El peor error de la administración de Mario Abdo Benítez fue la falta de transparencia en la negociación del acta bilateral y ahora acaba de convertir en ley el mayor retroceso en materia de acceso a la información, según resaltó el abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).

En conversación con la 970 AM, el experto en derecho a la información indicó que ayer la asesoría jurídica de la Presidencia de la República confirmó que al no objetar la normativa propuesta por el Congreso, la misma quedó sancionada automáticamente, y anunció que se llamará a una mesa de diálogo para presentar otro proyecto de ley para modificarla.

“Claramente lo estuvieron pensando”, dijo Santagada y afirmó que se nota la existencia de una intencionalidad política premeditada, cuya lógica no logra entender porque esta jugada viene de contramano en un momento difícil para el Gobierno.

En ese sentido dijo que Mario Abdo promulgó esta normativa en medio de una crisis política que fue causada por el secretismo de la negociación con el Brasil. “En un momento en que se critica la falta de transparencia en el acta bilateral, que le está costando un juicio político, ahora promulga una ley que es un retroceso en materia de acceso a la información pública. (…) Es imprudente desde todo punta de vista y en un momento muy sensible políticamente, es una necedad supina lo que hizo el Presidente”, añadió.

La Ley 6355 blinda las declaraciones juradas de los empleados públicos, pues para que se den a conocer se necesitará de orden judicial. Así también incluye a todo proveedor (persona física o jurídica) que reciba dinero del Estado, de acuerdo con el entrevistado.

“Si quiero saber algo de la declaración jurada, solamente con orden judicial (podré obtener), ni siquiera se podrá acceder a la parte pública. Es una locura”, resaltó al momento de recordar que la propia justicia resolvió con anterioridad que el número de cuenta bancaria, nombre de hijos menores de edad, dirección y número particular del funcionario público son datos reservados, y que todo lo demás es considerado público.

Desde las 05:00 de la madrugada hasta las 12:00 del mediodía, la Costanera permanecerá bloqueada al tránsito vehicular este domingo 5 de mayo, desde Paraguayo Independiente hasta General Santos.

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El anuncio lo dio la Dirección General de Comunicación Social del Comando de las Fuerzas Militares, a través de su director Víctor Manuel Urdapilleta.

Durante ese periodo y en dicho tramo, se verán movimientos de tropas y de vehículos militares y policiales de distintas dependencias.

Los ensayos de los verdeolivos serán para el gran desfile militar y policial del martes 14 de mayo, por los 213 años de Independencia Nacional.

Tanto el 14 como el 15 de mayo son feriados. En el segundo caso, se da una coincidencia con la celebración del Día de la Madre, sin embargo, el feriado es solamente por la patria.

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El hecho sucedió en Super Más de Ñemby, hasta donde llegó un transportador de caudales para retirar dinero de la oficina administrativa, para lo cual, por protocolo, se clausuró momentáneamente una de las puertas del local.

En ese momento, uno de los clientes que ya había realizado sus compras, se acercó hasta el acceso “prohibido” y pidió salir por allí pese a ver los carteles publicitarios que tapaban el paso. El guardia le indicó que se aleje y realizó dos disparos al aire para intimidarlo.

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Esta puerta estaba clausurada.

“Quería retirarse por la salida que estaba cerrada. Se produce un altercado, un intercambio de palabras y como ya hubo asaltos similares, entonces el guardia pensó eso e hizo dos disparos al aire”, comentó el comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 7ª de Ñemby.

Milton Charmorro (32), guardia que realizó los disparos, inicialmente fue aprehendido, pero la Fiscalía dispuso su liberación y anunció que lo convocará a declarar el lunes.

La actitud de Charorro se debió a que hubo antecedentes similares en los que, precisamente al momento de la carga de caudales se producía un asalto, por lo que, ante la insistencia de un cliente de avanzar por el acceso clausurado, pensó que se trataba de otro caso.

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A través de una nota remitida en la víspera, el intendente de Luque, Carlos Echeverría, pidió aprobar la declaración de emergencia vial, ambiental y social en la ciudad, por el plazo de 120 días.

“Esto permitirá reducir ciertos plazos en los procesos administrativos, lo que resultará una mayor rapidez para asistir a las familias necesitadas afectadas por las intensas lluvias”, argumentó Echeverría.

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La seguidilla de tormentas provocó desbordes de cauces hídricos, inundaciones en varios barrios, raudales que causaron accidentes y agravaron los problemas de infraestructura.

El caso más grave ocurrió el 24 de abril, cuando madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación contra Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

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