) April 14, 2020

Lamentó que justo había renunciado a otro trabajo para poder percibir un mayor salario, y poder tener más tiempo para estudiar y trabajar a la vez, como así también cuidar su salud mental.

La maestra afectada indicó que en ese sector están conscientes de la crítica situación que se atraviesa por la cuarentena y que saben que muchos padres no van a matricular a sus hijos durante este año.

Ayer, el senador liberal Fernando Silva Facetti, preocupado por la situación de la educación en el sector privado, indicó que espera que el Gobierno garantice el acceso y el derecho al mismo. Ante el anuncio de cierre y despidos de algunos profesores de instituciones privadas que se ven afectadas por la crisis sanitaria, propone crear herramientas financieras como subsidios para el pago de salario de maestros.

Los trabajos se realizan en el marco del Convenio de Cooperación entre la Ande y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante el inicio de los trabajos, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión agradeció a la ANDE por este proyecto de gran importancia que tendrá un impacto positivo en la ciudadanía en general, ya que el Parque Ñu Guasu junto con el Parque Guasu, recibe entre 40,000 y 60,000 visitas mensuales. Además, destacó que este trabajo es un paso inicial para continuar con el mejoramiento de las instalaciones en otros espacios administrados por la institución.

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Por su parte, el Ing. Félix Sosa, titular de la Ande, señaló que, por pedido de la ministra Claudia Centurión y en el marco de una cooperación entre ambas instituciones, se logra concretar este gran proyecto que proporcionará mayor seguridad a la ciudadanía con la modernización del sistema de iluminación pública y de distribución eléctrica. Además refirió que esta modernización permitirá una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Estos trabajos incluirán la instalación de 276 artefactos de alumbrado público con tecnología LED tipo 6 de 190 W, con lo cual se logrará un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia, además de ser amigable con el medio ambiente al no ser contaminante. También se llevará a cabo el cambio de 1.075 metros de conductores desnudos a protegidos en Baja Tensión, así como 851 metros de conductores desnudos a protegidos en Media Tensión. Asimismo, se procederá al retiro de los conductores desnudos y los artefactos obsoletos.

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El proyecto es ejecutado a través de la Licitación Pública Nacional Nro. 1743/23 contrato Nro. 9398/24 (Hombre Hora Padrón) HHPO bajo la modalidad de contrato abierto y es llevado a cabo por el Consorcio TEI mediante una inversión con fondos propios de ANDE, de G. 800.905.130.

La culminación de estas tareas que serán supervisadas por el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la Dirección de Distribución, se tiene prevista en un plazo no mayor de 30 días.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.