González Macchi niega orden de tortura y cuenta los vínculos de Arrom con autoridades

Luis Ángel González Macchi, expresidente de la República, negó haber dado orden alguna para torturar a los secuestradores Juan Arrom y Anuncio Martí. Sobre este último dijo que tenía hasta contacto cercano con su ministro de Justicia, por lo que no existe lógica en su denuncia contra el Estado paraguayo.

El expresidente Luis Ángel González Macchi manifestó a la 730 AM que nunca dio ese tipo de orden y recordó que sí estaba al tanto del caso, ya que pidió a sus entonces ministros del Interior, Julio César Fanego, y al de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, que asistan en la investigación.

Sobre Ferreira dijo que el mismo estaba afiliado a Encuentro Nacional y era de la izquierda. Así también, según contó, su ministro tenía acercamiento íntimo con Patria Libre, movimiento político fundado por Arrom.

“Jamás él iba a apañar una tortura por policías y por orden nuestra. Jamás de los jamases iba a permitir eso por su ideología y la amistad que tenía con ellos. Es mentira que haya ordenado la tortura”, manifestó.

Recordó además que un integrante de Patria Libre, identificado como Marcos Alvares, era un funcionario a cargo del ministro Ferreira y que en un momento dado fue junto a esta autoridad para expresarle que Arrom y Victor Colmán le habían entregado una importante cantidad de dinero para seguir con la lucha.

La suma era de 350.000 dólares y luego se constató que coincidía con el dinero que fue previamente marcado antes de entregar como pago de rescate de María Edith Bordón de Debernardi.

González Macchi refirió que sus ministros fueron junto a él a Mburuvicha Róga para informarle sobre el dinero y que su recomendación a los mismos fue devolver la plata al sujeto en cuestión y que este vaya a entregar a la Fiscalía.

Sobre el punto, el fiscal que estaba a cargo del caso, Édgar Sánchez, mencionó a la misma emisora que Marcos Alvares finalmente hizo entrega de parte del botín que le habían entregado Arrom y Colmán en un bolsón.

El agente refirió en charla con la misma emisora que en total Debernardi pagó 1 millón de dólares por su esposa y que de dicho monto se recuperaron 50.000 dólares de la vivienda de Colmán. Del restante nunca más se supo a dónde fue a parar.

 

Martes, el día D para la intendencia de Ciudad del Este

Este martes se convocará a una nueva sesión extraordinaria para designar al intendente interino de Ciudad del Este por los próximos 90 días. Se menciona como posibilidad que el próximo jefe comunal sea electo mediante consenso.

Luego del fallido intento del lunes, mañana a las 8:00 los 12 concejales sesionarán para elegir quien culminará el mandato tras las destitución de Sandra McLeod en Cámara de Diputados, según el titular de la Junta Municipal, habrá el quórum legal para sesionaron presencia de los 12 componentes de la Junta.

Con relación al próximo intendente, el concejal sostuvo que hay 11 candidatos, puesto a que el se excluyó de dicha lista, recalcó que la prioridad es la elección rápida de tal forma a calmar las aguas en el municipio.

“Tenemos todo para caminar por la senda de la tranquilidad, le encontramos el punto y ese punto ves el dialogo” detalló en contacto con radio Ñandutí.

Informó incluso que están avanzadas las negociaciones para llegar a un consenso, haciendo la salvedad de que el concejal Celso Kelembú Miranda, hasta el momento no acepto conversar, “no obstante estamos abierto a hablar”, insistió.

En la convocatoria del lunes se aceptó la renuncia de McLeod y luego comenzaron los incidentes, con acusaciones de diversa índole y hasta golpes.

 

Padre de joven extorsionado dice que "lince" ofreció G. 5 millones para que retire la denuncia

El padre del conductor que fue extorsionado por dos agentes del Grupo Lince confirmó que el abogado de uno de los detenidos le ofreció la suma de G. 5.000.000 para que retiren la denuncia y que se pueda "arreglar el asunto".

Juan Giménez, padre de la víctima, en entrevista con Radio Ñandutí manifestó que su hijo fue demorado por agentes del Grupo Lince durante un control que se realizó aproximadamente a las 22:00 horas del sábado.

En ese procedimiento, los uniformados -identificados como Ángel Rigoberto Fariña y Rodrigo Pérez Pesoa- se encargaron de hacer una revisión al interior del vehículo para ver si encontraban algún elemento sospechoso, interín en el que aparentemente le implantaron un paquete de cocaína para inculparlo de portación de drogas.

Los agentes empezaron a agredir físicamente a su hijo -según mencionó durante la entrevista radial-, intentando obligarlo a firmar un acta de procedimiento a punta de pistola. El objetivo habría sido que el mismo asuma la responsabilidad por la droga implantada.

Giménez confirmó la misma versión que había denunciado su hijo respecto a la extorsión de los uniformados con el pedido de unos G. 15.000.000 para devolverle el rodado, el cual fue secuestrado de manera irregular como “garantía”.

Tras radicar la denuncia formal, se inició la búsqueda del automóvil que finalmente apareció en la vivienda particular del suboficial Fariña ubicada en la localidad de Villa Hayes.

El padre de la víctima destacó la labor de los uniformados que prestan servicio en la Comisaría 12º ya que los ayudaron desde el primer momento al tomarles la denuncia y hacer un seguimiento hasta dar con los ahora detenidos.

Giménez reveló a la 1020 AM que el abogado del suboficial Fariña quiso “arreglar” el asunto y les pidió que retiren la denuncia a cambio de entregarles la suma de G. 5 millones, ofrecimiento al cual se negaron.

“Yo le dije que 5 millones no vale la vida de mi hijo, él está traumadísimo porque le pusieron el arma en la boca”, afirmó.

La acusación formal contra ambos uniformados es por la supuesta comisión de los hechos punibles de transgresión a la Ley de Drogas, extorsión y persecución de inocentes. El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público.

 

Incidente entre "zorro" y conductor durante barrera de control

Inspectores de la Patrulla Caminera tuvieron un incidente con un ofuscado conductor que fue multado luego de cometer una infracción. Según el titular de la institución, Luis Christ Jacobs, los agentes están expuestos a este tipo de incidentes, aunque se les recomienda que no lleguen al punto de devolver la agresión.

Este fin de semana se registró un hecho bastante llamativo durante un control efectuado por inspectores de la Patrulla Caminera en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Un conductor fue demorado mientras circulaba a bordo de su vehículo debido a que había cometido una infracción (uno de los ocupantes no contaba con el cinturón de seguridad). A raíz de esta situación, uno de los agentes le solicitó su licencia de conducir para elaborar la multa correspondiente, hecho que el afectado reclamó de manera airada y vehemente.

En un momento dado, el mismo desciende de su automóvil para exigir a los gritos que le devuelvan su registro, incidente que derivó en que uno de los intervinientes se arroje al pavimento ante un supuesto colapso nervioso, producto del cuadro de diabetes que sufre.

En entrevista con la 650 AM, el titular de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, habló sobre este incidente y señaló que son cuestiones que se presentan de vez en cuando durante el trabajo de los inspectores al encontrarse con personas que “están un poco nerviosas” y que a veces forcejean con ellos, llegando en ciertos casos inclusive a los golpes.

“Son cosas a las que los agentes están supeditados en su tarea de control en ruta”, mencionó, al tiempo de confirmar que este tipo de hechos derivan generalmente en una denuncia ante la comisaría de la zona y el Ministerio Público, instancias encargadas de dar seguimiento a la causa.

Jacobs recordó que la Patrulla Caminera no tiene poder de orden público, por ende, no tiene atribución para aprehender ni esposar a ninguna persona que se muestre agresiva durante los controles ruteros.

Situaciones de esta índole suelen registrarse más comúnmente durante la noche y la madrugada cuando se llevan a cabo las pruebas de alcotest a los conductores, señaló. Por ello, suelen tener acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional y la Fiscalía.

El titular de la Caminera sostuvo que la recomendación es que los inspectores se defiendan en la medida de las posibilidades, pero tratando siempre de no agredir a la otra persona, pues una vez que lo hacen ya sobrepasa la cuestión institucional y se convierte en algo personal.